“La justicia es contramayoritaria: el Poder Judicial debe tomar decisiones con las que la mayoría no concuerda”

“En la Universidad Nacional Autónoma de México hay una pluralidad de opiniones notable, pero hay algo que preocupa a muchas de las personas de la comunidad jurídica: las consecuencias de la reforma al Poder Judicial”, señala el doctor en derecho Rodrigo Brito Melgarejo, “se pretende cambiar la manera de elección de los jueces, magistrados y ministros para que sean electos por el voto popular y hay varias cosas que habría que tomar en consideración”.

En entrevista con Crónica, detalla esta visión de especialista, de constitucionalista, que puede aparecer constantemente en los foros iniciados hoy en la Cámara de Diputados.

–Si debiera explicar a ciudadanos, no especialistas en derecho, de dónde viene esa preocupación sobre la reforma al Poder Judicial, ¿Qué les diría?

–Recordemos que el poder Judicial resuelve conflictos, aplica la ley y que debe tener como hoja de ruta la Constitución y la norma, no los intereses de un grupo, aun cuando ese grupo sea la mayoría. Se habla por ello de un poder contramayoritario, lo que significa que en ocasiones sus decisiones pueden no gustarle a la mayoría, pero en eso radica parte de su esencia: la protección de los derechos, incluso frente a las decisiones de los grupos mayoritarios.

–¿La naturaleza del juez, del magistrado y del ministro no empataría con la idea de que la mayoría del pueblo lo elija?–, se le pregunta al doctor en derecho por la UNAM.

–¿Por qué no se puede someter a votación los derechos humanos? –se pregunta retóricamente el académico universitario y se responde–: Hay límites en las cosas que pueden someterse a la consulta popular. Hay decisiones que deben tomarse en contra de la mayoría o de otra suerte quedaríamos con minorías supeditadas. Y, nos guste o no, un día podemos ser parte de esas minorías.

–Se argumenta que la mejor forma de elección es la del pueblo…

–La reforma habla de que los integrantes del poder judicial se hagan responsables ante la ciudadanía de las decisiones que tomen y dotar de legitimidad democrática a los órganos jurisdiccionales; en este argumento no estamos tomando en cuenta que la democracia no podemos pensarla sólo en términos procedimentales, de elecciones, que es también un concepto sustantivo, que contempla la defensa de los derechos.

–¿Hay más elementos que le permitan ver errores en la concepción de la reforma propuesta?

–Los fallos de los órganos jurisdiccionales deben ser imparciales, fundarse exclusivamente en hechos y normas jurídicas, sin que tengan influencias externas. Con la elección se corre un riesgo pues se dice que no habrá dinero para la elección de jueces, pero sabemos que lo que se dice es diferente de lo que pasa en la realidad. Los grupos de interés de los que habla tanto el Presidente, van a seguir teniendo los mismo intereses; y no sólo esos grupos: se ha hablado muchísimo del crimen organizado, es una posibilidad en un contexto como el que lamentablemente tiene nuestro país.

–¿Qué otro problema de fondo le ve a la propuesta?

–El Artículo 17 Constitucional se modificaría para decir que habrá plazos que deberán de respetarse y no se dice nada de cómo cumplir esos plazos; es muy fácil decir que en 6 meses se tienen que resolver los asuntos judiciales, pero si no hay personal capacitado que tenga el conocimiento técnico.

Lo que permite generar decisiones más rápidas es la especialización, la experiencia que tiene ese personal y eso se está poniendo en riesgo con la reforma, puesto que se da al traste con la carrera judicial. Si bien es cierto que los mecanismos de la carrera se mantienen, estos terminan cuando se llega a la elección de jueces y magistrados. Había hasta ahora una idea meritocrática que incentivaba una mejor preparación; esto queda de lado cuando se le dice a alguien que puede llegar a ser secretario de juzgado, pero para ser juez o magistrado, eso dependerá de los electores.

Si hoy existen deficiencias en la forma en que se dictan las sentencias, hay que ver que si llegan a ocupar los cargos de jueces y magistrados personas que no tienen la carrera judicial, que no han vivido el día a día la resolución de conflicto, los tiempos en lugar de acortarse se van a alargar.

–¿Alguna manera de salvar, de hacer viable la reforma judicial propuesta que pide elección popular de jueces, magistrados y ministros?

–Con información, si lo que se busca es una justicia que responda a las necesidades sociales, hacer ver a los legisladores y a quienes apoyaron la iniciativa que se están dejando de lado las causas estructurales por las que el poder judicial no funciona.

Además hay que dejar claro que la Suprema Corte toma decisiones que echan abajo una ley, pero que eso no es el final, los órganos representativos pueden tomar en cuenta esa resolución y abrir nuevamente el debate. Eso que se plantea como un problema contramayoritario es en realidad una oportunidad: se abre entre poderes, entre el que tiene legitimidad democrática por vía de las urnas (legislativo o Ejecutivo) y el que tiene legitimidad al dar cumplimiento a la Constitución (Judicial), lo que genera mejores decisiones y mejora las instituciones. En lo personal hay riesgos en la reforma que no me gustaría correr.

–Su respuesta suena a “mejor no”…

–Yo creo que mejor no. Hace falta análisis de las causas de los problemas más que irnos a las formas de elección.