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El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, envió la mañana de este lunes al Congreso del estado una solicitud de licencia para separarse de su cargo, con carácter de urgente, a fin de buscar la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano.
La solicitud de licencia contempla que se separará de su cargo por seis, meses antes de la elección presidencial del próximo año, el documento fue entregado en el recinto legislativo por Ulises Carlin, consejero jurídico de Nuevo León, ante el Congreso del Estado.
Samuel García solicitó ausentarse del cargo a partir del 2 de diciembre próximo, con el propósito de participar en el proceso interno del partido Movimiento Ciudadano para la elección de la persona que lo representará en la elección presidencial de 2024.
Además, Samuel García Sepúlveda sugirió que el secretario General de Gobierno de la entidad, Javier Navarro Velazco, debe ser quien lo sustituya en el cargo, quien dará continuidad al gobierno emecista.
Sin embargo, PAN y PRI que son mayoría en el congreso local, ya le advirtieron que no le concederán dicha licencia.
el próximo 3 de noviembre arranque el registro de quienes aspiren a convertirse en candidato o candidata presidencial del partido naranja en el 2024, según la convocatoria que la Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano lanzó en septiembre pasado.
Tres días después, es decir, el 6 de noviembre, se conocerá las precandidaturas que procedieron y del 4 al 11 de noviembre se registran quienes aspiren a Diputaciones o Senadurías y a más tardar el 18 de noviembre se notifica su procedencia.
Cabe recordar que el pasado 18 de octubre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó un recurso promovido por Samuel García, donde buscaba un aval a su pretensión de solicitar licencia temporal al cargo de gobernador para buscar la candidatura presidencial del partido Movimiento Ciudadano.
En esa ocasión, la mayoría de magistrados de la Sala Superior del TEPJF argumentaron que no existían elementos fehacientes que acreditaran una posible afectación a los derechos político-electorales del mandatario neoleonés y que las pruebas aportadas por el mandatario no eran suficientes para configurar una “acción declarativa”, cuya finalidad es dar certeza jurídica a una persona ante una situación jurídica indefinida.
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