La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, aseveró que la reforma al Poder Judicial es justa y necesaria, pues en la actualidad ese poder de la República no coopera y, en cambio, bloquea las transformaciones que requiere el proceso democratizador que está en marcha por lo cual será objeto de una profunda transformación que incluye la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a nueve integrantes.

Asimismo, se reducirá su periodo como magistrados de 15 a 12 años y se eliminarán las dos salas superiores de la Corte.

Paralelo a ello, se plantea sustituir al Consejo de la Judicatura Federal, o por el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial.

En ese sentido, la morenista perfiló algunos de los principales cambios que traerán consigo la reforma al Poder Judicial que se plantea discutir y en su caso aprobar en el arranque de la próxima legislatura que empieza en septiembre próximo.

El principal cambio es que, jueces, ministros y magistrados serán electos por voto popular, pero la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Poder Legislativo (Senado y Cámara de Diputados) así como la propia Corte, tendrán derecho a postular 10 candidatos a esos cargos.

Así, las y los candidatos a ministros de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral serían propuestos de la siguiente manera: 10 por el Poder Ejecutivo, 10 por el Poder Legislativo (cinco por cada Cámara) y 10 por el pleno de la Corte, y en todos los casos, con respeto a la paridad de género.

Eso no significa que los jueces y magistrados vayan a emprender campañas electorales a través de algún partido político, acotó, sino que, para dar a conocer sus propuestas, programas de trabajo y perfiles profesionales, tendrían acceso a los tiempos oficiales en radio y televisión, explicó.

Rivera detalló que en lo que respecta al Consejo de la Judicatura Federal, se propone sustituirlo por el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial en un intento porque ningún magistrado o magistrada concentre atribuciones y facultades que puedan derivar en autoritarismo y arbitrariedades.

Pero esta reforma también propone garantizar la justicia pronta y expedita al establecer como máximo un año para que los jueces y magistrados resuelvan asuntos en materia penal y seis meses en materia fiscal, y así evitar demoras que terminan por afectar a los más pobres y favorecer a los oligarcas que pueden pagar abogados durante años para no ser afectados en sus intereses.

La presidenta del Senado aseveró que una reforma democratizadora del Poder Judicial es justa y necesaria, pues el pueblo de México exige poner fin a la impunidad, la corrupción, la violencia y el contubernio entre autoridades, jueces y criminales de todo tipo.

En ese sentido, la legisladora subrayó que es importante poner atención especial en los procedimientos y jueces de distritos locales, ya que muchos de los vicios y corruptelas ocurren ahí.

“La administración de justicia en favor de los más desfavorecidos encuentra a ese nivel sus primeros obstáculos, pues quien puede comprarla obtiene los fallos judiciales a su favor y quienes no, frecuentemente, solo obtienen el oprobio, el presidio o el olvido”, señaló.

A partir del 25 de julio, la Cámara de Diputados realizará al menos 8 foros de discusión sobre la reforma al Poder Judicial.

Se realizarán tres foros en la Ciudad de México, con sede en la Cámara de Diputados y cinco más en los estados de Chiapas, Jalisco, Puebla, Veracruz y Sinaloa.

Los foros inician el 25 de julio, en la Cámara de Diputados y cerrarán el 6 de agosto próximo en Sinaloa.

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