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La reforma judicial que pretende el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador tiene un doble objetivo: primero, desmantelar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y otros órganos; y segundo, capturar en su totalidad al Poder Judicial de la Federación.
“Propone, en pocas palabras, pasar de un (muy) imperfecto proceso de designación (de jueces), que no necesariamente garantiza la imparcialidad y el mérito de las personas nombradas, a otro que prácticamente aseguraría la captura y la partidización de la judicatura”.
Directo, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM Javier Martín Reyes, predice “se trata, para decirlo pronto, de un método de designación que constitucionaliza el dedazo presidencial, que rompe con el equilibrio de poderes y que abre la puerta a realizar nombramientos abiertamente partidistas”.
Afirma que ese ha sido en los últimos años “el método de designación que ha permitido la llegada a la SCJN de perfiles no idóneos para el cargo, desde Eduardo Medina Mora hasta Lenia Batres Guadarrama”.
El jurista forma parte de un grupo de alrededor de 40 especialistas que abordan las propuestas de reformas que López Obrador puso sobre la mesa el pasado mes de febrero.
El producto de ello es el libro de reciente aparición “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la república (febrero 5, 2024)”, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Para ese libro, Javier Martín Reyes escribió el ensayo “La elección popular de los poderes judiciales en México: breve radiografía del “Plan C”, donde asienta lo siguiente.
“Las modificaciones propuestas tienen un fin común: purgar primero y luego capturar a todos los poderes judiciales del país, comenzando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
El autor afirma sin lugar a dudas que la SCJN “es el blanco central de la iniciativa presidencial”.
En el desarrollo de su texto califica de “falso” que el plan del presidente busque que en el Poder Judicial Federal (PJF), esté representada la pluralidad de la nación.
“Lo que en realidad quiere la iniciativa presidencial es que a la Suprema Corte y al resto de los órganos jurisdiccionales sólo puedan acceder quienes cuenten con el respaldo de las mayorías partidistas del momento”.
Con la mayoría calificada en sus manos en ambas Cámaras Legislativas el presidente de México y su partido MORENA “busca el desmantelamiento y la captura de los poderes judiciales, comenzando por la Suprema Corte”.
Casi al final del texto se lee que a mediano plazo “el presidente López Obrador pretende moldear la agenda parlamentaria de la próxima legislatura”.
El presidente lleva prisa para la aprobación de la reforma y para ello el autor recuerda los plazos que vienen anotados en la Iniciativa que mando el Ejecutivo al Congreso: en un plazo no mayor a un año se prevé la realización de “elecciones extraordinarias” para elegir a los nuevos jueces, magistrados y ministros.
“De tal forma que cesen en sus funciones todas las y los ministros, magistrados de circuito, jueces de distrito y magistrados electorales que actualmente están en funciones”.
En esa ruta, concluye el autor “en menos de dos años, el obradorismo podría controlar prácticamente a todos los poderes judiciales del país”.
Su balance de la reforma judicial es negativo y la califica de “profundamente regresiva”.
La reforma presidencial no solo trata de elegir vía comicios a los jueces de la SCJN, sino que incluye diferentes aspectos.
Por ejemplo, propone cambios en la estructura organizativa de ese órgano jurisdiccional. Entre otros el acortar el tiempo que duran los ministros en su encargo que actualmente es de quince años, bajaría a doce.
Reducir el Pleno de la SCJN que actualmente lo ocupan quince integrantes, bajaría a doce y se pretende eliminar el funcionamiento en salas.
El libro de 582 páginas que se comenta estuvo coordinado por los juristas Sergio López Ayllón, J. Jesús Orozco Henríquez, Pedro Salazar y Diego Valadés
Inevitable la comparación con Evo Morales
Los estudiosos del tema no dejan pasar por alto el modelo electivo en lo judicial que implanto en Bolivia el Movimiento al Socialismo con Evo Morales en la presidencia.
Es el jurista Cesar Astudillo quien lo recuerda en su texto “La reforma al Poder Judicial. Efectos en el estatus y la mecánica de elección —por voto popular— de sus integrantes”.
Nos recuerda que la iniciativa presidencial busca la elección por sufragio popular de los ministros de la SCJN, magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistraturas disciplinarias, magistraturas de circuito y judicaturas de distrito.
“Cuyo paradigma sólo se encuentra, en perspectiva comparada, en la votación para elegir a los magistrados constitucionales del Tribunal Constitucional Pluricultural y otros altos cargos judiciales en Bolivia, tras la aprobación de la Constitución de 2009”.
Al igual que Javier Martín Reyes, Astudillo habla del desmantelamiento que viene del Poder Judicial.
La pretendida elección democrática en la SCJN y demás órganos no significa otra cosa que “el cese inmediato de sus actuales titulares y el desplazamiento de la garantía de inamovilidad que actualmente tienen (los jueces, ministros y magistrados)”.
En consecuencia el personal del Poder Judicial una vez desplazados de su encargo que hasta ahora se caracteriza de “inamovibles” no tendrán derecho “al haber de retiro con que sí cuentan los ministros en retiro”.
El autor alerta “de aprobarse la iniciativa de reforma constitucional, el daño al Poder Judicial de la Federación será mayúsculo”.
Se preve el cese inmediato de alrededor de mil 665 ministros, magistraturas y judicaturas.
“Los cambios al estatuto jurídico y a la mecánica de selección de sus integrantes buscan dejar a las personas juzgadoras a expensas del poder avasallante de la política, obligándolos a incursionar en el terreno electoral, lo que paulatinamente los irá deslizando a que se conduzcan políticamente.
Ello tendría por resultado el que valoren y resuelvan las controversias constitucionales, de por sí aderezadas de un gran contenido político, “mediante criterios de interés político, en un contexto en el que la expectativa de reelección que se ha dispuesto para las magistraturas de circuito y las judicaturas de distrito incorporarán un aliciente adicional para que su razonamiento se deje llevar por lo que en cada momento reclame el electorado”.
El panorama que plantea Astudillo tiene algo de desolador.
“Cuando el PJF deje de ser independiente, la ciudadanía quedará desprotegida, porque la independencia judicial, más allá de concebirse como una garantía institucional o una prerrogativa personal de sus integrantes, constituye un derecho esencial de las personas a contar con jueces que, sin injerencias ni condicionamientos externos o internos, y bajo una posición de estricta neutralidad, impartan justicia”.
Afirma que sin independencia judicial “el núcleo genético de nuestro Estado constitucional se verá seriamente fracturado… y la propia salud de nuestro sistema democrático se encontrará en un riesgo inminente al verse debilitados los mecanismos que permiten la efectividad de los derechos y libertades de las y los mexicanos”.
“Se impactará la división de poderes”
Un tercer autor que trata el tema es el especialista del IIJ de la UNAM, J. Jesús Garza Onofre y lo hace en su texto denominado “Reforma al Poder Judicial. Sustitución del actual Consejo de la Judicatura Federal por un nuevo órgano de administración judicial separado de la Suprema Corte y creación de un tribunal de disciplina judicial”.
El autor dirige su atención a lo que se espera vendrá para el CJF que en la iniciativa presidencial se pretende sustituir por nuevas instancias: un órgano de administración judicial y la creación de un tribunal de disciplina judicial.
“Es decir, se trata de alterar por completo el modelo de administración judicial como se conoce hasta el día de hoy en México, fragmentándolo en dos, y separándolo funcional y orgánicamente de la SCJN”.
Igual que los anteriores estudiosos del tema, avizora “una propuesta de estas magnitudes impacta no sólo a todo el sistema de justicia, sino también a diversos principios constitucionales, como los de división de poderes y legalidad”.
Acusa “el presidente López Obrador ha aprovechado el contexto de animadversión que él mismo provocó para llevar al extremo las críticas respecto a las funciones del órgano”. Se refiere al CJF.
Ninguno de los tres autores que participan en este apartado de la reforma judicial está en contra de cambios en el PJF, solo que la propuesta presidencial la ven con el claro objetivo de su desmantelamiento.
Garza Onofre, acepta que las instituciones judiciales “necesariamente requieren nuevas dinámicas y cambios que los doten de mayor confianza y credibilidad ante la ciudadanía”.
Sin embargo, precisa que esos cambios “no deben ser” los que propone el presidente de la República, “no sólo por su inviabilidad política y financiera, sino también por sus profundas incoherencias y visión parcial de todo el sistema de justicia”.
Recula el rector de la UNAM
Posterior al fin de semana pasada cuando apareció el libro que se comenta en su apartado de la reforma judicial, la UNAM emitió un comunicado donde se deslindaba de las opiniones ahí vertidas.
Afirmó que “de ninguna manera representa un posicionamiento de la UNAM ni el sentir de su comunidad” y prometía que “en su momento” la UNAM convocará a foros “donde podrá darse una discusión abierta y plural”.
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