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La detención de Manuel Peña, un activista de derechos humanos de 71 años, en Venezuela ha generado solicitudes de intervención internacional. Peña, de origen venezolano y ciudadano mexicano desde 2016, es conocido por su labor en la promoción de los derechos humanos y el apoyo a migrantes en situación vulnerable en Villahermosa, Tabasco.
Residente en México desde 2003, Peña emigró en busca de mejores oportunidades junto a su esposa. Es padre de tres hijos y abuelo de tres nietos, quienes dependen de él económicamente. En 2018, Peña sufrió una grave neumonía pleural que le costó la pérdida de gran parte de un pulmón, lo que le obliga a tomar medicamentos diarios y a someterse a revisiones médicas periódicas.
El 27 de julio de 2024, Peña viajó a Venezuela para visitar a su familia, con la intención de regresar a México el 13 de agosto. Sin embargo, el 30 de julio fue detenido mientras caminaba por las calles de Valera, Estado Trujillo, por un grupo de policías motorizados. La detención fue registrada en video por transeúntes y confirmada posteriormente.
Actualmente, Peña está retenido en el comando 20 Morón de la policía estatal de Trujillo. Desde su detención, se le ha negado el acceso a su familia, abogados y atención médica, lo que ha generado preocupación por su estado de salud y derechos humanos.
Diversas organizaciones y defensores de derechos humanos han señalado que la detención de Peña podría violar varios derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho a la libertad y seguridad personal, y la protección contra tratos inhumanos. También destacan la falta de información sobre su estado de salud y condiciones de detención.
La detención arbitraria de Manuel Peña lo convierte en el primer mexicano preso político víctima de desaparición forzada y detención arbitraria del Régimen de Nicolás Maduro.
La familia de Peña ha solicitado la intervención del gobierno mexicano y de la comunidad internacional para asegurar su liberación y garantizar su bienestar. La situación de Peña ha llamado la atención sobre los derechos de los ciudadanos mexicanos detenidos en el extranjero y la necesidad de protección consular y humanitaria adecuada.
La comunidad internacional espera una pronta resolución de este caso, destacando la importancia de respetar los derechos humanos y proporcionar la asistencia necesaria a los detenidos en circunstancias similares.
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