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El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) presentó este viernes el esperado informe titulado ‘Fue el Estado: 1965-1990’. Este reporte expone, con alarmante claridad, la represión ejercida por el Gobierno mexicano durante la llamada “Guerra Sucia”.
Además, el documento señala que las Fuerzas Armadas y de seguridad siguen ocultando información clave, lo que ha sido facilitado por el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con el informe, el periodo de represión conocido como ‘Guerra Sucia’ fue mucho más letal de lo que las cifras oficiales sugieren. Aunque el gobierno mexicano reconoce mil 500 víctimas, el MEH documentó 8 mil 594 víctimas de 11 violaciones graves a los derechos humanos entre 1965 y 1990, de las cuales el Estado es responsable.
El comisionado del MEH, Carlos Pérez Ricart, reveló durante la presentación que muchas personas sufrieron múltiples violaciones, lo que eleva el número de víctimas a 11 mil 743, aunque destacó que solo se han contabilizado los casos con evidencia disponible.
El informe, compuesto por más de 4 mil 700 páginas, desglosa cómo el Estado mexicano implementó una estrategia sistemática de represión que incluyó tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Pérez Ricart advirtió que, aunque se investigara por 30 años más, sería imposible acercarse al número real de víctimas, subrayando que las cifras presentadas no incluyen a las más de 123 mil personas desplazadas forzosamente durante ese periodo.
Uno de los puntos más alarmantes del informe es la evidencia de que la violencia y represión no se han detenido, sino que han continuado bajo el pretexto de la guerra contra las drogas.
La Comisión de la Verdad, creada por el gobierno de López Obrador, recopiló más de mil testimonios y 90 archivos desclasificados, los cuales corroboran que estas prácticas siguen vigentes, como lo demuestra la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
El comisionado David Fernández fue contundente al señalar que instituciones como el Ejército siguen protegiendo información clave que revelaría su responsabilidad en estas violaciones, incumpliendo así los mandatos presidenciales que ordenan el acceso irrestricto a los archivos militares.
Según Fernández, “el amplio margen de acción del Ejército después de 1990 es un factor de persistencia hoy de inercias institucionales que mantienen la impunidad. En otras palabras, existen pactos de encubrimiento que permiten que estas prácticas continúen”.
Fernández agregó que, a pesar del mandato presidencial, la comisión no pudo acceder a archivos cruciales del Estado Mayor Presidencial ni desclasificar archivos de México en Estados Unidos. La falta de apoyo de la Presidencia y la Cancillería para obtener estos documentos ha sido uno de los obstáculos más grandes en la investigación.
Uno de los capítulos más oscuros del informe está en el reporte denominado ‘Las formas del silencio’, donde se documenta cómo los investigadores del MEH fueron maltratados en el archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al punto de que no pudieron continuar con su trabajo de esclarecimiento.
Pérez Ricart fue categórico al afirmar que “es falso que Sedena haya abierto sus archivos”, contradiciendo las afirmaciones del presidente López Obrador.
El comisionado destacó que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), ahora rebautizado como Centro Nacional de Inteligencia (CNI), purgó y eliminó documentos clave del Archivo General de la Nación antes de 2018.
Este acto fue calificado por Pérez Ricart como un “saqueo a la historia de México”, evidenciando que “es falso que se hayan dado los archivos de inteligencia al Archivo General de la Nación”.
El informe no solo denuncia los actos de represión del pasado, sino que también incluye 142 recomendaciones dirigidas a 22 autoridades. Entre ellas, se urge a la presidencia a conformar una nueva Comisión de la Verdad que investigue las violaciones graves a los derechos humanos perpetradas desde 1990 hasta la fecha.
A la presentación del informe, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Tlatelolco, asistieron sobrevivientes y familiares de las víctimas. Los gritos de “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y “Estado asesino, que entreguen los archivos” resonaron en el auditorio, cerrando un evento marcado por el dolor y la exigencia de justicia.
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