La politización de la justicia, la falta de experiencia de jueces y magistrados, además de la probable complicidad y “pactos inconfesables” con la delincuencia organizada, son algunos de los graves riesgos que implica la reforma al Poder Judicial que impulsa el Ejecutivo y Morena en ambas Cámaras del Poder Legislativo.

Así lo advirtió el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, quien pidió al Ejecutivo reconsiderar estos y otros riesgos que, lejos de fortalecer el sistema de justicia, más bien podrían afectar la independencia, imparcialidad e idoneidad en la impartición de justicia.

“El gobierno debe reconsiderar una reforma que afectaría gravemente el Estado de Derecho y también pondría en riesgo los acuerdos y tratados internacionales de los que México forma parte”, alertó.

Otro grave riesgo es que los candidatos a jueces con tal de ganar generen pactos inconfesables con los grupos de la delincuencia organizada, tal como lo ha señalado la agencia norteamericana antidrogas (DEA), lo que podría comprometer su independencia y objetividad en la toma de decisiones judiciales y poner la justicia en manos criminales.

El panista advirtió que así como está planteada la reforma podría generar graves retrocesos, porque los primeros beneficiarios serían la delincuencia, el gobierno y el partido en el poder, manipulando el sistema judicial y sesgando la verdadera impartición de justicia.

“Los jueces y magistrados estarían obligados a someterse a los intereses de quienes financiaron sus campañas y de esa manera se compromete su independencia”, alertó.

El dirigente panista alertó que la aprobación de una reforma “que tramposamente implica la elección de jueces, ministros y magistrados a través del voto directo de la ciudadanía implica enormes riesgos” que pueden desestabilizar el sistema judicial del país.

Entre los riesgos de esta reforma, Cortés Mendoza mencionó la politización de la justicia, ya que la elección de jueces y magistrados se convertiría en un proceso altamente politizado, habida cuenta de que los candidatos podrían ser seleccionados en función de su afiliación política en lugar de su idoneidad y capacidad para ejercer la justicia de manera imparcial.

También la falta de conocimiento y experiencia es un factor a considerar, pues podría llevar a la elección de jueces y magistrados que no cuenten con las habilidades y competencias requeridas para ejercer su función de manera efectiva.

Cortés indicó que la elección directa de jueces podría implicar cambios frecuentes en la composición de los tribunales, ya que podrían ser elegidos por períodos de tiempo limitados y esto podría afectar la estabilidad y continuidad del sistema judicial.

Ello a su vez —agregó— podría tener un impacto negativo en la calidad y consistencia de las decisiones judiciales, además sus compromisos y resoluciones podrían estar más pensadas en poderse elegir o reelegir como jueces o magistrados, que en verdaderamente hacer justicia.

“La elección directa de jueces se daría en un contexto de conocimiento limitado por parte de la ciudadanía sobre el funcionamiento y los principios del sistema judicial, lo que podría generar una total falta de confianza en la justicia y afectar la legitimidad de las decisiones judiciales”, alertó.

Por el contrario, expresó, existen áreas de mejora al Poder Judicial, pero todas estas deben fortalecerlo, buscar mecanismos que garanticen la independencia, imparcialidad y la idoneidad en la impartición de justicia.

“No podemos permanecer indiferentes ante un proyecto que socava la independencia judicial y debilita las garantías constitucionales, por lo que hacemos un llamado a la sociedad civil a informarse y a estar en alerta ante la eventual discusión y aprobación de una reforma dañina para el país”, estableció.

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