El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha determinado que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) debe entregar información detallada acerca de sus bienes inmuebles, gastos y deudas. Esto, tras no atender una solicitud de información pública en el plazo estipulado por la ley. Además, el INAI ha dado vista al Instituto Nacional Electoral (INE) para que inicie un procedimiento de sanción contra el partido.
La solicitud original requería que el PRD proporcionara un listado de sus propiedades inmobiliarias a nivel nacional, especificando la situación jurídica de cada inmueble, así como la superficie de los terrenos. También se exigió que, en caso de que el partido hubiera vendido alguna propiedad, se informara sobre quién autorizó la venta, el monto obtenido y el destino de los recursos derivados de dicha transacción.
Por otro lado, el PRD debe detallar el uso de sus recursos financieros, informando sobre los viáticos otorgados a sus dirigentes en los últimos cinco años, el número de tarjetas corporativas asignadas y el costo de servicios de telefonía. Asimismo, se le solicitó información sobre las deudas que el partido mantiene, tanto por bienes y servicios contratados como por los resultados de juicios laborales o mercantiles.
Este proceso se desató luego de que una persona presentó una queja ante el INAI al no recibir respuesta del PRD dentro de los tiempos establecidos por la ley. La Comisionada Norma Julieta del Río Venegas fue la encargada de analizar el caso y corroboró que el partido no había emitido respuesta alguna a la solicitud. Ante esta falta de atención, el INAI ordenó por unanimidad que el partido cumpla con su obligación de transparencia.
En su intervención, Del Río Venegas mencionó que la reciente pérdida del registro nacional del PRD, tras los resultados electorales del 2 de junio, abre un proceso delicado en cuanto a la reasignación de recursos financieros y bienes inmuebles. La comisionada advirtió que, de no gestionarse adecuadamente, este proceso podría generar un clima de opacidad, afectando el uso de los recursos públicos involucrados.
El PRD se enfrenta ahora no solo a la obligación de dar respuesta a la solicitud de información, sino también a un posible procedimiento de sanción por parte del INE, que podría derivar en consecuencias más severas si no cumple con lo establecido por el INAI.
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