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Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), presentó un informe sobre el fomento a la impunidad, casos de presunta falta de justicia pronta y jueces que otorgaron libertad a delincuentes en fines de semana, en los llamados ‘sabadazos’.
Se refirió al juez Gregorio Salazar Hernández, quien dictó un cambio de medida cautelar a Janet Miriam ‘N’, colaboradora de Genaro García Luna, para que fuera liberada de manera inmediata el viernes 14 de junio de 2024; los delitos por los que se le acusa son peculado y delincuencia organizada.
Durante su participación en la conferencia presidencial matutina, también mencionó al juez Andrés Cascamilla, que benefició a Vicente Javier ‘N’, alias ElCholula, integrante del CJNG, con una sentencia absolutoria y liberación inmediata.
“Se le acusaba de los delitos de robo con violencia, homicidio calificado, asociación delictuosa, privación ilegal de la libertad y otras garantías en su modalidad de secuestro”, explicó.
El juez Adrián Leobardo Ríos González benefició a José Eliseo ‘N’, presunto miembro de Los Zetas, otorgándole una liberación inmediata el sábado 1 de julio de 2023.
Añadió que la jueza Angélica Sánchez Hernández, benefició a Itiel ‘N’, El Compa Playa, presunto miembro del CJNG, dictándole “auto de no vinculación a proceso” y libertad el domingo 4 de junio de 2023; estaba acusado de homicidio doloso calificado y agravado.
Otro juez, “Rogelio León Diaz Villarreal benefició a Abraham ‘N’, presunto miembro del CJNG y hermano de Nemesio ‘N’, alias El Mencho, al otorgarle un auto de no vinculación a proceso el domingo 28 de abril de 2024 con un plazo para la liberación de tres horas”.
Rosa Icela Rodríguez señaló que el juez Daniel Ramírez Peña benefició a Angélica ‘N’, presunta integrante del CSRL, pues el sábado 29 de abril de 2023 le otorgó un cambio de medida cautelar y un plazo para la liberación de 12 horas.
Dijo que la jueza Diana Montserrat Partida Arámbulo benefició con una libertad anticipada a Marcelino ‘N’, alias El Fantasma, otorgada el viernes 28 de junio de 2024; se le acusaba de delitos contra la salud y portación de armas de fuego.
El juez José Luis Hernández benefició con libertad anticipada el 4 de agosto de 2023 a Guillermo "N", alias El Memo, presunto miembro de la Fuerza Anti-Unión Tepito y hermano de “El Tortas”.
El gober precioso y Emilio Lozoya
En ese contexto, la secretaria Rodríguez indicó que entre los casos de delincuentes beneficiados por el Poder Judicial se encuentra Mario Marín, exgobernador de Puebla, acusado por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.
Detalló que el exmandatario poblano recibió un cambio de medida cautelar por parte de la jueza Angélica del Carmen Ordoño Suárez, para que saliera del penal con medidas cautelares como la portación de brazalete electrónico; reprochó que también le haya puesto Guardia Nacional para su protección permanente.
Luego señaló al juez Juan Pedro Contreras Navarro por otorgar un cambio de medida cautelar a Emilio ‘N’, ex director de Pemex en la administración de Enrique Peña Nieto.
“El imputado recibió un amparo para dejar sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que salió en libertad”, expresó.
Denunció a la jueza María del Refugio Castañeda por no otorgar prisión preventiva contra delincuentes que operan en Guanajuato, entre quienes se encontraba el hijo de El Marro.
También señaló que César Duarte, exgobernador de Chihuahua, fue beneficiado por la jueza Hortensia García Rodríguez, quien cambió la medida de prisión preventiva a prisión domiciliaria, portación de brazalete electrónico y entrega de pasaportes.
Indicó que también Fernando Emmanuel ‘N’, El Panter, acusado de tentativa de homicidio en agravio de tres personas, resultó beneficiado por el juez Jorge Quiroz Quintero, quien ordenó su inmediata libertad.
Otro beneficiado, dijo, fue el ex procurador General de la República Jesús Murillo N’, vinculado a proceso por delitos de desaparición forzada y tortura en el Caso Ayotzinapa; “el exprocurador recibió un cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria el 4 de abril de 2024”.
Agregó que en este caso, el cambio de la medida cautelar fue dictado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la CDMX.
Denunció que el juez Roberto Paredes favoreció con libertad a integrantes de Los Fabianes, detenidos en la CDMX y acusados de portación de armas, cohecho, usurpación, falsificación de documentos, delitos contra la salud, entre otros.
Enseguida se refirió al juez Manuel Alejandro Martínez Vitela por dictar sentencia absolutoria y libertad inmediata el 20 de febrero de 2024 a Alejandro ‘N’, acusado de abuso sexual de una niña de entonces 4 años, en hechos ocurridos el 26 de febrero de 2022.
Indicó que los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del 6° Circuito (Puebla) otorgaron un amparo a Javier ‘N’, presunto autor intelectual del feminicidio de Cecilia ‘N’, contra la negativa de dar trámite a su solicitud de sobreseimiento del delito de feminicidio, por parte del Juez de Control, decretado el 27 de junio de 2023.
Asimismo, dijo que los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en Jalisco, del Tercer Circuito, regresaron las propiedades por medio de un amparo a 13 personas, presuntos miembros del CJNG, las cuales tenían un aseguramiento de la FGR, consistente en diversos bienes como vehículos de lujo y hasta un inmueble.
24 mil sentencias pendientes y el montaje Loret
Por otro lado, Rosa Icela Rodríguez, informó que 24 mil personas con casos penales federales se encuentran sin sentencia.
Agregó que mil 326 personas están con juicios penales pendientes entre cinco y diez años, 2 mil 488 tienen juicios pendientes de 10 a 15 años, 767 personas llevan entre 15 y 20 años detenidos sin sentencia y 232 personas tienen más de 20 años detenidos sen sentencia.
Entre estos casos, se refirió al de Israel Vallarta, quien lleva 18 años con 9 meses privado de su libertad sin sentencia.
Recordó que Israel Vallarta fue detenido “en un montaje transmitido en televisión abierta”, durante el noticiario de Carlos Loret de Mola y con la participación de Luis Cárdenas Palomino, quien se desempeñaba como director de Seguridad Federal de la Policía Federal.
Otro caso es el de Giovanny Fernando Robledo Rodríguez y Paul Uriel Martínez Rodríguez, detenidos el 3 de julio de 2013 y acusados de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Agregó que después de 6 meses les imputaron el delito de secuestro; “a la fecha no cuentan con sentencia y ya han transcurrido 11 años y dos meses”.
Gobernadores y servidores públicos beneficiados
Por otra parte, enlistó algunos casos de jueces que no autorizan órdenes de aprehensión, como el de la jueza Adriana Yolanda Vega Marroquín, quien otorgó un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier ‘N’, para dejar insubsistente una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
También mencionó al juez Gerardo Genaro Alarcón López y los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Ramírez Escobar, que negaron y ratificaron la negativa, respectivamente, a una orden de aprehensión contra Genaro ´’N’, ex secretario de Seguridad Pública, por el delito de enriquecimiento ilícito.
Asimismo, dijo que los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal negaron una orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Veracruz, Javier ‘N´.
Destacó la negativa a la orden de aprehensión solicitada el 4 de enero de 2024 por la FGR en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN, por su probable participación en el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, otorgada por el juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México, Jesús Alberto Chávez.
Detalló que la acusación se presentó en calidad de coautor material (segundo tirador), con base en 123 pruebas recabadas, de las cuales 50 de ellas “son absolutamente contundentes para tener por demostrada su probable responsabilidad”.
Agregó que el 1 de agosto de 2024, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con sede en Toluca, confirmó la negativa de orden de aprehensión.
Criticó que el 2 de agosto, el periódico Reforma publicara la resolución del Tribunal, pese a que el Ministerio Público “no había sido informado del caso”.
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