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Reinventada en el 2019, la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) ha provocado que más personas ingresen a las cárceles en México en los dos últimos años pero de nada ha servido para combatir delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, femicidio, abuso sexual, delitos electorales y desapariciones forzadas, pues estos delitos aumentaron en ese período en el contexto de la crisis de violencia e inseguridad que aqueja al país.
En la mitad de estos delitos, la incidencia delictiva aumentó, lo que sugiere que el hecho de que haya más personas en la cárcel no garantiza que se cometan menos delitos:
En los últimos dos años, la población penitenciaria del país creció un 13.4%, al pasar de 202,337 personas presas, en enero de 2020, a 229,621 personas recluidas en agosto de 2022
De acuerdo al documento titulado “Prisión preventiva oficiosa: primeros resultados a tres años de su implementación”, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, entre 2020 y 2021 -como consecuencia de la reforma constitucional que amplió la aplicación de la prisión preventiva de oficio- aumentó el número de personas presas acusadas de cometer los delitos que se incorporaron a la PPO.
Sin embargo—agrega-- esto no impidió que algunos de estos delitos siguieran aumentando.
Por ejemplo, los feminicidios aumentaron un 3.2%, el abuso sexual un 23%, la desaparición forzada un 13% y los delitos electorales lo hicieron en un 557% en el marco del proceso electoral del año pasado.
El IBD sostiene que, desde sus orígenes, la prisión preventiva oficiosa ha mostrado poca efectividad para contener la criminalidad.
Detalla que aunque en los últimos dos años ha crecido el número de personas encarceladas en México, no existe evidencia de que la prisión preventiva oficiosa sea una medida efectiva para disminuir la incidencia delictiva, además de que viola derechos humanos como la presunción de inocencia y el debido proceso, de acuerdo con los criterios más recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de nuestro país.
Además múltiples estudios realizados en varias partes del mundo han comprobado que la prisión preventiva afecta a las personas más pobres que no tienen recursos económicos para pagar una fianza o un abogado
¿DESAPARICIÓN DE LA PPO?
El estudio recuerda que la prisión preventiva oficiosa se concibe como un instrumento indispensable de la estrategia de seguridad de este gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, los criterios jurisprudenciales más recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la SCJN apuntan más bien hacia su desaparición debido a la incompatibilidad de la prisión preventiva automática con los derechos humanos (libertad, debido proceso y presunción de inocencia).
La poca efectividad que ha mostrado la prisión preventiva oficiosa se confirma con el aumento en varios delitos que se suponía debía inhibir la Prisión Preventiva Oficiosa como Feminicidio pues en el 2021 fueron ingresadas 1,037 personas por este delito en en los centros penitenciarios del país, esto es 9.5% más que las personas recluidas por este delito el año anterior
En cuanto al tema de abuso o violencia sexual contra menores, los datos del INEGI no permiten conocer específicamente el número de personas ingresadas por este delito, pero entre 2020 y 2021, el número de personas ingresadas por este ilícito registró un aumento del 31.6%, al pasar de 2,688 en 2020, a 3,540 en 2021.
Al cierre de 2021, había 5,165 personas recluidas por el delito de abuso sexual en las cárceles del país.
En el año 2020 se registraron 22,377 delitos de abuso sexual y en el 2021 se reportaron 27,713, lo que significó un aumento del 23.8%
Otro delito donde se observó un aumento significativo es el Uso de programas con fines electorales
En el año 2021 ingresaron 38 personas por delitos electorales, 40% más que las personas recluidas por estos delitos el año anterior. . Al cierre de 2021, había 30 personas recluidas por delitos electorales.
En cuanto a desaparición forzada de personas. En el 2021 ingresaron 475 personas a prisión por el delito de desaparición forzada, esto es, 28% más que el año anterior. Al cierre de 2021, había 866 personas presas por el delito de desaparición forzada de personas.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el año 2020 se registraron 9,199 personas desaparecidas y no localizadas, mientras que en el 2021 se reportaron 10,400 personas desaparecidas y no localizadas, lo que significó un aumento del 13%.
Por su parte en cuanto a Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuera Aérea, en el 2021 ingresaron a prisión 10,251 personas por delitos relacionados con armas de fuego, esto es 4.8% más que en el 2020.
Al cierre de 2021, había 22,147 personas recluidas por delitos en materia de armas de fuego y explosivos prohibidos, de las cuales el 63% correspondió al delito de portación de armas ilícita.
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