"Paso veloz a una reforma al PJ da entrada a mayores problemas en impartición de justicia": Norma Piña
La ministra presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura llamó al Poder Legislativo a resolver las diferencias con el Judicial y construir un México que garantice la justicia y centrar a las víctimas en una crítica de cómo mejorar sus necesidades
cámara de diputados
El pleno de ministros de la Corte expuso ante la Comisión de Puntos Constitucionales los pros y contras de una reforma al vapor al Poder Judicial de la Federación.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña, advirtió en la Cámara de Diputados que un “paso veloz” para aprobar una reforma al Poder Judicial de la Federación, es decir, modificaciones estructurales, “sólo puede dar entrada a problemas mayores”.
Al participar en la apertura de los Diálogos Nacionales para una Reforma al Poder Judicial de la Federación, les dejó muy en claro que impartir justicia no sólo es una cuestión de leyes y de tribunales, la justicia –dijo- es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno.
">La justicia no es solo una cuestión de leyes y tribunales. La justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno: Min. Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del #PJF pic.twitter.com/6Mxi2gFl6a
— Suprema Corte (@SCJN) June 28, 2024
“Resulta esencial decirlo con toda claridad: la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial. Lo resalto con la mayor vehemencia, con el mayor énfasis, pensar en una reforma al Poder Judicial implica como mínimo reflexionar sobre el papel que desempeña, como piedra angular para mantener la paz y la cohesión, a defender de manera imparcial e independiente los conflictos que surgen en una sociedad democrática”, expresó ante los legisladores de la llamada 4T que impulsan cambiar la estructura actual, disminuyendo el número de integrantes de la Corte, de 11 a 9, pero lo que más preocupa a los operadores de justicia es la designación de jueces que resuelven conflictos en materia civil, penal, administrativa y mercantil, entre otras.
Por eso llamó a que tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial sean críticos con la justica que se imparte en México.
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“Critiquemos partiendo de la verdad, de los datos ciertos, de las cifras correctas valoradas en su contexto, criticamos con honestidad, con responsabilidad de Estado. Estamos convencidos de que escuchar es la práctica clave para proponer un cambio”, dijo la ministra. Estamos abiertos a entablar un diálogo, un diálogo responsable, pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión, resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento, diluyendo así la idea de una decisión tomada”, pidió la ministra presidenta que llegó al cargo en enero de 2023 y quien comprometió al Consejero de la Judicatura a estar presentes en los siguientes ochos foros que llevarán a cabo para la construcción de un dictamen de reforma al Poder Judicial.
El pleno de la Corte acudió al llamado de la Comisión de Puntos Constitucionales, ante la que reiteró la defensa de que para garantizar la impartición de justicia no puede darse sin la real independencia de los juzgadores.
Piña Hernández pidió que la crítica centre las necesidades de las víctimas y de los usuarios del sistema de justicia.
Afectación a la economía nacional
En ese tenor se pronunció el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien advirtió que una reforma judicial mal hecha afectará la economía nacional, por lo que se pronunció por construir una reforma basada en la profesionalización de los operadores de justicia.
“Cualquier reforma al Poder Judicial debe partir de esa premisa: una reforma mal hecha afectará la economía nacional, mientras que una exitosa potencializará el crecimiento económico”, dijo el ministro durante su participación en el primer foro de reforma al Poder Judicial.
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El ministro dijo que en caso de instaurar el voto popular para la elección de jueces y ministros se debe prever “el impacto económico de un mal diseño, lo que podría generar un costo para quienes usan el sistema de justicia”.
Coincidieron con sus compañeros, los jueces constitucionales Luis María Aguilar, quien enfatizó: “Yo coincido con muchas de las opiniones que se han expresado aquí, con propuestas que se han señalado, con participaciones de muchos de los evaluadores y analistas que han participado en esta ocasión. De tal manera que no quiero repetir cuestiones tan importantes, como las que, por ejemplo, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena señaló como requisitos en la vida de los jueces o los juzgadores que, además, son parte de los principios de independencia de la Judicatura que se expidieron desde 1985 en Naciones Unidas y, de las cuales, México aprobó en la Asamblea General”.
Margarita Ríos Farja se manifestó por preservar la carrera judicial,
“La carrera no debe desaparecer, sino mejorar para que siga siendo una de las más profesionales de México y donde además existe movilidad social, de por sí son pocos los espacios que permiten movilidad social. Necesitamos preservarlos”.
Albero Pérez Dayán se pronunció por mantener la división de poderes.
“La división de poderes y el sistema de frenos y balances de las funciones públicas caracterizan y dan fuerza a los regímenes democráticos modernos. México no debe ser la excepción, no debemos dejar pasar la inmejorable oportunidad que representa para esta nación esta valiosa iniciativa. Sumemos ahora sí la experiencia legislativa, la experiencia judicial e impulsemos la voluntad del Ejecutivo de modo que los 3 Poderes, unidos como garantes, refrenden el compromiso del Gobierno con su pueblo, eso es lo que persigue una mejor justicia”.
El primer foro cerró con un momento agridulce cuando, el expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar, acusó a su sucesora de romper la independencia del Poder Judicial al meterse en las elecciones presidenciales y de convertir a la Corte en una institución de impartición de justicia elitista.
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