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Adrián Dayer, Brayan Carlos y Julián, integrantes de La Familia LeBarón, presentaron ante la Cámara de Diputados una iniciativa con la que buscan crear la Ley Federal para la Protección de Personas Candidatas a un cargo de elección popular para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar su vida, integridad y derechos políticos electorales.
Esta iniciativa, a la que nombraron “Ley Murrieta” en memoria de su abogado Abel Murrieta, quien fue asesinado a manos del crimen organizado cuando buscaba ser candidato en Sonora, tiene la pretensión de crear el Mecanismo de Protección para Personas candidatas a cargos de elección popular.
En reunión con Graciela Sánchez Ortiz, presidenta de la Comisión para la Reforma Político-Electoral en la Cámara de Diputados, expusieron que, para ellos, como familia, lo más importante es garantizar los derechos de las personas que buscan ser votados.
“Dicen que es poco tarde para el proceso, pero el crimen, en gran parte del territorio, pone y quita candidatos, y eso vulnera la democracia. Aquí corren vidas de por medio”, dijo Brayan Lebarón en un video tras salir de la reunión con la legisladora morenista.
En su artículo de su iniciativa exponen: “Esta Ley crea el Mecanismo de Protección para Personas candidatas a cargos de elección popular, para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar su vida, integridad y derechos políticos electorales”.
El mecanismo tendrá como fin elaborar y proponer manuales y protocolos de estrategias de prevención, estrategias activas de contención, medidas de protección y estrategias de salvaguarda inmediata.
Facilitar y promover protocolos, manuales y en general instrumentos que contengan las mejores prácticas disponibles para el cumplimiento del objeto de esta Ley a todas las instancias administrativas, judiciales, generales de justicia, políticas y electorales.
Además de instrumentar los manuales y protocolos de implementación paso a paso de las estrategias de prevención, activas de contención y de salvaguarda inmediata, así como celebrar los acuerdos específicos necesarios para el cumplimiento de los fines del mecanismo y dar seguimiento a cada caso que reciban e informar públicamente las acciones, avances e investigaciones sobre los mismos a la sociedad.
Todo esto deberá estar coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se establece en la iniciativa.
“Un ataque a los candidatos que pone el pueblo es un ataque a la democracia”, señaló Brayan Lebarón y urgió a considera esta iniciativa en la próxima reforma electoral.
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