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Las detenciones arbitrarias y la tortura persisten en México como "una práctica generalizada", aunque existen avances significativos en esta lucha en los últimos años, afirmó el Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU, que este viernes presentó un informe preliminar sobre el país.
Esto a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura constantemente que estás prácticas han sido erradicadas durante su gobierno.
“La detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y con demasiada frecuencia es el catalizador de malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias”, señaló en conferencia el grupo de expertos integrado por Matthew Gillett, Miriam Estrada-Castillo y Ganna Yudkivska.
Los expertos realizaron una visita oficial entre el 18 al 29 de septiembre a la Ciudad de México, Nuevo León y Chiapas, donde visitaron 15 lugares de privación de libertad, incluidas cárceles, comisarías de policía e instituciones para menores, migrantes y personas con discapacidad psicosocial, donde entrevistó a casi 200 personas detenidas, resaltaron que las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, agencias estatales y municipales "están frecuentemente implicadas" en detenciones arbitrarias.
"En el problema generalizado de la detención arbitraria en México, la prisión preventiva obligatoria es frecuente en el país y se ha ampliado constitucionalmente para incluir en ella otros delitos, lo cual ha sido identificado como una violación a los derechos humanos", expuso Estrada-Castillo.
Además, aseveraron que "es frecuente" el uso excesivo de la fuerza, desde el momento de la aprehensión hasta que los detenidos quedan a disposición ante una autoridad judicial.
"En muchos casos, se infligen tortura y otras formas de malos tratos, incluida la tortura, para obtener confesiones y declaraciones incriminatorias", apuntaron los expertos.
Y señalaron que los retrasos entre el momento de la detención de una persona, su puesta a disposición ante el Ministerio Público y su posterior traslado a la autoridad judicial, "aumentan el riesgo de graves violaciones de derechos humanos durante este período crítico".
Además, denunciaron que la detención arbitraria "afecta a una amplia gama de personas en México, con riesgos particulares para los grupos vulnerables, incluidos pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas LGBTI+, adolescentes, adultos mayores y personas en pobreza".
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