Llega al Senado iniciativa para crear Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo
Acusa que la CNDH fue creada como una pantalla y con fines cosméticos para administrar los problemas de los gobiernos en turno, esconder los abusos de poder
fracaso
Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
Bajo el argumento de que la CNDH ha fracasado en la defensa de los derechos humanos, esa institución presidida por Rosario Piedra Ibarra envió al Senado una iniciativa de ley para crear la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.
La reforma que ya está en el Senado, plantea que esta defensoría tendrá amplias facultades para garantizar la protección, defensa, observancia, supervisión, el ejercicio y respeto pleno de los derechos humanos en México.
La iniciativa acusa que la CNDH fue creada como una pantalla y uno más de esos organismos públicos sólo en apariencia ‘autónomos’, estructuralmente diseñados con fines cosméticos para administrar los problemas de los gobiernos en turno, esconder los abusos de poder y poner en la congeladora conflictos que no eran del interés de los gobernantes”.
“El problema es estructural y de la visión con la que se concibió a la Comisión en los gobiernos neoliberales, un escaparate para el consumo del extranjero, para dar una imagen de derechos humanos favorable al gobierno”, esgrime
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Se advierte el fracaso de la CNDH, “la de antes, no la de ahora”, ha sido de los más costosos y afrentosos para los mexicanos, pues implica “el fracaso del Estado para señalar, detener, impedir o castigar los abusos a los derechos humanos realizados por agentes de entidades gubernamentales, como el homicidio, la tortura, desapariciones forzadas, agresiones de migrantes, mujeres, homosexuales y transexuales y periodistas, entre otros”.
La exposición de motivos establece que se convirtió a la CNDH en una bolsa de trabajo para partidos y grupos políticos, aunado a un monopolio que reservaba todos los cargos de alto mando a abogados y además exfuncionarios del aparato judicial y de control político gubernamental. “Todo lo cual es el tiempo que llegue a su fin”.
Por ello propone reformar el artículo 102 de la Constitución Política y varios artículos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a efecto de conciliarlos con el artículo 1º de la Ley Suprema para crear esta defensoría en sustitución de la CNDH.
Asevera que la dispendiosa estructura burocrática de la CNDH no ha respondido a las necesidades y expectativas ciudadanas ni se ha conducido con transparencia.
El documento aclara que esta inutilidad no tiene sólo que ver con sus titulares o su personal, pues no es un problema sólo de personas, por lo cual sería injusto y poco serio concluir que todo se hizo mal.
Se reitera que el problema es el modelo, porque desde su creación la CNDH sólo está capacitada legalmente para emitir recomendaciones, que son en realidad declaraciones sin capacidad coercitiva, porque no son obligatorias ni vinculantes para los culpables de actos u omisiones de los derechos humanos.
“La experiencia y el clamor de las víctimas demuestra que el sistema no jurisdiccional y en concreto la CNDH, necesitan transformarse. Y la reforma que necesita nuestro país, la que necesita la propia CNDH, es la que habrá de permitirle defender con muchos mayores elementos y alcances los derechos del pueblo”.
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Incluidos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y precisar también su alcance en la defensa de los derechos electorales, que no implica suplir ni invadir funciones del INE ni del Tribunal Electoral”.
“No se trata pues de mejorar el mismo modelo, sino cambiarlo de raíz, no hacer sólo una reforma cosmética, centrada en un nuevo reparto de las funciones -y del presupuesto- de la alta burocracia de la Comisión y mucho menos en la legalización de lo que demostrado que funciona mal, sino un cambio mayor que coloque en el centro a las víctimas y quienes están en riesgo de algo serio y haga de la defensa de los derechos humanos una auténtica política de Estado”.
La reforma recoge el sentir de decenas de cientos de víctimas y de otros tantos cientos de ciudadanos que claman por contar con una defensa real de sus derechos, lo que implica dar el paso a una auténtica Defensoría Popular.