Nacional

Industriales analizan propuestas de Reformas constitucionales

Advierten que por su importancia, algunas requerirán mayoría calificada de los legisladores y abrir un amplio debate para su discusión y eventual aprobación por el bien de México

José Abugaber Andonie, presidente de la CONCAMIN

La CONCAMIN, encabezada por José Abugaber indicó que analiza con especial cuidado e interés las reformas constitucionales presentadas la víspera por el Presidente Andrés Manuel López Obrador 

Dada la importancia de las reformas constitucionales presentadas por el Ejecutivo Federal, la víspera, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), analiza las mismas, con las cuales se pretende cambiar el andamiaje institucional del país.

Los industriales del país reconocen que las mismas, buscan brindar mayores beneficios para los trabajadores y sus familias, aunque es necesario hacer un análisis costo–beneficio del impacto de cada una de las propuestas presentadas y los empresarios manifestaron su disposición de explorar todas las opciones para poder lograrlo.

No obstante, debido a que 18 de las reformas constitucionales, requieren mayoría calificada de los legisladores, es obligado abrir el debate a la discusión eventual aprobación para lo que será mejor para México “con una visión de largo plazo para la democracia, las finanzas públicas y la vida institucional del país”.

La Concamin, encabezada por José Abugaber Andonei, rechazó la reforma al Poder Judicial, al argumentar que no es conveniente elegir por voto directo a los ministros, jueces y magistrados “porque éstos tienen una carrera judicial que implica una especialización técnica y jurídica y de aprobarse tal reforma, tendríamos impartidores de justicia que responderían a intereses políticos y no a intereses jurídicos”.

Además, la propuesta presidencial de no otorgar concesiones mineras a cielo abierto, la Concamin consideró que es una grave decisión “porque la minería a cielo abierto representa el 60 por ciento del valor de la producción minero-metalúrgica nacional”, y una mina a cielo abierto es una cuestión estrictamente de la naturaleza, dependiendo del yacimiento.

Ello, ocasionaría que ese 60 por ciento del valor de la producción se vería afectado, con un impacto negativo en más de 70 sectores productivos que se abastecen de los minerales.

En cuanto a la reforma eléctrica, ante la reciente resolución de la Suprema Corte, que dejó sin efecto la Ley de la Industria Eléctrica, y regresar a la reforma de 2013, permite que las empresas privadas generadoras de energía podrán competir libremente sin que se tenga que privilegiar a la CFE en la contratación de energía.

Y es que a decir de los industriales, se requiere una CFE fuerte, pero que también haya libre competencia y generación suficiente de energía de fuentes renovables, que haga a los industriales y empresas más competitivas y puedan capitalizar las oportunidades que ofrece la relocalización de empresas.

Asimismo, se analiza con especial interés la reforma al sistema de pensiones, porque, pese a ser una medida que beneficiará a los trabajadores, la propuesta contempla crear un Fondo de Pensiones para el Bienestar, que iniciaría con un fondo “semilla” con recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, de la venta de inmuebles del FONATUR, así como de lo que se obtenga de la eventual desaparición de organismos autónomos, “es decir, nace sin recursos suficientes para poder financiar las pensiones tal y como lo propone el presidente de la República”.

Al respecto, se refirió que con la reforma del 2019 al sistema de pensiones la aportación patronal aumentó un punto porcentual cada año hasta el 2030, con lo que, los trabajadores se pensionarán aproximadamente con un 70 por ciento, reforma, que, se resaltó “que dicha reforma hay que dejarla madurar y cumplir su objetivo”.

Respecto a la reforma para que el aumento al salario mínimo sea mayor a la inflación, se enfatizó que esto ya viene aplicando desde 2014, y quedó establecido en la reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2019, por lo que la propuesta del Ejecutivo sólo es para incorporarlo a la Constitución.

En el marco del T-MEC, se destacó que èste contempla los órganos constitucionales autónomos, que brindan equilibrio y contrapeso a las decisiones del gobierno “y nosotros estamos por su fortalecimiento, no por su desaparición”, ya que dichas instituciones fomentan la participación de la ciudadanía y contribuyen a la rendición de cuentas del gobierno, por lo que se deben fortalecer en lugar de desaparecerlas.

En este mismo contexto, desaparecer a los legisladores plurinominales “acabaría con la pluralidad en el Congreso de la Unión”, al integrarse sólo por quienes ganan el voto popular”; sin embargo, es preciso recordar que esta manera de elección de representantes populares constituye un método democrático, porque su participación en el Congreso depende del porcentaje del voto popular que obtengan.

Respecto a que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Concamin resaltó que siempre se ha pronunciado, porque el Ejército sea coadyuvante y no esté en las calles combatiendo a la delincuencia organizada, “creemos que hay que fortalecer la coordinación, así como a las policías estatales y municipales para que sean éstas las encargadas de la seguridad. El Ejército debe dedicarse, como lo marca la Constitución, a salvaguarda la soberanía nacional, y no a combatir la inseguridad”.

Otro de los temas relevantes, en materia de vivienda y la necesidad de incrementar la oferta de vivienda para trabajadores de menores ingresos, a través de que el INFONAVIT construya vivienda para fortalecer la oferta, se enfatizó que ello sería una vuelta al pasado “en donde los trabajadores no tengan opción de elegir la vivienda que más le conviene”, además de que el dinero del INFONAVIT “son recursos privados de los derechohabientes”.

Ante tal panorama, la Concamin reiteró su “compromiso con México para construir un país en el que se respete la división de poderes, se fortalezca la democracia, se promueva la competitividad y exista certidumbre jurídica”.