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El precio de la tortilla, alimento básico de los mexicanos, no es fijado hoy por el costo del maíz o de la harina, sino por la delincuencia, aseguró en entrevista con Crónica Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT).
“Hoy la tortilla se cobra con base en las extorsiones, los cobros de piso y las condicionantes de los grupos delictivos. Hay puntos del país donde te dicen: ´aquí sólo entrará tal harina y el precio es este, aquí sólo entrará tal gasera y es tanto, aquí sólo se surtirá tal maíz y el costo es tal´; si la tonelada está a 7 mil 500, te la imponen a 9 mil, a 10 mil. Las acciones del crimen son las que definen el mercado”.
“En distintos estados están amenazando a los compañeros, o los están asesinando. Apenas el pasado fin de semana mataron en Guerrero al hijo de un compañero. Y qué decir de la inseguridad en las carreteras, por eso los transportistas están anunciando paros. Te dicen: ´sí te llevo el insumo a tal lugar, pero te voy a cobrar más, porque tengo que pagar seguros adicionales o moches durante el trayecto´. ¿Es para tal lado?, sí, pero más caro, porque es mucho el riesgo”.
-¿Quiénes son los que están condicionando precios e insumos?
-Son operadores de grupos delincuenciales locales, no los grandes cárteles que conocemos, sino organizaciones delictivas con un perfil más regional, y lo hacen porque hay ausencia de autoridad, o colusión. El precio lo pone cada tortillero, según le va en la feria de la inseguridad. En algunos sitios se llega a cosas extremas.
-¿Cuáles?
-Te imponen hasta el precio de la tortilla. ´Va a estar a tanto´, amedrentan los mismos grupos. ´¿Cómo?, ¿me friegas con extorsiones y todavía me impones el precio?, ¿de dónde voy a sacar?´. Por eso muchos han cerrado. En promedio, cada sexenio subía seis pesos el kilo, un peso por año, pero en este sexenio ya hay lugares donde ha subido 10, 12, 13 pesos. Y si no se frena la criminalidad, este último año de gobierno también habrá alzas.
La postura del Consejo se compartió a este diario tras el anuncio del INEGI de un repunte en la inflación general a 4.90% durante la primera quincena de 2024, y como respuesta a los dichos recientes de Andrés Manuel López Obrador, quien descartó un aumento en las tortillas, “porque el presidente del Consejo de Administración de Maseca, que es la principal distribuidora, me informó que este año no habrá aumento en la harina de maíz”.
“Qué bueno que Maseca no suba el precio de la harina. Lo que hacen siempre es subirlo antes; todas las harineras incrementan en el último trimestre del año previo. De cualquier manera, Maseca vive del negocio de la masa y la tortilla, del consumo de cada local, pero nosotros no somos sus empleados, no fija el precio de la tortilla, como sí lo está fijando la inseguridad”, apuntó López García.
-¿No basta entonces la palabra de una harinera, por más grande que sea?
-Claro que no. Mejor que paren la violencia, y que volteen a ver al sector, que lo regulen y valoren. Jamás en la historia de este país un presidente había sacado a la tortilla de la canasta básica, prefirió meter a la harina. Y en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (conocido como Pacic) pasó lo mismo. Lo reflejó desde el arranque su primera secretaria de Economía, Graciela Márquez: indiferencia total. Hasta la modificación a la Norma 187, que se relaciona con el tema de salubridad, se paralizó. Buscábamos que ya no hubiera reparto de tortilla caliente en abarroteras, farmacias y otros locales ajenos.
-¿Para qué?
-Es un riesgo a la salud. Entre el 18 y el 22 por ciento de las tortillas que se venden a esos negocios es devuelto, eso debería ir al desperdicio, pero muchos prefieren meter a las máquinas la masa y las tortillas de días anteriores, producto rezagado, y es lo que las familias están comiendo. Son cientos de millones de pesos los que están en juego por esas devoluciones, es harina que ya se pagó a las harineras, por eso se oponen a la medida.
-¿Por qué hace falta regulación en el sector?
-Porque el negocio de la tortilla está sobreexplotado en más de 300 por ciento. Hoy el mercado nacional se abastecería con 47, 48 mil tortillerías y, según el INEGI, hay 110 mil, pero según el Consejo, son casi 138 mil. Cada que nace una tortillería lo hace en la informalidad, en la ilegalidad, se contrae el mercado y se da una competencia desleal, porque no tienen licencia de funcionamiento, no pagan impuestos ni dan seguro a los ayudantes. Alguien abre un zaguán, consigue una máquina vieja y listo. Sólo hay un camino para garantizarle al consumidor una tortilla salubre…
-¿Cuál?
-La formalidad. La idea no es desaparecer negocios, sino ajustarse a las normas. Si no lo hacemos, al rato las harineras van a negociar con el gobierno la apertura de miles de tortillerías, y los negocios familiares desaparecerán. Hoy sólo la cuarta parte de las tortillerías cumplen con la normatividad.
Otro de los temas inquietantes para el sector, además de la delincuencia y la ilegalidad, es la protección civil:
“Tenemos pendiente una reunión con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, porque se están poniendo tortillerías a menos de 300 metros y la ley prohíbe la cercanía de tanques estacionarios, cualquier explosión generaría una reacción en cadena. Es peligroso, y acaba de pasar en Puebla”.
-¿Qué ocurrió?
-Hace unos días explotó el tanque de una tortillería, y se siguió a tanques aledaños. Por fortuna, no era hora pico, no había gente formada, y no hubo víctimas mortales, pero ya es un aviso. En muchos lugares Protección Civil no cobra los dictámenes, en otros pide mil 500 o 2 mil pesos, pero si el funcionario en turno es lagartón, hasta 10 o 20 mil pesos. Quiero proponerle a la Coordinadora que esta obligación se pueda institucionalizar, que haya un pago único de Tijuana a Cancún, para evitar la corrupción, pero desafortunadamente a este gobierno todo le vale…
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