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El hombre llegó a la cita. Había duda tras una primera posposición, un repentino cambio de lugar, otro de horario y un intento final por cancelar en definitiva: “Porque estamos pasándola mal, no sólo yo, sino otros compañeros”…
Pero aquí está, con un café en la mano y una frase lapidaria entre labios para quien sumó más de 30 años de servicio: “Me duele decirlo, pero la justicia no existe en Morelos”.
En un caso inédito, hace unas semanas el magistrado Carlos Iván Arenas ventiló presiones de Luis Jorge Gamboa, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, para evitar una vinculación a proceso en contra de Luis Alberto Ibarra “El Diablo”, acusado por la Fiscalía General de la violación y asesinato de una trabajadora del Instituto Nacional de Salud Pública, de otro empleado del organismo y el hermano de este. “Es una solicitud directa de la Mesa de Seguridad de Morelos”, le dijo. También recibió una llamada sugerente de Ulises Bravo, presidente de Morena en la entidad -impuesto por Mario Delgado- y hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco.
Otra versión señala como el homicida real a un sujeto conocido como “Erick Criminal”, agente de la propia Fiscalía de Uriel Carmona…
PECES GORDOS
Con independencia de coacciones y encubrimientos, una constante en Morelos, el magistrado -recién retirado- acepta remover el lodazal de la justicia en el estado. Llega a la cita acompañado de su esposa, inquieta por su seguridad, y atenta a cada movimiento: “Se está metiendo con peces gordos”, dice.
“Hay un respaldo inexplicable de la Federación al gobierno estatal, y eso me hace sentir vulnerable, más aún después de la detención del Fiscal. Me quitaron los escoltas que traía desde 2019 por una amenaza de El Carrete, delincuente muy famoso por acá. Me pusieron el asunto del Diablo en el contexto de mi retiro. ¿Cuántos casos habrá de presión del presidente para determinar quién es culpable, inocente, quién sale? Muchos. El poder judicial abandonó su base, que es la moral”.
-¿Le consta entonces que ha habido presiones en otros casos?
-Sí, que no lo han querido denunciar públicamente y por la vía penal, es otra cosa. Yo había denunciado hace tiempo a otro magistrado, cuando estaba en la sala regional de Cuautla, porque pidió dinero a nombre de los tres que la integrábamos. Siempre ha habido presiones externas: MP´s, justiciables, abogados, diputados, pero ahora fue desde dentro.
Conoce a detalla los cochupos al interior de la institución…
“El legislativo local ofertó un decreto de jubilación anticipada para los magistrados que no habían terminado su periodo, con la idea de generar espacios. El presidente del Tribunal aprovechó eso para buscar al Congreso y ofertarle esas plazas”.
-¿Cuántas?
-Se generaron tres vacantes, los que nos retiraríamos éramos cuatro, ya son siete. Se abrirían tres para una nueva sala en Cuautla y en cinco casos se aplicaría la jubilación anticipada. Los diputados de oposición son 15, y cada uno quería su coto. Reviven un decreto de 2008 que permite la jubilación anticipada a quienes ya hubieran cumplido 10 años en el cargo. El presidente del Tribunal, hábilmente, se compromete a facilitar el proceso a cambio de la ampliación de su periodo de dos a cuatro años. Se chamaqueó a los diputados.
-¿Por qué?
-Los cuatro años requieren una reforma a la constitución, avalada por los municipios. Entonces Gamboa va con el gobernador Blanco a decirle: los diputados se quieren apoderar del Tribunal para hacerte juicio político, le vende protección, y a cambio le pide operar el visto bueno de los municipios; así es como alcaldes de diferentes partidos se empiezan a pasar a Morena, aproximadamente 20, todo operado por Ulises Bravo, el hermano. La reforma se terminó aprobando a principios de julio.
Pero el asalto de posiciones en el Tribunal se paralizó, al menos por ahora… Y a la par el funcionamiento judicial quedó mermado: de 19 magistrados, hoy sólo trabajan 12.
“Al negociar con el gobernador, Gamboa perdió liderazgo, vinieron denuncias en su contra, en especial cuando nombró juez a su esposa, vino un escándalo sexual en su oficina. De los 12 magistrados, conserva un grupo de 5, entre comillas, porque hay dos que de repente le votan en contra. Controvirtió en la Corte el haber para el retiro y se echó encima a todos, hasta a los del Tribunal de Justicia para Adolescentes y Tribunal de Justicia Administrativa”.
-¿Cuál es el fondo de la ampliación del cargo?
-Se quiere proteger.
-¿De qué?
-Está en su décimo año, sus últimos cuatro los cumplirá como presidente, y hay un enorme derroche de obras al interior del Tribunal, está remodelando donde no se requiere. Lo que se necesita son juzgados, personal, salarios, no maquillaje, y hoy predominan abusos con el dinero público, despilfarro de fiestas: en mayo, al cumplir su año, trajo a Caló, rentó todo un salón en un hotel. Trajo también a Carlos Cuevas. Haría falta una auditoria para hacerlo rendir cuentas.
-¿Y quién lo eligió?
-Nosotros los magistrados. Darle un voto de confianza ha sido el peor error de mi vida profesional.
-¿A poco no lo conocían?
-Supo simular. Es increíble todas las cosas que hizo desde que estaba en la Fiscalía, todas las atrocidades que ahora nos han compartido: duró menos de un mes como director de averiguaciones previas porque pedía dinero.
-¿Hubo mano externa en su elección?
-Aprovechó la coyuntura, muchos ya íbamos de salida, habían llegado cuatro nuevos, y con ellos hizo equipo. El nombramiento en Morelos de los magistrados supuestamente es exclusivo de los diputados, pero siempre mete mano el Ejecutivo.
NIDO DE CORRUPCIÓN
La maraña e inoperancia institucional, una lava creciente en la entidad, se refleja en los rostros de las víctimas, quienes han salido a las calles a contar sus historias inconcebibles y a clamar por justicia. Como María Luisa Villanueva, quien pasó un cuarto de siglo en prisión por un plagio inventado, según todas las constancias documentadas durante los últimos años por el abogado Eutiquio Damián Santiago.
Desde 2014 presentó una denuncia por tortura en contra de los elementos del Grupo Antisecuestros, liderado por el comandante Armando Martínez y alentado en aquella época siniestra de finales de los 90´s por el gobernador Jorge Carrillo Olea. La Fiscalía obstaculizó cinco años el expediente; en 2019, forzada por un par de amparos, finalmente le dio entrada, pero hoy sigue pendiente la judicialización.
En 2017, aún estando en prisión, reclamó por primera vez el reconocimiento de inocencia ante el Tribunal de Justicia, pero se lo negaron. Apenas el 9 de junio pasado lo intentó por segunda vez: aunque los magistrados tenían 15 días para resolver, septiembre llegó sin novedad.
María Luisa salió del penal de Atlacholoaya apenas el 2 de febrero. “Quedó libre” no sería la frase correcta. Por dignidad y por la plena convicción de inocencia prefería quedarse tras las rejas a la espera de la resolución judicial que limpiara por completo su nombre, pero no contaba con las triquiñuelas del presidente Gamboa Olea.
Dos días antes: el 30 de enero, en un episodio inusual en el Poder Judicial, la fue a ver al centro de reclusión:
-María Luisa, por haber cumplido 25 de los 30 años de su sentencia, usted alcanza un beneficio -le dijo.
-Ya lo sé, desde los 20 años podría haberlo buscado, pero...
-La vamos a ayudar.
-No he solicitado nada. Estoy esperando que el Tribunal que usted dirige reconozca mi inocencia, y también hay una investigación pendiente por tortura en la Fiscalía, confío en que pronto judicializará.
-¿Usted sabe cuándo va a judicializar? Nunca.
-No importa. Me espero a salir con la cara en alto, que mi familia venga y se entere que jamás cometí un delito.
-Mire María –se desesperó Gamboa-, yo la entiendo, 25 años presa, ya está acostumbrada al penal, ya le gusta, no tiene a dónde ir, está enamorada del lugar.
-Le agradezco, pero no quiero dádivas, quiero justicia…
María Luisa, se sabría después, había anunciado una huelga de hambre para presionar las resoluciones pospuestas de las autoridades y la noticia fue visualizada a nivel federal. Se solicitó al Tribunal atender el asunto.
La mujer, de 48 años, fue forzada a abandonar la cárcel. Se negó a la certificación médica, requisito indispensable en estos casos. Tampoco quiso firmar su salida.
“Llegó una libertad por órdenes del presidente y se va a ejecutar, le guste o no -sentenció la titular del centro.
Las custodias irrumpieron entonces en su dormitorio y atiborraron en una bolsa las pertenencias posibles. Unas la tomaron de las piernas, otras de los brazos, y la sacaron cargando, abandonándola en la pluma de acceso, con sus cosas regadas en el suelo.
“Lo que he vivido es de no creerse, Morelos se ha ensañado conmigo”, dice ella entre lágrimas.
-¿Y las instituciones?
-Son un nido de corrupción, cada quien vela por sus intereses.
-¿Algún funcionario ha sido empático con tu caso?
-No he recibido apoyo de nadie.
-¿Del gobernador?
-Menos. Parece que no tenemos gobernador. Cada lunes me instaló con una manta en la plaza del edificio donde él supuestamente despacha, exigiendo justicia, tiene conocimiento de que estoy ahí, pero está más preocupado en sus escándalos y aspiraciones.
-¿Qué pasa con la justicia en Morelos? -se pregunta al abogado Eutiquio Damián.
-Está en manos de operadores ineficientes, corruptos, que no leen, que no están preparados para garantizarla. Todos los magistrados están en sus puestos por favoritismo político, porque son amigos de políticos o líderes partidistas, muy pocos pasarían una prueba de oposición. Hoy está en juego el nombramiento de siete y las posiciones se están comprando, porque son 14 años para mamar de la ubre de recursos públicos. La justicia es esclava de la política…
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