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La Confederación Patronal de la República Mexicana, (Coparmex), expresó su profunda preocupación y rechazo a expropiación que decretó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado viernes de una planta de hidrógeno localizada en la refinería de Tula, Hidalgo, que era operada por la compañía francesa Air Liquide y le advirtió que es una señal que inhibe las inversiones justo en medio del nearshoring o relocalización de empresas que puede beneficiar a México.
“Consideramos que México no puede darse el lujo de ahuyentar inversiones ni de mostrarse ante el mundo como un país con un frágil Estado de Derecho. Tenemos todo para que en este 2024 se establezcan las bases para ser el país que mejor aproveche el Nearshoring creando más y mejores empleos”, aseveró
Esta medida –agregó--“desalienta gravemente la atracción de inversiones y desaprovechar la gran oportunidad que nos abre la relocalización de empresas y cadenas productivas o Nearshoring”.
Recalcó que estas acciones lejos de representar un acto de soberanía, se convierten en un preocupante mensaje de arbitrariedad y un atentado a la seguridad jurídica.
“Este decreto de ocupación es una mala señal al mundo porque deja de manifiesto las ineficiencias de PEMEX (que es actualmente la petrolera más endeudada del orbe, con un pasivo aproximado de 106,000 millones de dólares) y la debilidad del Estado de derecho en México en el que de manera discrecional, las autoridades pueden ocupar empresas e inversiones privadas”, aseveró
Por ello pidió al presidente López Obrador a actuar con responsabilidad, agotar los mecanismos de diálogo y negociación con empresas proveedoras, permisionarias, concesionarias o licitantes con las que tenga diferencias, antes de realizar actos unilaterales como la ocupación o expropiación de bienes.
Acusó que el Gobierno federal está desarrollando una estrategia de reestatización de ciertas actividades de la economía, cuya manifestación más preocupante es la apuesta por militarizar dichas tareas como ocurrió recientemente con la compra, gestión y distribución de medicamentos y la operación de una Línea Aérea.
Sin embargo recordó que México no tiene experiencias positivas con la estatización de actividades económicas ya que han generado profundos costos económicos por ineficiencias y por malas gestiones de empresas públicas.
De igual manera, han generado un negativo impacto social afectando, en última instancia, a las familias al tener que pagar sobrecostos, recibir malos servicios o asumir el pago de deuda mediante impuestos.
El pasado 28 de diciembre, el Gobierno federal expidió un decreto por el que declara de utilidad pública la conservación y prestación del servicio de suministro de hidrógeno, su uso, aprovechamiento, operación y explotación de la Planta Productora de Hidrógeno ubicada al interior de la Refinería de Tula, Hidalgo y ordenó la ocupación temporal de Pemex.
Dicha planta era operada desde 2017 por Air Liquide (empresa francesa) que cumplía el compromiso de suministrar hidrógeno por 20 años a la instalación petrolera y reducir los costos de PEMEX.
El organismo empresarial explicó que si bien son acciones reguladas por la Ley de Expropiación, advierte que el decreto no indica el plazo de ocupación temporal y es ambiguo en algunos aspectos, lo que impide la posibilidad de calcular la indemnización prevista en el artículo 2 Bis. de dicha legislación.
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