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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) que encabeza Alejandro Gertz Manero debe dar a conocer la fecha exacta en la que entregó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la información necesaria para solicitar a los Estados Unidos la extradición del ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien purga una condena en Estados Unidos por supuestos vínculos con el crimen organizado.
Asimismo aclaró que en caso de que no se haya entregado, deberá explicar las razones de ello y la fase en que se encuentra el procedimiento, instruyó
Este requerimiento está relacionado con el operativo conocido como Rápido y Furioso, que llevó a cabo la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos, entre 2009 y 2011, mediante el cual ingresaron a México más de dos mil armas de fuego, que contaban con un chip para rastrearlas; sin embargo, se perdió el control de los dispositivos, recordó el comisionado Adrián Alcalá Méndez
“Los hechos conocidos como Rápido y Furioso estallaron debido al hallazgo de dos rifles de asalto que fueron utilizados en un tiroteo, donde murió un agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense, cerca de la frontera entre Arizona y México, además, el 15 de febrero de 2011, fue asesinado, en una carretera en San Luis Potosí un agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas, con un arma del operativo. Esto ocurrió en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, siendo Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna”, expuso.
Al presentar el asunto ante el Pleno, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez enfatizó que este asunto resulta trascendental, pues se encuentra relacionado con actos posiblemente delictivos de un alto ex funcionario de la Administración Pública Federal.
“Dar a conocer información como la requerida permite crear credibilidad con la sociedad para la rendición de cuentas, pero también transparentar el ejercicio de la función pública al evidenciar su actuar”, afirmó Alcalá Méndez.
En este contexto, una persona solicitó a la FGR esta información pero la dependencia señaló que se encontraba jurídicamente imposibilitada para pronunciarse sobre lo requerido, pues los datos se encuentran clasificados como confidenciales, ya que revelarlos atentaría contra la intimidad, el honor, la vida privada, el buen nombre, la seguridad y presunción de inocencia de una persona.
Sin embargo, Alcalá Méndez advirtió que en este asunto se confrontan el derecho de acceso a la información, en su vertiente de rendición de cuentas sobre el proceso de extradición de un ex servidor público de alto nivel y, por otro lado, el derecho a la protección de datos personales.
La ponencia llevó a cabo una prueba de interés público, conforme a los elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad; mediante la cual se determinó que la única forma de acceder a lo requerido es mediante el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública garantizado por el INAI.
Además, se identificó una necesidad de publicitar los nombres de las personas servidoras públicas citadas a declarar en la investigación ante el sujeto obligado y que siguen un proceso penal, pues es la única manera de dar cuenta de la función pública conferida por el encargo, motivo por el cual no prevalece la confidencialidad de los nombres.
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