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Los opositores PAN, PRI y Movimiento Ciudadano denunciaron la existencia de riesgos a la justicia y la economía por el último paquete de polémicas reformas constitucionales que anunció este viernes el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y que incluyen cambios a la Suprema Corte, el sistema de pensiones y las elecciones.
Marko Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional, alertó en particular sobre la reforma judicial, que permitiría elegir por voto popular a los jueces, magistrados y a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que podría derivar en un "sometimiento" de la justicia.
“El tema es muy delicado y nosotros no vamos a apoyar ninguna propuesta que debilite la independencia, autonomía del Poder Judicial y el equilibrio de división de poderes", expresó el líder panista.
"Es un dulce envenenado que, en realidad, busca expropiar el ahorro de los trabajadores, como lo hicieron con los fondos de reserva, los fideicomisos y el dinero para enfermedades catastróficas como el cáncer", comentó el panista sobre la reforma de pensiones.
Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional, adelantó su rechazo a la reforma judicial de AMLO, quien también busca que los ciudadanos elijan a los consejeros electorales y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
"Han insistido en poner de rodillas al Poder Judicial y no lo vamos a permitir. Los ministros, jueces y magistrados no pueden ser elegidos mediante el voto popular. Debemos fortalecer la división de poderes", manifestó Manuel Añorve, coordinador en el Senado del PRI en la red social X.
La misma posición la compartió el opositor Movimiento Ciudadano.
"La Bancada Naranja en el Senado está firme y lista para defender la autonomía y la independencia del Poder Judicial ante cualquier intento del régimen por vulnerarlo o debilitarlo", indicó el líder de los senadores de MC, Clemente Castañeda, también en redes sociales.
López Obrador anunció que el próximo 5 de febrero presentará el último paquete de iniciativas constitucionales antes de concluir su mandato en octubre con la esperanza de que su alianza recupere la mayoría de dos tercios del Congreso que se requiere para modificar la carta magna y que perdió en las elecciones intermedias de 2021.
Además de la reforma judicial, entre las propuestas destacan la de transformar el Instituto Nacional Electoral (INE), ente autónomo que organiza las elecciones, la de subir siempre el salario mínimo por encima de la inflación, y la de modificar el actual sistema privado de pensiones para que los jubilados reciban su sueldo completo.
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