Búsqueda
Arturo Ramos Ortiz
Una de las contrataciones más importantes de la administración del gobernador de Durango, Esteban Villegas, ha empezado mal, al emitirse las bases y criterios con una premura que la coloca al borde del incumplimiento legal. La licitación de las licencias de conducir fue emitida oficialmente el día 4 de agosto (un domingo) y se han dado dos días para que los interesados accedan a ellas, las analicen y remitan preguntas previo a una junta de aclaraciones que se efectuará el 8 de agosto.
Esta premura contraviene la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios estatal, específicamente en el Artículo 28 donde señala en sus bases que a la letra refiere: “Las bases que emitan las convocantes para las licitaciones públicas se pondrán a disposición de los interesados vía internet a través del sistema electrónico de compras gubernamentales o en las oficinas de las convocantes, a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta siete días naturales”.
Así, en lugar de 7 días paras análisis de los requerimientos del estado, se tendrán sólo dos e incluso para la junta de aclaraciones se tendrán sólo 4.
La ley de Durango tiende a generar plazos mayores a este si se trata de contrataciones multianuales en las que hay inversión superior a los 15 millones de pesos.
En el caso de las licencias de conducir, se trata de una contratación que impacta en diferentes ramos del gobierno del estado, pues si bien hay un tema financiero (y de allí la intervención de la secretaría estatal del ramo y de su titular Franklin Corlay Aguilar), el cobro a los ciudadanos no es el único elemento para discernir en el proceso. Para el área de seguridad pública, las licencias de conducir representan lo mismo un mecanismo de fiabilidad en que los conductores pueden operar los vehículos a su cargo, ya sean motos o autos particulares, pero también los autobuses de transporte público o los tráileres y camiones de carga.
La publicación de las bases obvió esta complejidad y acortó tiempos en una forma no prevista por la Ley de Adquisiciones y echó mano del Periódico Oficial del estado en lugar de poner a disposición de los interesados las bases (que deben ser compradas), a efecto de realizar un análisis técnico completo.
De hecho, el registro de la publicación de las bases del día 4 de agosto es igualmente un acto de fe, pues en la página electrónica de compras estatal, esta licitación puede verse hoy bajo el número de identificación 7467 y refiere que estuvo disponible desde la fecha citada, pero aparentemente esto no ocurrió en realidad y los metadatos (códigos internos que tiene toda web) no tienen ese dato disponible, algo que muchos licitantes procuran colocar justamente para demostrar que la información se publicó debidamente a su tiempo.
En la práctica, el tiempo para comprar las bases está empalmado y vencido con la aparición y disponibilidad real de las bases de licitación en los portales del gobierno estatal.
La ausencia de un periodo serio para valorar los requerimientos de la licitación, además de la ausencia de transparencia en el procedimiento, resulta contraproducente para una identificación sobre la que incluso el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha colocado criterios a cumplir y que, para ser fiable, requiere de múltiples candados de seguridad digitales.
Lo apresurado, en este caso, venció todas esas consideraciones y, de hecho, la premura del gobierno estatal lo ha conducido a establecer una carrera contra el tiempo para tener firmado el contrato dentro de dos semanas, es decir, el 20 de agosto, un día después de la emisión del fallo que declare ganadora a alguna de las empresas que participen en el proceso.
Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .