Pide Taddei detallar qué tan seria es la elección de jueces, de eso dependen recursos para proceso

Por primera vez en siete de los nueves foros de “Los Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial de la Federación (PJFI)”, cuyo tema fue estrictamente tratar la “Elección popular de integrantes del Poder Judicial” -en los que la solicitud dominante de los ponentes es prudencia en la aprobación de la propuesta presidencial- la opinión del Instituto Nacional Electoral (INE) fue llevado a la Cámara de Diputados, donde Guadalupe Taddei, consejera presidenta de este órgano autónomo, reclamó claridad en la iniciativa, porque advirtió que el costo de estos comicios se acerca al de una elección Presidencial.

Taddei Zavala demandó que este presupuesto tiene que ser justo para que el proceso sea de la calidad que requiere la ciudadanía y, en caso de que se apruebe la iniciativa, el INE deberá entrar en trabajos rápidamente con la Cámara de Diputados para definir lo que se requiere.

“El INE debe buscar una consonancia entre el proceso electivo del Poder Judicial y las elecciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Es decir, no podemos hacer un proceso electoral con menor requisito y menor rigor que el que ya el país está acostumbrado a tener, en el término de los otros dos poderes de la Unión. El presupuesto no es caprichoso, tiene que ser justo a lo que se requiere para que sea de la calidad que requiere nuestros ciudadanos y ciudadanas, y la segunda, el instituto deberá, en caso de que esto se apruebe, entrar en trabajos rápidamente con la Cámara de Diputados para ir definiendo puntualmente lo que sí requiera para llevar a buen puerto esto, si pasara la aprobación del Congreso”.

Guadalupe Taddei destacó que la ser la primera ocasión que se implementaría en nuestro país este tipo de proceso la responsabilidad es mayúscula para el INE: “No podemos fallarle a ningún ciudadano que ya ha aprendido a votar, el diseño de la boleta electoral, cuál va a ser, cuántos candidatos vienen en una boleta”, expuso, por citar algunos ejemplos de los retos que enfrenta el órgano.

La pasada elección presidencial tuvo un costo aproximado de nueve mil 500 millones de pesos, por lo que esta elección rondaría los seis mil millones de pesos.

Ministros de la Corte; Lenia Batres hace eco de las críticas desde Palacio Nacional

A este séptimo foro acudieron por segunda ocasión ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ellos ahora Lenia Batres, cuya participación fue refrendar que la iniciativa amlista se apruebe en sus términos.

“La organización de concursos en los que sólo pueden participar quienes ya forman parte del Poder Judicial ha sido una forma para premiar y perpetuar el nepotismo que, por cierto, se encuentra prohibido en la Ley General de Responsabilidades de las Personas Servidoras Públicas. A pesar de que en la historia han abundado las descalificaciones hacia la democracia, hasta la fecha nunca ha representado un problema, sino más bien, la mejor manera de resolver nuestros problemas”, dijo quien se autonombró “la ministra del pueblo”.

En tanto, Yasmín Esquivel, que se ha alejado por mucho de la propuesta tal cual del presidente López Obrador, añadió tres propuestas a la que ya se aceptó de manera casi unánime tras los primeros seis foros, que es el de la gradualidad.

Sugirió que en el dictamen se establezca que tanto magistradas y magistrados de circuito, así como juezas y jueces de distrito participen en una jornada electoral de revocación del cargo, dentro de la circunscripción electoral de su desempeño, a fin de que se les revoque su nombramiento si así lo determina la mayoría de la ciudanía; dentro de una participación de al menos 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal o bien el porcentaje que determine la Legislatura.

La segunda propuesta es que quienes ya se encuentren laborando en los diversos órganos jurisdiccionales se les permita acceder a los procesos de elección popular en forma prioritaria, siempre y cuando cumplan con los demás requisitos previstos en el artículo 97 de la iniciativa de reforma; esto con el objetivo de no interrumpir la carrera judicial.

Y la tercera, como una acción afirmativa que, en la primera elección popular de integrantes de la SCJN, tribunales colegiados y juzgados de distrito se postulen exclusivamente mujeres, para lograr su mayor presencia en los órganos de impartición de justicia.

Por su parte, Juan Luis González Alcántara Carrancá manifestó su desacuerdo en que la elección de los operadores de justicia se vulnere su perfil, es decir, la carrera judicial debe ser preponderante.

“He escuchado decir que cualquiera puede redactar una sentencia hemos luchado durante décadas para que no sea cualquiera quien pueda hacerlo para que solamente sean personas imparciales sin intereses personales sin padrinos políticos quienes puedan hacerlo no entendamos a la carrera judicial como un cuero elitista y obscuro de expertos entendámosla como un esfuerzo colectivo para que las personas que dirimen las controversias sociales alcancen a través de la formación y experiencia la imparcialidad espero fervientemente que esta reforma pueda reencauzarse a esa finalidad y no representar un paso definitivo para atrás”.

Por último, Jorge Mario Pardo Rebolledo reiteró: “No comparto que la elección popular de jueces, magistrados y ministros sea el método adecuado para este tipo de designaciones,

“El diagnóstico que sustenta la iniciativa no es suficiente para demostrar que el mecanismo que ahora se propone es el adecuado para lograr los fines que se persiguen, ya que la corrupción y la impunidad no están directamente vinculados con la estructura de la Judicatura o con el nombramiento, o la forma de nombramiento de sus integrantes, por lo que me parece que no es justificado la destitución integral, desconociendo derechos laborales y de retiro de la totalidad de titulares de la Judicatura Federal a manera de represalia”, sentenció.