Tres años después de que el Gobierno de México presentó una demanda por 10,000 millones de dólares contra ocho empresas fabricantes de armas en Boston, Massachussetts , a las que acusa de haber socavado sus estrictas leyes sobre sus artefactos al diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto de tipo militar de maneras que sabían que llegarían a los Cárteles de la droga mexicanos, lo que derivó en un recrudecimiento de violencia, asesinatos, extorsiones y secuestros, este miércoles el juez de distrito estadounidense de Boston, Dennis Saylor, desechó la querella contra seis de las ocho compañías en cuestión, al argumentar que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no demostró que las armas de estas compañías hubieran llegado a manos del crimen organizado.
Dennis Saylor, en su argumento, de acuerdo con la agencia Reuters, calificó que la conexión de los fabricantes de armas de Massachusetts con los grupos criminales en México es "mínima en el mejor de los casos", ya que ninguno de las seis empresas se estableció en la entidad, además de que las autoridades mexicanas no demostraron que cualquier arma de fuego vendida específicamente en Massachusetts hubiera causado daño en suelo mexicano.
Aunque México argumentó que estadísticamente era probable que algunas armas de fuego vendidas en Massachusetts acabaran siendo traficadas ilegalmente a México, el juez Saylor subrayó que las autoridades mexicanas carecen de pruebas suficientes para demostrar un nexo jurisdiccional.
Las empresas contra las que desestimó la demanda son Sturm, Ruger y Glock; Barrett Firearms Manufacturing; Colt's Manufacturing Company; Century International Arms y Beretta USA. Sólo las demandas contra Smith & Wesson e InterstateArms sigue adelante.
Ell Gobierno de México también emprendió una demanda el 10 de octubre de 2022 contra cinco tiendas de armas en Arizona, en Estados Unidos, debido a que consideró que con su negligencia, facilitan el tráfico ilegal de armas a nuestro país.
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