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La elección por voto popular de mil 658 jueces, magistrados y ministros, tendrá un costo para el erario público de 3 mil a 3 mil 500 millones de pesos, afirmó el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.
“Mucha gente se pregunta cuánto costará organizar la elección de mil 600 ministros, jueces y magistrados. En un cálculo aproximado que hemos hecho con actuarios y con personal del INE, a quien se le faculta esta responsabilidad, pudiera erogarse entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos la elección por única ocasión. Se podría destinar, incluso, por excepción a este propósito, parte de los 23 mil millones de pesos que tienen los fideicomisos y que van a ser enterados a la Tesorería”, explicó.
El Poder Judicial en cambio estima la elección de jueces, magistrados y ministros con un costo aproximado de 22 mil millones de pesos para los mexicanos, según un análisis que realizó exprofeso sobre la reforma al Poder Judicial que incluye la elección de estos cargos a través del voto popular.
Al participar en el Foro 3 de los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial, Monreal Ávila aseguró que los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial serán respetados en su totalidad, incluyendo pensiones, apoyos médicos, seguros, aguinaldos y demás prestaciones.
El político de Zacatecas precisó que una vez que la reforma se apruebe, se llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, los fideicomisos, los mandatos y los contratos análogos que no se encuentren previstos en la ley secundaria. Los recursos se concentrarán en la Tesorería de la Federación.
AUSTERIDAD
Sobre el costo de la elección por voto popular de mil 658 jueces, magistrados y ministros, estimó que esta tendrá un estimado de 3 mil a 3 mil 500 millones de pesos.
Al abundar sobre el tema de la cancelación del haber de retiro para los actuales ministros, detalló que entre otras prestaciones a quienes ya no se encuentran en funciones, reciben aguinaldo cercano a los 600 mil pesos, seguro de vida por 12 millones de pesos para ellos y su cónyuge, pago por riesgo de 640 mil pesos, cinco personas de personal de apoyo, reembolso de compra de medicamentos, cinco elementos de seguridad, dos suburban blindadas , 22 mil pesos de gasolina y peajes, todo ello ya sin estar activos.
El senador de Morena dijo que además reciben el total de su salario los dos primeros años y el 80 por ciento hasta su muerte. Afirmó que la austeridad impulsada por el actuar Gobierno Federal no fue acatada ni por el Poder Judicial ni los órganos autónomos, quienes han violado el artículo 127 de la Constitución.
Monreal anticipó que una vez aprobada la reforma, las legislaturas locales tendrán un plazo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones a las leyes locales, momento en el que se dirigió especialmente al presidente del poder judicial mexiquense sentado en el presidium, Ricardo Sodi, quien percibe un salario mensual de 300 mil pesos, para advertirle “ es decir señor presidente, va la austeridad también para ustedes”.
Recordó que la austeridad se establece como una política de Estado, señalando que el Poder Judicial y otros órganos autónomos deben alinearse con las disposiciones del artículo 127 de la Constitución, que regula las remuneraciones de los servidores públicos.
Explicó que con la entrada en vigor de la reforma, los ministros que concluyan su encargo y los que sean electos por el voto popular ya no recibirán haber de retiro, que incluye múltiples beneficios, y una vez aprobada la nueva legislación, el resto de las entidades tendrán un plazo de 180 días para hacer las modificaciones a nivel local.
ACOSO
Por otra parte, el dirigente de los trabajadores del Poder Judicial, Gilberto González Pimentel, afirmó que politizar el presupuesto conlleva riesgos, entre ellos la posibilidad de afectar financieramente al Poder Judicial en su operación y limitar el acceso a la justicia a cientos de miles de mexicanos.
La única mujer que participó en el Foro como ponente, Carolina Villagrán, Visitadora del Consejo de la Judicatura, admitió que el pueblo de México no confía en el poder judicial, “tenemos que ganarnos esa confianza nuevamente, no es un tema de recursos, es de vocación y claro que se puede tener austeridad con racionalidad, que quien se acerque a pedir la protección de la ley no encuentre que el arbitrario sea el propio juzgador”, mencionó.
Relató que actualmente solo 19 Visitadores tienen a su cargo la supervisión a nivel nacional de más de mil 600 jueces y magistrados, “Tenemos gente profesional, excelente y valiosa, pero también tenemos malos operadores jurídicos que han manchado la institución y que desafortunadamente no solo afectan nuestra imagen, también los derechos de los trabajadores”.
Tenemos titulares enfermos de poder y son cuestiones donde propondría que el Tribunal Disciplinario como parte de esta reforma se encargue de atender, existe actualmente una unidad especializada en combate al acoso laboral y sexual, no dejemos esos temas de lado por que es una realidad que vivimos todas las funcionarias del poder judicial de la federación. El acoso laboral, la intimidación, el exceso de poder, el nepotismo, son temas que están presentes, afirmó la especialista.
Otro de los ponentes, el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, expresó que la reforma al poder Judicial no solo implica las condiciones para las familias de casi 50 mil trabajadores, sino que es determinante poner en el centro a los justiciables.
Pidió que no se comprometa una función tan trascendente como la impartición de justicia, al no contarse con recursos para garantizar a la población el acceso pleno y afirmó que la austeridad puede conciliarse con la legitimidad e independencia judicial.
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