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La Organización No Gubernamental (ONG) Data Cívica presentó su informe mensual “Votar entre balas” en el que denuncia que durante junio pasado se registraron 31 asesinatos como parte de la violencia electoral, en la que resultaron afectados políticos, dos candidatos, así como 15 ataques contra autoridades electas.
El reporte de la organización civil destaca que los 31 homicidios relacionados con la violencia electoral también incluyó a personas que participaron en actos de campaña de aspirantes a opuestos de elección popular, así como funcionarios y familiares de los candidatos.
Data Cívica resalta que entre los candidatos privados de la vida figuran Israel Delgado Vega, candidato del Partido del Trabajo (PT) a síndico de Cuitzeo, en Michoacán.
Otra víctima mortal de esta violencia electoral fue Yonis Atenógenes Baños, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Santo Domingo Armenta, en Oaxaca, donde lo asesinaron horas después del cierre de los centros de votación.
La ONG había reportado el pasado 10 de junio un total de 34 candidatos o aspirantes a un cargo de elección popular asesinados en el periodo electoral que empezó en septiembre de 2023 y concluyó el pasado 2 de junio. Sin embargo, advirtió que “la violencia política continúa después de las elecciones”.
A través de un comunicado, la organización civil refiere que “durante junio registramos 15 autoridades ya electas atacadas, 16 funcionarios de seguridad atacados de manera directa, nueve funcionarios de otras áreas, dos integrantes de partido y un familiar atacados”, detalló.
En total, la ONG registró 54 personas en el ámbito de la política que fueron blanco de algún ataque por parte del crimen organizado.
Basta señalar como antecedente que desde enero de 2018 hasta el 20 de julio de 2024, Data Cívica ha documentado 2 mil 025 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas asociadas con el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos.
A pesar de la información y datos presentados por organizaciones civiles, que apoyan su información en datos de las Fiscalías de los 32 estados del país y del propio Gobierno Federal, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, con sus propios datos, solo reconoce hasta el pasado 25 de junio, el asesinato de 12 candidatos a puestos de elección popular y rechaza que éstas sean las elecciones “más violentas” de la historia de México.
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