“Sí a la elección popular de jueces, pero sustituyéndoles de manera progresiva, a lo largo de 15 años”

Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde 2019, empuja, sí, la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, pero en la que se asiente un legado de ellos, de los ministros y de quienes cargan en sus hombros la enorme responsabilidad de impartir justicia: garantizar que el acceso a la justicia no margine al poblado más pobre, que esto sea con jueces de excelencia y votados por el conocimiento popular, por la legitimidad social.

El camino a esa realidad necesita hoy de la construcción de un diálogo que no se puede esquivar. Un diálogo del Poder Judicial con el Poder Legislativo.

En entrevista con Crónica, Yasmín Esquivel Mossa (Ciudad de México, 1963), exmagistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la capital del país de 2012-2019, tiene un eje por el cual transitar hacia la Carta Magna con una línea de tiempo que posiblemente abarque hasta 15 años para alcanzar la materialización de esta reforma de gran calado.

Y así lo detalla en silenciosa oficina en el tercer piso del máximo tribunal del país. Va con prisa, como la reforma que anhela el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ella por la agenda del día. Sobre la iniciativa se ha dado el tiempo para presentar propuestas que vayan a un eventual dictamen.

“Es importantísimo hoy la construcción de un diálogo con el Legislativo, que es el que está dictaminando la reforma al Poder Judicial. Es fundamental. Y esta construcción se debe dar de manera inmediata, a la brevedad y de manera efectiva. Lamentablemente, hoy no tenemos ese diálogo. Se está empezando a construir con los foros nacionales, o con “Los Diálogos Nacionales”, que está haciendo la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que preside Juan Ramiro Robledo. Se dio un primer encuentro el 1 de febrero. Ahí yo planteé siete puntos clave de la reforma. Estos siete puntos destacan que sí haya elección popular de jueces y magistrados, pero sólo de aquellas vacantes, es decir, que esta sustitución sea progresiva, que cada tres años haya elección de las vacantes para que estos nuevos jueces, que además de que gocen de la excelencia, se sepa que tienen conocimiento para ser juzgadores, y por lo que también tengan el respaldo popular. Entonces, serían jueces de excelencia con legitimidad social”, hace énfasis la ministra en lo que es la carrera judicial.

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Y abunda: “Estos nuevos jueces se van a integrar con los anteriores. Es una integración, no son paralelos. Es una integración y se van renovando de manera permanente”.

Derecho también a dejar legado por parte de ministros para acceso a la justicia

La ministra Esquivel Mossa hace hincapié en que todas las reformas legales tienen un proceso de aplicación, de “implementación”, como la reforma penal, la laboral, la del Sistema Anticorrupción o como la de los Medios Alternativos de Solución de Controversias.

“Es una progresividad. Aquí lo que yo planteo que en un proceso que inicia de manera inmediata, en septiembre, se vaya dando cada tres años, se renueven las plazas, y se vaya dando la totalidad de sustitución de jueces y magistrados a lo largo de 15 años. Esto nos ayudaría para respetar los derechos laborales adquiridos de jueces y magistrados.

“Afortunadamente, ya la reforma señala que en todo el Poder Judicial Federal se van a respetar de los empleados los derechos laborales, pero también -asegura una vez más- de jueces y magistrados que sería importante, que además de que se respeten sus derechos, puedan ellos participar en el proceso de renovación del Poder Judicial, lo que permitiría contar con jueces con excelencia y con legitimidad social, que sean cercanos a la gente, que tengan ese contacto con la gente, sobre todo con aquellos que vienen a pedir el servicio de impartición de justicia y que van a decidir quién tiene la razón”, dice la ministra que lleva el tiempo encima porque debe debatir sobre dos asuntos listados para este martes, dos controversias constitucionales.

“El Poder Judicial Federal, la impartición de justicia es una garantía que debe dar el Estado mexicano. Esta impartición de justicia ha sido deficiente, por eso la necesidad de la población de votar por un ‘plan C’ -asienta convencida en una narrativa de los tiempos de mayorías legislativas apegadas a la Cuarta Transformación-para que dé esta reforma y exista una justicia cercana a la gente, que la perciba como una justicia eficiente. De eso se trata este objetivo. Tenemos que trabajar con el Legislativo, y también con el Ejecutivo, para ir construyendo ese cómo podemos lograr estos objetivos que tiene la reforma. No podemos ponernos la venda en los ojos, y decir que no habrá reforma, porque simplemente descalificarla no es la ruta. La ruta es ver cómo se puede lograr el objetivo, que el sistema de justicia no resienta una afectación, sino al contrario, sea en favor de la gente. Tengamos jueces cercanos a la población, con juzgadores de excelencia, respetemos la carrera judicial y los derechos laborales adquiridos y que la justicia vaya a todas partes y a todos los rincones de nuestro país”, puntualiza la ministra.

Justicia itinerante

"Que la justicia no sea inaccesible ni invisible"

La jueza constitucional ve que en el ideal de esa justicia que vaya a todas partes se requiere ir de la mano de defensores jurídicos gratuitos y asesores jurídicos gratuitos, que vayan a todos los rincones del país para que vean cuáles son los temas de justicia que reclama la población.

“¿Qué es lo que pasa ahorita? Pues que en las comunidades más alejadas, en ocasiones no tienen ni siquiera para el transporte para ir a la cabecera municipal y buscar un asesor jurídico gratuito. Entonces, pues hoy la justicia es para quien puede pagar un despacho, para quien puede pagar una asesoría de abogados. La señora que requiere la pensión alimenticia no tiene dinero para pagar al abogado. Necesitamos defensorías jurídicas gratuitas y eficientes y que vayan a las comunidades donde está la necesidad de justicia en materia agraria, social, de regularización territorial. La herencia de la sucesión por la posesión de la tierra, pensiones alimenticias, violencia familiar…”

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Y se le pregunta sobre el punto medular del equilibrio entre experiencia, excelencia y especialización de las materias que ha mencionado. ¿Cómo llegar a esa armonía en tan poco tiempo? La divergencia quedó planteada ayer. El presidente López Obrador dice que cinco años. La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, opina que cinco años no, pero diez tampoco la convencen para llegar como juez.

Yo considero que no está peleada la excelencia con la elección o votación popular. Yo planteo un comité técnico de evaluación integrado por los tres poderes, que se ubique en el Senado de la República, pero representado por los tres Poderes de la Unión. Que se analicen todos los perfiles de las personas que quieren participar, para ser electos por voto popular. En el análisis de esos perfiles, esa comisión técnica de evaluación es la que determinará si esas personas cubren los requisitos para ser un buen juez, y cuáles son esos requisitos. Por supuesto, la licenciatura en derecho, la trayectoria, los exámenes de control de confianza, de excelencia, de oposición. Pueden ser jóvenes, o abogados maduros, pero que tengan ese conocimiento en la materia en la que van a impartir, y esta comisión técnica de evaluación que yo planteo es justamente ese filtro por el cual deben pasar todos los candidatos y que sólo quienes aprueben el filtro el comité técnico de evaluación aquellos que tienen las características para ser magníficos jueces. El ser un juez de excelencia no está peleado con el voto popular. Al contrario, además de la excelencia, además de que pueden participar los de la carrera judicial, les va a dar una gran legitimidad. No se contrapone la excelencia con la elección popular.

Sobre el tribunal disciplinario

No a una instancia temeraria

–Respecto al Tribunal Disciplinario, ¿no es esta una reforma punitiva, que sólo para castigar y castigar?–, se le pregunta.

–Es importante fortalecer el tema de las quejas contra jueces y magistrados y de todo el personal del Poder Judicial, porque vemos que las quejas se archivan, se guardan y no se investiga, o con algún otro pretexto no se les dé un cauce adecuado. De lo que se trata con este Tribunal de Disciplina Judicial, que deberá estar integrado por cinco magistrados electos popularmente y que tengan el conocimiento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la ley que van a aplicar a jueces y magistrados, y al personal del Poder Judicial. Este Tribunal de Disciplina va a sancionar únicamente aquellos casos en los que las parten se quejen por alguna cuestión irregular que advierten durante el tiempo en que tuvieron contacto con el magistrado o con el juez que atendió esos asuntos. Este Tribunal de Disciplina sustituirá lo que es la Unidad General de Investigación y Responsabilidad Administrativa y de los Servidores Públicos, que hay una aquí en la Suprema Corte de Justicia y otra en el Consejo de la Judicatura Federal. Evidentemente, no puede ser un tribunal temerario.

Yasmín Esquivel considera que esta instancia dentro de un nuevo orden jurídico constitucional debe analizar cada uno de los casos de queja y ver si hubo cuestiones en que incurren aquellos servidores públicos, como enriquecimiento ilícito, en algún tema relacionado con la situación de declaración patrimonial.. Y debe garantizar la misma atención al propio solicitante de justicia. Todo esto debe ser revisado por el Tribunal de Disciplina Judicial. Es un tribunal que va a ser muy importante, muy fuerte, y es un tribunal que va a abarcar cada una de las quejas, que debe llegar a la solución con respecto al juez, pero solamente sus facultades nada más pueden llegar hasta la conducta que se le está atribuyendo al juez.

–¿Cuáles son las conductas irregulares a las que alude, más allá de eso de la responsabilidad administrativa de los jueces?

–Hay un cúmulo de quejas que se les tiene que dar cauce, se les tiene que dar curso legal y desahogarse. Pero tocas un punto muy importante, que es el tema de la sanción disciplinaria al juez con relación a mantener la independencia judicial. Es una línea muy delgada, muy jena, donde no se puede atemorizar al juez, para que resuelva, con independencia, como lo marca el párrafo séptimo del artículo 100 de la Constitución, que establece las características que debe tener el juez: la imparcialidad, la independencia, la excelencia y todas estas características que marca la Constitución… No se pueden ver estos principios constitucionales, y no se pueden ver violentados, y que los establece la propia Constitución, no se pueden ver violentados con un tema de persecución hacia el juez. Tiene que ser muy claro, que quede en esta reforma las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial y que podamos tener jueces independientes y libres para resolver. Por eso es importante participar en estos diálogos nacionales. Es importante participar con los legisladores para ver cuáles son los alcances de cada una de las figuras que se van a crear, porque se sustituye el Consejo de la Judicatura Federal por el órgano de administración y por el tribunal disciplinario.

–En la oposición, el Legislativo reclama la ley secundaria de la reforma constitucional para dejar en claro la reglamentación u operatividad del sistema de impartición de justicia

–Yo propongo una línea de tiempo. Si el dictamen queda listo en agosto, en septiembre se vota en el pleno de la Cámara de Diputados, luego Senado y va para las legislaturas locales, son cinco meses, en febrero, hasta aquí hay que adecuar por lo menos 18 leyes secundarias, tres reglamentos y diversos acuerdos generales del Poder Judicial Federal. Entonces, son cinco meses para que la elección se lleve a cabo en marzo. La toma de protesta de la nueva Corte, el 5 de mayo, la nueva Corte, el tribunal disciplinario y el órgano administrativo, y 300 jueces aproximadamente que será el número de vacantes que se tenga para esa fecha y que se puedan ir a votación popular. Claro, después de que pasen el filtro del comité de evaluación. Y así cada tres años sucesivamente hasta que implemente la reforma, que se plantea en un periodo de 15 a 18 años para renovar la Corte que no se contrapone con la excelencia.

–¿Qué opinión le merece el llamado de la ministra presidenta, Norma Piña, al jefe del Ejecutivo y a la próxima titular de este poder?

–Es un llamado tardío. Es una señal que se da un año y medio después de la ruptura de puentes. Es una llamada al diálogo tardía y desfasada, pero nunca es tarde para corregir.

El pleno de la Corte tendrá a partir del próximo lunes 15 de julio un periodo de receso que concluye el 30 del mismo mes, día en que la ministra Yasmín Esquivel acudirá a la Cámara de Diputados a recordar su eje de transición hacia un nuevo Poder Judicial que llegue a los rincones más apartados, pero con gente de experiencia.