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–¿Cómo has visto el desarrollo de este proceso electoral?
–Hay que entender el proceso electoral en dos planos. Por una parte, la reiterada capacidad operativa del INE y el esquema que permite que sean las y los ciudadanos quienes estarán organizando las casillas. Esto, a pesar del recorte insensato que aplicó la Cámara de Diputados al presupuesto del INE. La dimensión ciudadana es la principal garantía de que el voto será respetado y se va a contar bien.
Por la otra parte están los partidos, las candidaturas y servidores públicos, ahí tenemos un escenario de luces y sombras. Los actores políticos nos han demostrado que no siempre están dispuestos a respetar las normas democráticas. Lo vimos en el arranque anticipado de las campañas de dos principales candidaturas presidenciales, en la violación contumaz de la legislación por parte del Presidente, y no sólo él, y todo ello con cierta condescendencia de la autoridad electoral ante las violaciones que inciden inconstitucionalmente en la equidad de la contienda.
Las campañas han sido intensas e interesantes, pero han quedado a deber en términos programáticos. Aún así, considero que los ciudadanos tienen el bagaje suficiente para emitir su voto con la suficiente información acerca de los candidatos y sus propuestas. Otro asunto es el tema de la violencia. Tenemos el mayor número de candidatos asesinados en la historia electoral reciente. Ya se rebasó la cifra negra de 2021. También es alta la cifra de candidatos que han renunciado.
Pero nada de eso elimina lo esencial: que el voto se emite en libertad, cuenta y se cuenta bien. Las garantías están. Es el ABC, es una condición básica de la democracia.
Eso no depende de los partidos o los candidatos. La clave de la democratización pasa por la ciudadanización de los procesos. Son nuestros vecinos quienes cuentan los votos.
–Se ha dicho que la democracia está en peligro ¿qué opinas de eso?
–La democracia en México y en el mundo está en riesgo y bajo asedio. Pasamos en poco más de 20 años de una celebración democrática a una preocupación democrática, a nivel global. En todo el mundo están enfrentándose fenómenos de resurgimiento de pulsiones autoritarias.
La exacerbación de ciertos problemas estructurales que los gobiernos democráticamente electos no han logrado resolver: la pobreza, la desigualdad, la impunidad, la corrupción y en algunos casos la violencia. Generaron un caldo de cultivo en el que avanza el rechazo a la democracia, y esto se refleja sobre todo en una menor credibilidad de las instituciones, particularmente de los partidos políticos y los parlamentos de todo el mundo, que son fundamentales para el funcionamiento democrático.
A todo esto, se agrega un ecosistema informativo novedoso, que hace que problemas que siempre han acompañado a la política, como la mentira y la falsedad, hoy adquieren un potencial nocivo, mucho más disruptivo que el pasado.
El resultado, en muchos países, es la polarización, como en los peores tiempos del siglo pasado, aderezada por la intolerancia. Cuando polarización e intolerancia se mezclan, ya no ves al de enfrente como un adversario al que le reconoces legitimidad, sino como un enemigo al que combates y eventualmente destruyes.
Y finalmente, un asedio desde el poder contra las instituciones de contrapeso en la democracia. El caso de México es paradigmático en lo referente al asedio a las instituciones autónomas y órganos de control. Con descalificación, ataques personalizados, reducciones presupuestales, la amenaza de reformas para debilitar los órganos, o la captura misma de la institución.
Las elecciones son un espacio en el que expresa la resiliencia de la democracia. Desde ese punto de vista, es importante que el tema de asedio a los contrapesos se ha colocado en la mesa de la discusión en este proceso electoral.
–¿Qué opinas sobre el discurso de fraude anticipado, que ya se maneja en ambos bandos? ¿No desincentiva esto la participación electoral?
–Pasamos de fraudes que se cometían porque no había condiciones para impedirlos. Era cuando el gobierno era juez y parte, cuando controlaba el padrón, las casillas, la organización del proceso, el conteo de votos y los resultados que, si no le gustaban, los modificaba. Ahora es una situación completamente distinta.
Esa época nutrió la desconfianza y la sospecha del fraude como algo naturalmente ligado a las elecciones.
El cambio democrático fue construido para impedir que haya fraudes. Nuestro sistema electoral parte de esa desconfianza legítima y justificada. El mejor trabajo que ha hecho es ese: evitar el fraude que modifica la voluntad de los electores.
Pero ahora tenemos otro problema. El fraude mayor es el discurso del fraude, que se ha vuelto parte de la cultura cotidiana de los actores políticos. La transición a la democracia no fue acompañada por una transformación cultural acorde. La aceptabilidad de la derrota es un bien escaso; no sólo eso, en algunos casos, aceptar la derrota es visto como traición al partido y a sus electores. Pero aceptarla es una condición de funcionamiento de la democracia, como decía Felipe González.
La cosa es más delicada porque pasamos de acusaciones de fraude de parte de los perdedores a una acusación de parte de los beneficiarios de las condiciones democráticas y los resultados electorales.
Existe una peligrosa narrativa de construir, desde el Estado y desde la posición de ventaja, la idea de anticipar el fraude electoral, y no se trata de un fenómeno sólo mexicano. Lo vimos en 2020 en Estados Unidos, con Trump. O en 2022, con Bolsonaro en Brasil. Es también una manera poco leal de alimentar un discurso épico: “el pueblo derrotó a los enemigos que querían hacer fraude”. Eso ha pasado en el actual proceso electoral en México. Un mundo de posverdad.
Lo que hay no es fraude, sino jugadores desleales con la democracia, que aceptan las reglas cuando ganan, pero cuando pierden patean la mesa.
En los últimos diez años ha habido 334 elecciones en México. En ninguna ha habido conflicto postelectoral. Lo más relevante es que el promedio de alternancia es 62%. Tres de cada cinco veces pierde el partido que tenía el poder. ¡Qué mejor muestra de que no ha habido fraude! La gente premia y castiga con su voto y quienes están en el poder no pueden evitar el castigo cuando les toca.
Hay que aclarar que una cosa es el fraude electoral y otra, distinta, son las irregularidades que pueden darse. Esas se procesan por las vías legales e institucionales. Ni siquiera el que no haya cancha pareja constituye un fraude. Por eso es muy delicado que las autoridades electorales no hayan respondido, haciendo pedagogía pública, dejando claro que las condiciones están dadas para que no haya fraude, y acabar con los mitos sobre manipulación de votos. Una explicación vuelve el camino cuesta arriba a quien pretende utilizar falsamente el discurso del fraude.
–Uno de los grandes problemas, ligado a los fraudes, fue que en 2006 no se hicieron del conocimiento público las tendencias. ¿Qué opinas?
–En 2006, es un asunto de libro de texto. Desde el punto de visto técnico fue impecable. El problema es que se cometieron errores de comunicación que permitieron que las narrativas de fraude se arraigaran entre la ciudadanía. Uno muy importante fue no hacer públicos los resultados del conteo rápido que evidenciaban que había un traslape en los rangos de votación de los candidatos que iban en primero y segundo lugar. No podían declarar ganador.
–Pero si hablaban, los ciudadanos hubiéramos tenido una idea de cómo iban.
–Al claudicar la autoridad a hacer públicos los datos, le dio campo libre a la irresponsabilidad de ambos candidatos, que se proclamaron ganadores, a sabiendas de que ninguno tenía asegurada la victoria.
Había un acuerdo del Consejo General según el cual si los rangos se traslapaban no se daban a conocer los resultados. El único problema fue que ese acuerdo lo votó el mismo consejo. Ellos mismos se ataron las manos, se pusieron el bozal.
Pero se aprende de los errores. El INE estableció el Reglamento de Elecciones vigente. En éste se señala que el conteo rápido se tiene que hacer, obligatoriamente y que, cualquiera que sean los resultados, la autoridad electoral está obligada a hacerlos públicos. Aunque los rangos se crucen.
Por eso, el día de la votación el INE debe informar, informar e informar. No puede claudicar a esa función, porque hay otros actores que pueden hacer públicos sus resultados, como las encuestas de salida, que no son tan precisas como los conteos rápidos.
Y debe dejar claro que el PREP no es las tendencias, sino información en tiempo real. La que da tendencias es el conteo rápido. Hacia las 11 de la noche vendrá el gran anuncio del INE, con grandes índices de precisión, procesado por los mejores estadísticos, los mejores matemáticos y los mejores informáticos del país. Son los mismos que hacen los conteos rápidos para las ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. También el INE hará conteo para la integración de la Cámara de Diputados y el Senado.
–¿El día después?
–El 3 de junio nos vamos a levantar como país muy probablemente con la elección presidencial definida, pero los problemas estructurales del país van a seguir ahí. Las elecciones no son un punto terminal de la vida democrática. No es ahí donde se resuelven los problemas. Es normal que la jornada electoral sea vista como el espacio de grandes apuestas, pero el día después vamos a ver que nadie gana todo y nadie pierde todo. Y esto no es de una vez y para siempre.
Es probable que las mayorías necesiten a las minorías. Hay responsabilidades que requieren de un gran consenso político. Entonces lo que se sigue es la construcción de consenso, en la que superen los agravios.
Una ultima pregunta tiene que ver con que en algunos lugares no se pueden levantar casillas, normalmente por la presencia del crimen organizado. ¿Se exagera la relevancia de esos votos, independientemente de que es terrible que haya ciudadanos que no puedan ejercer sus derechos?
El crimen organizado no detona la violencia porque sean elecciones. Es al revés. Las elecciones se realizan en un contexto permanente de violencia, de la que el crimen organizado es parte importante.
Hay tres formas en las que el crimen organizado puede intervenir en unas elecciones. Una es impidiendo la organización de las mismas. Es algo que nunca ha sucedido. De hecho, hay zonas del país en donde no entran las instancias de seguridad pública, pero sí el personal del INE. Entre otras cosas, por la importancia de la credencial de elector como identificación personal. Es más factible que se dejen de instalar casillas por conflictividad social o comunitaria, que por la presencia del crimen organizado.
La segunda es interfiriendo en las campañas, que es lo que hemos visto, sobre todo en campañas locales, para incidir en los resultados. Ahora ya no les importan los reflectores. Son casos aislados, pero deben preocuparnos por el nivel de violencia. Tenemos que ser responsablemente refractarios a la generalización: esto no está pasando en otros lados. Pero el Estado no debe voltear al otro lado ante lo que sucede.
La tercera, generar un clima de terror el día de la jornada electoral. Es algo que no debemos permitir. Bien vale la pena dimensionar la situación y no sobredimensionar. Si se exagera al respecto, lo único que se logra es inhibir la participación.
Salir y votar una manera de refrendar nuestro compromiso democrático. De decir que somos los ciudadanos quienes decidimos nuestro futuro.
Estamos lejos de que nuestra democracia sea secuestrada por un poder autoritario y menos aún por el crimen organizado.
La democracia sigue teniendo a los ciudadanos como los principales anticuerpos frente a expresiones autoritarias
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