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Hace un mes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Durango, impidió que el público asistente a los eventos de su gira abucheara al gobernador Esteban Villegas y, en ese contexto de reconciliación poselectoral, le pidió al mandatario priista que informara sobre un conflicto que ha detenido la construcción de un parque industrial destinado a colocar a Durango en las nuevas cadenas productivas (nearshoring) internacionales.
A un mes de aquella gira, la aclaración nunca llegó y una primera inversión de 700 millones de pesos quedó en el limbo. Al menos una parte, porque aunque el gobernador Villegas indicó hace medio año que la empresa Duranpark sí metió dinero en las primeras infraestructuras de terrenos que lleva años semiabandonados, refirió que “el convenio era que le tenían que meter 700 millones de pesos, le metieron 18 millones”. Procedió entonces a expropiar los terrenos sin revelar que los 700 millones debían cumplirse paulatinamente y con fecha máxima de 2027.
Un juez encontró elementos suficientes para pensar que la empresa aludida había sido estafada desde el gobierno duranguense, así que concedió un amparo el pasado julio, pero su cumplimento no se ejecutó.
El caso fue revelado por los inversionistas del complejo Centro Logístico e Industrial de Durango (CLID) y de brokers, los intermediarios que cazan las inversiones de las empresas que pueden producir en esos parques industriales mexicanos para exportar a los Estados Unidos. Estos intermediarios ya informaron a los interesados que el esperado Centro Logístico Industrial de Durango (CLID), no se efectuará porque el gobierno estatal incumplió los convenios firmados con la empresa edificadora.
El acuerdo que firmó Duranpark en 2022 le daba un plazo de 5 años para completar una inversión exacta de 698 millones de pesos, de los cuales ya llevaba 17, además de que debería encargarse de la urbanización en la zona.
A la fecha, el espacio que debía ser el nexo de Durango con los grandes ciclos económicos entre Asia-México-Estados Unidos, luce como un terreno abandonado para efectos de la industria, ocupado por cultivos y con los esbozos de infraestructura que Duranpark empezó a colocar. La inversión de Duranpark iría acompañada de otras que deberían brindar servicio ferroviario hacia el norte, pero también hacia los puertos sinaloenses, justo para explotar una condición que sólo Durango posee.
La historia de la ciudad de Durango, sin embargo, donde está el conflicto, es la de siempre: estratégicamente colocada a la mitad del territorio nacional y de los flujos comerciales hacia EU, pero carente, por una razón u otra, de la capacidad para aprovecharlo. En este caso, la razón de más peso para que el gobernador Villegas haya decidido esta cruzada contra el parque industrial fue que el anterior gobernador, José Rosas Aispuro, rival del mandatario priista en funciones, fue el promotor del proyecto. “Representa la oportunidad para que (la ciudad de Durango) finalmente quede integrada, con una conectividad nacional e internacional, a través del Corredor Económico del Norte. Más tarde que temprano la capital estatal va a tener muchas más inversiones que se van a traducir en empleos”, señalaba Aispuro sobre este plan. La visión quedó truncada y, según ha indicado el gobierno, la apuesta será por un discretísimo proyecto de manejo de envíos y paquetería.
En abril pasado, un juez federal determinó que el gobernador de Durango afectó directamente a la empresa Duranpark al expropiarle los terrenos que le había cedido su antecesor José Rosas Aispuro, y en los cuales la compañía ya había hecho una inversión económica para el desarrollo del CLID. La cuestión no era la cantidad (17 o 18 millones de 698 millones pactados), sino que la inyección había empezado y entonces no había porqué acusar de incumplimiento a la empresa.
“El CLID es un parque industrial estratégico para el aprovechamiento del T-MEC y el fenómeno del nearshoring (relocalización empresarial), que impulsa la economía local y nacional, además de generar miles de empleos”, destacan los promotores de las inversionistas en diversos comunicados en los que han informado a sus clientes que la proyectada apertura del CLID no habrá de verificarse.
El conflicto público se ha hecho público justamente porque después de abril, cuando el juez primero de distrito en Durango, Iván Francisco Rodríguez Zamarripa, concedió una suspensión definitiva para evitar el despojo del terreno, “pues Villegas oficializó el retiro de los derechos sobre los terrenos de unas 200 hectáreas constituye una afectación a la propiedad y posesión de los inmuebles de la compañía Duranpark”, señaló una fuente de la empresa a Crónica para explicar porque los cazadores de inversiones proceden con anuncios en los que, entre líneas, se está cuestionando el estado de derecho en Durango.
Otra alerta señala abiertamente: “Este caso pone en riesgo no sólo a Duranpark, sino a toda inversión que llegue a Durango y a México”.
Sin presentar pruebas, Villegas Villarreal acusó a Duranpark de querer registrar los terrenos a su nombre: “Por supuesto que sí me molesté con ellos y les dije: se acabó el acuerdo”, declaró el mandatario. Los papeles hablan de otra historia.
En el juicio de amparo indirecto, el juez fue claro en advertir la improcedencia de la decisión del Congreso local: La aprobación de la Ley de Expropiación para el Estado de Durango, específicamente, por no contemplar un procedimiento de audiencia previa a un acto de privación, como lo es la expropiación.
Al revisar el recurso presentado por los afectados, el juez fijó a la autoridad la imposibilidad de vender, rentar, gravar, transmitir, explotar, usar, aprovechar, utilizar y/o manipular de tal forma, que obtengan un beneficio o fruto, directo o indirecto derivado del predio ubicado la superficie de construcción.
Además, determinó que no se lleven a cabo las inscripciones, actualizaciones o cancelaciones en Catastro Municipal, así como tampoco se registre como patrimonio de Gobierno del Estado de Durango las fracciones antes precisadas permaneciendo las cosas a nombre de la aquí quejosa.
Que “se suspenda inmediatamente cualquier otra orden, diligencia o acto de ejecución, distinto a los arriba enunciados, tendente a desposeer, despojar, ocupar y/o expropiar (fácticamente) a la sociedad quejosa de su predio”, se lee en la resolución.
Una de las bases para tomar esta decisión fue que el propio gobierno estatal, a través de la Secretaría de Finanzas y de Administración, negó la existencia de expedientes en torno a un presunto desfalco o afectación al patrimonio estatal.
El máximo tribunal del país ha determinado de manera contundente que en los casos de expropiación, por tratarse de actos privativos, debe regir la garantía de audiencia previa, algo que Esteban Villegas tampoco concedió.
La empresa Duranpark aseguró que “si por alguna razón Duranpark no hubiera cumplido con sus obligaciones dentro del contrato, el mecanismo jurídico que tenía al alcance el gobernador era un tema totalmente distinto a lo que está haciendo”, algo que José Pablo Ramos, abogado de la firma, ha mantenido ante los inversionistas que, como usuarios finales del parque industrial fallido, también han resultado afectados.
“Es esencial que se respete el estado de derecho y los contratos firmados para garantizar un ambiente de inversión estable y seguro. Sin estas garantías, el desarrollo económico de Durango se verá seriamente afectado”, sentencia Roberto Reyes.
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