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Organizaciones campesinas, encabezadas por la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), demandaron a la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la urgencia de una estrategia de pacificación que ponga fin a la violencia en el campo y en el país.
La UNTA, que lidera Álvaro López, advirtieron que se debe pensar en el objetivo de acabar con “las alianzas de grupos del poder económico y político con la delincuencia organizada”, pues consideraron que es uno de los factores de expansión del narco que busca romper la resistencia del campesinado y los pueblos indígenas.
“La injerencia del crimen en la política es una estrategia para lograr impunidad y robo de los recursos del país. Poder económico, político y crimen organizado son una sola cosa en algunos puntos del país”, aseguró López Río.
Decálogo de peticiones
Asociaciones campesinas como CODUC, MST, CNPA, CIOAC- JDLD, UFIC y OPDRS A.C., dieron a conocer una serie de peticiones que buscarán plantearle a Sheinbaum Pardo. Primero, que convoque a un diálogo nacional con la sociedad mexicana, incluyendo a la población rural, para la construcción de una banca de desarrollo agropecuario, con instrumentos de crédito accesibles para impulsar la producción primaria y construir un “nuevo pacto social para el desarrollo y bienestar del país”.
Señalaron que esa bancada debe contar con instrumentos de crédito accesibles para impulsar la producción primaria, el financiamiento de infraestructura de riego; infraestructura poscosecha y comercialización; insumos y seguro. “El universo de atención de esta banca serán los pequeños productores”, expusieron dentro de un decálogo de sus peticiones para la próxima jefa del Ejecutivo.
La UNTA y demás organizaciones consideran que otra prioridad es atender la soberanía y autosuficiencia alimentaria. El presupuesto rural que requiere que se recupere y se reoriente; además de detener la devastación ambiental, la crisis climática y la sequía; así como mantener el agua como derecho humano; poner un alto a la violencia y al dominio del crimen organizado en el campo.
Los dirigentes señalaron que la agricultura campesina familiar está formada por 3.9 millones de unidades de producción que representan el 72% del sector agrícola nacional y producen los granos básicos (maíz y fríjol) y el resto de los productos que hacen la base de la soberanía alimentaria.
“Esta soberanía requiere de una renovación de toda la infraestructura productiva, ampliación de nuevas áreas y tecnificación de riego, la producción de insumos amigables, desarrollo de nuevas formas en el manejo del crédito, participación en mejores condiciones en el desarrollo de los mercados internos y externos, así como cambiar hacia una nueva agricultura agroecológica. Es necesaria su recuperación y reorientación, pues desde 2015 a la fecha el Presupuesto Especial Concurrente (PEC) ha permanecido estancado en términos reales. Esto permitirá un presupuesto mejor organizado lo que revertirá el rezago en la producción de alimentos, en las importaciones de alimentos y la destrucción de las cadenas alimentarias”.
Por último, Álvaro López enfatizó que la crisis de agua se debe de atender ya, “pues la crisis hídrica que enfrenta el país refleja en una sequía que abarca al 75% del territorio nacional”.
Advirtieron la necesidad de una nueva política de agua que debe incluir cambios constitucionales, conceptualizando al agua como bien asociado al territorio, poner fin al sistema concesiones y del mercado del agua, entre otros.
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