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La historia de Eleazar Medina Rojas, “El Chelelo", identificado como uno de los líderes más importantes del Cártel del Golfo en las últimas décadas, ilustra el largo camino de simulación e indiferencia gubernamental en torno a uno de los documentos de identificación más valiosos y extendidos en el país: la licencia de conducir.
De 2007 a 2018 fue arrestado cuatro veces -entró y salió por medio de amparos y otras argucias legales- y, en todas las detenciones, le fue asegurada una licencia falsa, con un nombre distinto.
Lo casos abundan en el terreno político-delincuencial…
Apenas en febrero de 2020, al ser detenido en España, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya portaba una licencia de conducir mexicana con el nombre de Jonathan Solís Fuentes, y con la cual -documentó la policía local- había fincado una identidad ficticia en territorio ibérico.
El problema de fondo no es el permiso de conducir en sí, sino su conexión criminal con registros poblacionales oficiales.
La licencia es el documento de identificación más aprobado a nivel mundial, en especial en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y casi todos los de Europa, donde incluso tiene la valía de un documento de viaje, permitiendo el paso de un país a otro. Esto es posible porque se elabora bajo estrictos métodos de seguridad. En la Unión Americana se aplica el llamado Real IDE, lineamiento federal emanado de las recomendaciones de la Comisión 9/11.
En México, la base de datos de este documento es la más completa, después de la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE). De acuerdo con fuentes de la Unidad de Información para la Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en Plataforma México -la cual se nutre de información de los estados- se cuenta con cerca de 32 millones de registros.
Aun con deficiencias y lagunas, como la falta de fotografías o rostros de miles de registrados, y la necesidad de depuración, sus insumos pueden servir para operar el servicio nacional de identificación personal y atraer los bancos de datos biométricos de todas las dependencias públicas para conformar uno solo, validando así toda la información de identidad de los mexicanos.
“Es además un documento aspiracional, el cual la gente quiere tener, por el simple hecho de manejar un auto. Los chicos de 15 o 16, y no se diga los de 18 y más, lo piden, lo atesoran. Además de que garantiza conducir sin problemas con las aseguradoras y los agentes de tránsito”, asegura Reynaldo Labastida, sociólogo de la UAM.
Sin embargo, poco o nada se ha avanzado en homologar, a nivel nacional, su emisión, con todos los candados de seguridad y las herramientas tecnológicas disponibles hasta ahora, las cuales son aplicadas por muy pocos estados. En diversos estados del país la renovación de licitaciones está sujeta a corruptelas, favoritismos e ignorancia sobre el impacto negativo a la seguridad nacional de un documento endeble o vulnerable a las redes de falsificación.
“La integridad de los documentos de identidad es un componente clave de las estrategias nacionales e internacionales contra el crimen y terrorismo”, se señala en el primer párrafo de la Guía para evaluar la seguridad en el manejo y emisión de documentos de viaje, publicada por la Organización de las Naciones Unidas a través de la Organización de Aviación Civil Internacional.
La fragilidad en el sistema mexicano va en contra de las disposiciones y acuerdos firmados desde hace al menos 15 años por autoridades de los tres niveles de gobierno, casi en paralelo a la colección de fraudes y falsificaciones del ya citado “Chelelo”…
Desde el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, signado el 21 de agosto de 2008 en Palacio Nacional, y al cual se sumaron el Poder Ejecutivo Federal, gobiernos de los estados y municipios, Congreso de la Unión y Poder Judicial Federal, entre otros actores, se ordenó a los titulares de los ejecutivos estatales “actualizar las bases de datos de vehículos y licencias de conducir” (como parte de la implementación de un Sistema Único de Información Criminal, abordado en el punto L).
Desde 2010 se emitieron lineamientos en los cuales se estipuló la aplicación de métodos seguros como la toma de biométricos (la fotografía del rostro es útil para procesos de reconocimiento facial a través de software especializados), huellas dactilares y datos personales.
Entre 2016 y 2017, en el marco de los trabajos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, todos los secretarios estatales del ramo firmaron el convenio “Principios Técnicos, de Funcionalidad y Seguridad para las Características, Contenidos y Procedimiento de Emisión de las Licencias de Conducir”, con el objetivo de estandarizar el documento, blindar los datos personales de los ciudadanos, contar con una herramienta colectiva en contra de la criminalidad y conformar una base de datos nacional.
La directriz era de carácter obligatorio y aún continúa vigente. Entre sus principales puntos está: homologar los documentos probatorios solicitados antes de su entrega, el acopio de información biométrica como medida de seguridad, el software para verificar la autenticidad del documento, la capacitación de los funcionarios estatales para el uso de herramientas tecnológicas de verificación y el suministro de datos a una plataforma nacional.
“No todos los estados se preocupan por la seguridad de la información que pueden tener mediante las licencias”, asegura Alejandro Vitela, asesor y consultor integral de seguridad corporativa.
-¿Cuáles son los riegos de no hacerlo?
-Tienes un montón de gente con documentos falsos o identidades falsas. En las entidades donde no se le da importancia al tema, donde no se contratan a empresas especializadas, las licencias son fáciles de falsificar, porque no se siguen parámetros internacionales ni se blindan ante la criminalidad. Puedo llegar ahí, ponerme una peluca, un bigote falso, dejarme la barba y ponerme lentes, me tomo la foto y ya tengo una identificación oficial, pero no soy yo, estoy haciendo una usurpación de identidad.
-¿Cómo se puede evitar eso?
-Los enrolamientos son claves, es decir, los datos biométricos. ¿Por qué, si se hace en los bancos, no se aplica en los documentos de identidad que pueden ser mal usados para cometer actos delictivos? Si la licencia tuviera una base de datos fidedigna, cruzada, con datos biométricos, no habría posibilidad alguna de falsificarla. Hay una laguna legal muy grande en cuanto a la autentificación de documentos de identidad, por eso se pueden usurpar datos de fallecidos, o utilizarse prestanombres o testaferros.
-¿Quiénes son los principales beneficiados por esta fragilidad en la emisión del documento?
-La delincuencia organizada, hay una red muy grande de falsificadores a nivel mundial, los delincuentes terminan por controlar el mercado de la identidad, principalmente en las zonas fronterizas.
-¿Por qué algunos estados no le dan importancia al tema?
-Porque ven la expedición de licencias como negocio, como caja chica; privilegian la corrupción. No quieren invertir en seguridad real, tecnológica y digital, y es lo que aprovecha el crimen para robar identidades y evadir la justicia, lo que se convierte en un problema de seguridad nacional…
El problema de fondo es la falta de legislación sobre identidad en el país. A la fecha, la credencial para votar elaborada por el Instituto Nacional Electoral (INE) es, de facto, el documento de identificación principal, no porque haya sido pensada como tal, sino porque se carece de otra.
En este contexto, tramitar una licencia falsa (aun cuando algunos organismos públicos y privados no la acepten como identificación oficial; el INE sí lo hace), puede facilitar la obtención irregular de otros documentos como el acta de nacimiento, en especial en entidades con rezagos en su sistema de digitalización, o la propia credencial para votar.
Y, a partir de ahí, tramitar un pasaporte y abrir cuentas bancarias. Es decir, generar una identidad falsa, aprovechándose de un sistema nacional de identidad poblacional ya rebasado.
Identidad Real. EU optó, después del 9/11, por reforzar los estándares de seguridad que deben cumplir los estados al emitir documentos de identidad. En prácticamente la totalidad de los casos, la licencia de conducir es el documento que cumple estos criterios. La Ley REAL ID data de 2005 y especifica candados de seguridad para las licencias de conducir y tarjetas de identificación, a la vez que prohíbe la aceptación de documentos sin esos estándares.
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