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La exsecretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) (1994-2000), Julia Carabias, desmintió este sábado las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que la dependencia durante su gestión otorgó dos permisos a la empresa Calizas Industriales del Carmen S.A. de C.V. (Calica, subsidiaria mexicana del grupo norteamericano Legacy Vulcan, LLC.) para extraer material pétreo en dos predios en Playa del Carmen, cuando esta empresa operaba ya desde finales de los años 80 con el aval de los gobiernos federal y estatal.
La bióloga consideró que el mandatario al contar su versión del tema de una forma burda y acomodada simplificación de los hechos, hostiliza a los defensores del medio ambiente al confundir y dar información que dista mucho de la realidad, lo mismo que acontece con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanrnat) en la actual administración, que a través de un comunicado del pasado 3 de febrero, asegura – con desconocimiento total del marco jurídico que regula este complejo asunto – que la única autoridad competente para autorizar permisos de impacto ambiental era la propia dependencia federal y que ninguna autoridad local tenía esas atribuciones, lo que es completamente erróneo.
Julia Carabias subrayó que la empresa en cuestión ha realizado actividades extractivas en Playa del Carmen desde 1986 con permisos estatales y federales, autorizados por la entonces SEDUE (Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología), la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) y el gobierno de Quintana Roo.
Explotación minera.
En el mismo tenor, la extitular de la Semanap entre 1996 y 2000 destacó que en el año 1996 el entonces gobierno de Quintana Roo autorizó a la empresa Calica una ampliación de sus actividades en la zona de explotación de la mina a dos predios nuevos, La Adelita y Corchalito, y cada 5 años (hasta 2016) fue renovando esa autorización.
Carabias apuntó que en el año 2000, en el último año de su gestión, la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental de la Semarnap autorizó la manifestación de impacto ambiental que sometió la empresa para expandir sus actividades que ya llevaba a cabo desde 1986 en los dos predios citados, en donde el gobierno de Quintana Roo les había aprobado operar en 1996.
Asimismo, la bióloga refiere que durante su administración avaló el aprovechamiento de la parte por debajo del manto freático en esos predios con vigencia de 20 años y sujeto a múltiples condicionantes estrictas en rubros como manejo de residuos peligrosos, cantidades máximas de material que se pueden extraer cada año, medidas de mitigación, prevención y/o compensación y la restauración de áreas afectadas, entre muchas otras, para mitigar el daño ambiental. Además de que cada autorización compromete y fija condiciones precisas que regulan la operación de cada proyecto, de manera que se minimicen los impactos al medio ambiente.
Carabias asegura que el actual gobierno federal tiene los fundamentos jurídicos y técnicos para evaluar si esa explotación minera opera dentro de parámetros ambientales aceptables y cuenta con esos instrumentos gracias a las condicionantes que se establecieron en la autorización.
Si se llevó a cabo o no el seguimiento y evaluación de las condicionantes, no es un tema de mi responsabilidad, aclaró Julia Carabias al destacar que la Semarnap bajo su responsabilidad actuó conforme al marco legal vigente y la autorización fue legal y se ajustó al conocimiento y las evidencias disponibles, en un sitio y para un proyecto que ya se realizaba ahí desde los años 80 y que contaba con autorizaciones previas del gobierno del estado.
Regulación.
En el mismo tenor, cabe destacar que el gobierno de Quintana Roo modificó en el año 2009 la regulación que antes autorizaba a la empresa Calica a operar en los citados terrenos, pero el programa de ordenamiento ecológico nuevo del municipio de Solidaridad, los declaró incompatibles para la minería.
En el año 2017 la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) realizó inspecciones en las cuales exhibió que la empresa Calica no estaba cumpliendo con las condiciones de autorización de impacto ambiental y para enero de 2018 impuso una clausura parcial al banco de materiales de esta empresa.
Derivado de estos hechos, la empresa Calica argumentó afectación en sus derechos, por lo que en 2018 interpuso un arbitraje ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en contra del Estado mexicano, por lo que ahora corresponde a la Federación defender los actos realizados desde el 2009 por autoridades de los tres órdenes de gobierno y que ahora son motivo de ese conflicto internacional.
Julia Carabias subrayó que sobre los cuestionamientos expresados por el presidente (López Obrador) “sobre mi actuación al frente de la Semarnap, es oportuno decir, (que) justo en este momento hay una desregulación nunca antes vista de las normas y los procedimientos de evaluación para proteger el medio ambiente, que es precisamente gracias a la legislación ambiental (surgida y fortalecida entre 1987 y 1996) que la autorización otorgada en 2000 es pública y trasparente, por lo que puede ser objeto de un debate informado que nos permita evaluar con seriedad la gestión ambiental”.
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