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La falta de pericia, entendimiento racional e inteligencia política de quien representaba a la Corte y representa -hoy a cargo de ministra presidenta, Norma Piña- provocó y provoca que la rispidez y la mala relación fueran un constante en los asuntos públicos que a los Poderes Legislativo y Ejecutivo les quedaban atribuidos de acuerdo con la Constitución y la Ley, lo que ha detonado en la necesidad de reformar la administración de la justicia mexicana, que “se vende al mejor postor”, dijo Ricardo Monreal Ávila, senador y próximo coordinador de los diputados de Morena de la LXVI Legislatura.
Al abrir el segundo foro de los Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial de la Federación, realizado en la Universidad de Guadalajara, Jalisco, Monreal Ávila señaló que antes de la llegada de Norma Piña como presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, quien asumió en enero de 2023, no se hablaba de una reforma como la que hoy se plantea desde el Poder Ejecutivo, pues el propio presidente Andrés Manuel López Obrador pedía que este poder se “autorregulara”.
“En el primer tramo de gobierno no había intención, no la hubo, de reformas profundas como la que ahora discutimos. Porque había una relación de respeto, de colaboración entre los Poderes, y tras el nombramiento de la nueva presidenta comienza a cambiar la relación entre Poderes y, escudándose en que se debía mantener autonomía e independencia, se empieza a tensar la relación. Los signos y actos jurisdiccionales emitidos por los tribunales, comienzan a separarse y a distanciare de lo que era una relación institucional”, expuso ante abogados, magistrados y catedráticos de derecho.
Señaló que esa invasión se dio sobre temas emblemáticos de Estado, y la invasión frecuente por parte del Poder Judicial a los trabajos o determinaciones del Ejecutivo y del Legislativo comenzaron a deteriorar la relación.
Y por último aseguró a todos los miembros del Poder Judicial y al Sindicato de Trabajadores del PJNF que no tendrán una sola, una sola reforma que les afecta. “No hay en los 16 artículos y los 11 transitorios, algo que les arrebate sus derechos y conquistas. Los trabajadores y sus derechos están a salvo”.
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