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La Embajada de Estados Unidos en México reiteró este martes al presidente Andrés Manuel López Obrador su profunda preocupación por la reforma judicial impulsada por el Gobierno mexicano.
Esta preocupación fue subrayada después de que el mandatario anunciara una "pausa" diplomática en las relaciones con EU y Canadá, en respuesta a las críticas recibidas por la iniciativa que propone la elección de jueces mediante voto popular.
El embajador Ken Salazar divulgó en sus redes sociales la nota diplomática que envió a la Cancillería mexicana, en la que "Estados Unidos apoya el concepto de reforma judicial en México", pero señala que "preocupa mucho que la elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial ni fortalezca al Poder Judicial".
Según Salazar, la elección popular de jueces podría "facilitar la intromisión de los cárteles en el sistema de justicia," una preocupación que resuena en los círculos diplomáticos y de negocios en Washington.
El Gobierno de México respondió enviando una nota de protesta a la Embajada de Estados Unidos el viernes pasado, en la que afirmó que las críticas del embajador constituían "una acción inaceptable de injerencia" y violaban la soberanía nacional. "Estados Unidos debe respetar la independencia de nuestro país y abstenerse de intervenir en nuestros asuntos internos", destacó un alto funcionario del gobierno mexicano.
A pesar de la controversia, la Embajada de Estados Unidos reiteró su respeto por la soberanía de México, pero también dejó clara su postura respecto a la reforma judicial.
En su comunicado, la Embajada señaló: "Estados Unidos sigue apoyando el compromiso de México de fortalecer el Estado de derecho a través de la reforma judicial", pero enfatizó que "es esencial que esta reforma se implemente de manera que refuerce la independencia, autonomía y legitimidad del Poder Judicial".
La Embajada estadounidense también expresó su deseo de continuar colaborando estrechamente con México en temas de interés mutuo. "Es del interés de los Estados Unidos identificar los acontecimientos que limitarían innecesariamente nuestra capacidad para alcanzar esos objetivos juntos", se lee en la nota, reflejando la preocupación de que la reforma podría complicar la cooperación bilateral en áreas clave como la seguridad y el comercio.
Si la reforma judicial propuesta se aprueba en septiembre, México enfrentará un escenario sin precedentes: los ciudadanos tendrían la oportunidad de elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte a partir de 2025. Este cambio radical en el sistema judicial coincidiría con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026, que exige condiciones de seguridad jurídica para las inversiones.
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