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A casi 60 días de que la Comisión Federal de Electricidad suspendió el suministro de energía a la planta cementera La Cruz Azul, en Tula, Hidalgo los trabajadores y sus familias exigen al Gobierno de México y al Poder Judicial Federal la restitución del Estado de derecho y fin a la evidente impunidad.
En estos dos meses los recursos jurídicos ante jueces y magistrados federales han dado la razón a los trabajadores de la planta quienes han visto la parálisis total de sus actividades con pérdidas de más de 800 millones de pesos, según estimaciones del complejo laboral.
La suspensión de la energía eléctrica, señalaron, no es más que un acto de impunidad y tráfico de influencias orquestado por el grupo que representa Víctor Manuel Velázquez y su abogado Rafael Ansurez, este último hijo del presidente del Tribunal Federsl de Justicia Administrativa, Rafael Ansurez Uribe.
De hecho el conjunto de trabajadores de la planta La Cruz Azul de Tula Hidalgo volvieron a obtener un triunfo en un tribunal colegiado— de esa entidad con lo cual se ordena nuevamente a la Comisión Federal de Electricidad que encabeza Manuel Bartlet Días la reinstalación del suministro de energía eléctrica.
De incumplir este ordenamiento único y definitivo de la justicia federal el titular de la CFE, Manuel Bartlet podría enfrentar una causa penal por desacato.
En los últimos dos meses los trabajadores de La Cruz Azul en esa entidad an padecido enfermedades, carencias económicas, dificultad para cumplir con compromisos económicos y algunos sin la posibilidad de que sus hijos asistan a la escuela.
Además siguen al asedio del bloque opositor dirigido desde Ciudad de México y con el tráfico de influencias que representa su equipo jurídico.
Hasta el momento ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno se ha pronunciado por este caso y menos aún se han preocupado por el bienestar de la fuerza laboral y sus familias.
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