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El PAN en el Senado presentó una iniciativa para crear el Registro Nacional de Agresores Sexuales, que estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y contendrá la información de aquellas personas que han sido sentenciadas por algún delito de naturaleza sexual.
De acuerdo al INEGI, de un total de 50.5 millones de mujeres de 15 años y más, 70.1 % ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida.
La violencia psicológica es la que presentó mayor prevalencia (51.6 %), seguida de la violencia sexual (49.7 %), la violencia física (34.7 %) y la violencia económica, patrimonial y/ o discriminación (27.4 %).
La iniciativa impulsada por la senadora del PAN, Indira Rosales San Román, sugiere que el infractor aparezca en el Registro mientras se encuentre cumpliendo la pena que le haya sido impuesta por la autoridad judicial mediante sentencia firme, y que, una vez cumplida la pena, deje de aparecer en dicho Registro con calidad de sentenciado.
Además de que las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas, los municipios, así como las autoridades penitenciarias, mantengan permanentemente actualizado el Registro Nacional de Personas Agresoras Sexuales, con la siguiente información del infractor:
Nombre completo; fotografía; fecha y lugar de nacimiento; nacionalidad; CURP; delito por el cuál cumple sentencia el infractor; Centro Penitenciario donde se encuentra cumpliendo la pena; antigüedad y estado del cumplimiento de la pena.
Cuando el sentenciado haya cometido el delito sexual en contra de quien se encuentre bajo su patria potestad, la Fiscalía podría solicitar la pérdida de ese derecho sobre la víctima.
Pero cuando el delito sea cometido por un servidor público o un profesionista en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena de prisión antes señalada, sea inhabilitado, destituido o suspendido, de su empleo público o profesión por un término igual a la pena impuesta.
Rosales San Román asentó que la creación de este registro ayudará a contar con mejores herramientas de control de la incidencia delictiva en nuestro país, sobre todo, aquellas personas reincidentes, en las que definitivamente, el sistema penitenciario no les funcionó como inhibidor de la comisión de algún delito.
Asimismo, puntualizó la legisladora panista, pretende que las autoridades y la sociedad tengan al alcance los datos de las personas que han sido sentenciadas por algún delito sexual, la pena que a la que ha sido acreedor, y el estatus del cumplimiento de la misma.
La iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un Capítulo VII a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue turnada a las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera.
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