Jueza federal libera a ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa
Raquel Duarte Cedillo argumentó como injustificada la prisión preventiva para los elementos del Ejército Mexicano, por lo que ordenó que lleven en libertad el proceso
Los reclamos de justicia por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa se mantienen a asi 10 años de la tragedia/CUARTOSCURO/
La juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Estado de México, Raquel Duarte Cedillo, concedió este jueves la libertad provisional a ocho militares señalados por su implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, suceso ocurrido el 26 de septiembre de 2014 y de lo que no hay avances claros sobre lo ocurrido.
La jueza consideró innecesaria e injustificada la prisión preventiva para los militares, por lo que ordenó que lleven en libertad el proceso. Sin embargo, la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR) destacó que existe un "alto" riesgo de fuga de los sospechosos, por lo que instó a recapacitar la decisión.
En el mismo tenor, la juzgadora argumentó como parte de su decisión, que la prisión preventiva justificada que les impusieron a los militares no era idónea, por lo que dictó libertad y les impuso las medidas cautelares como el pago de una garantía de 100 mil pesos y el compromiso y obligación de acudir a firmar periódicamente ante la Unidad de Medidas Cautelares los días 1 y 16 de cada mes.
La orden de la jueza modifica la medida cautelar de prisión preventiva para los militares Roberto de los Santos Eduviges, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.
Sobre la liberación de los militares presuntamente implicados en la desaparición de los normalistas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), denunció que la liberación de los militares, acusados de desaparición forzada y delincuencia organizada, ocurrió por un "criterio parcial y sesgado".
Los soldados pertenecían a los batallones 27 y 41 de Infantería del Ejército Mexicano en Guerrero, se les señala de un presunto contubernio con grupos del crimen organizado y autoridades.
A través de un comunicado, el Centro Prodh y las organizaciones Fundar, Talchinollan y SeraPaz, que han seguido con detenimiento este caso, acusan a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de "seguir litigando en favor de los militares acusados por el caso Ayotzinapa, lo que confirma lo que hemos visto en los últimos años: el poder militar sin contrapesos afecta a la justicia y el esclarecimiento del caso".