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El traspaso del mando de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aprobado en el Senado de la República significa un retroceso a la seguridad pública, aseguró la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), posición a la que se sumaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional (AI).
“Las reformas dejan efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México. Los mecanismos de derechos humanos han señalado claramente que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes”, destacó la comisionada interina de la ONU-DH, Nada Al-Nashif.
A través de un comunicado, la Alta Comisionada, quien llegó hace un par de semanas al órgano especializado de la ONU en sustitución de Michelle Bachelet, sostuvo que las fuerzas armadas deben estar subordinadas a las autoridades civiles y no al revés, ya que de lo contrario se generan preocupaciones en materia de derechos humanos, principalmente en la falta de rendición de cuentas.
Asimismo, Nada Al-Nashif cuestionó que los debates para la aprobación de esta reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador fueron muy limitados antes de que llegara al Congreso de la Unión y se posicionó en contra de la iniciativa planteada por la diputada Yolanda de la Torre del PRI, para que el Ejército permanezca en tareas de seguridad pública hasta 2028.
En el mismo tenor, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumó a este posicionamiento en contra del pase de la Guardia Nacional a la Sedena, e hizo un llamado a México para reconsiderar las modificaciones en materia de seguridad y apegarse a los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos.
A través de un comunicado, el organismo internacional alerta sobre la militarización de las tareas de la seguridad pública y su función en el recrudecimiento de la violencia e impunidad. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por la aprobación de una serie de modificaciones normativas que someten a la Guardia Nacional al control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, y ante este hecho, urge al Estado mexicano a reconsiderar estas modificaciones en cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos frente a la militarización de la seguridad ciudadana”.
En tanto y en la misma línea, la organización Amnistía Internacional (AI) rechazó la aprobación del Senado sobre la reforma que pasa al Ejército el control de la Guardia Nacional por considerar que eso generará más violaciones a los derechos humanos en México.
“Amnistía Internacional rechaza categóricamente la decisión de las y los senadores de legalizar la militarización de México“, señaló el organismo a través de un comunicado.
El organismo internacional refiere que la aprobación de la iniciativa que formaliza la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena haciendo oficial su carácter militar, por parte del Senado, “representa un atroz acto que pone en riesgo la garantía de los derechos humanos en México”.
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