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A una semana del evidente Crimen de Estado en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, ningún Secretario de Estado responsable de la política migratoria ha renunciado, ni ha sido cesado y menos procesado por el incendio en ese “albergue” donde al menos 39 migrantes perdieron la vida calcinados luego de que los dejaron encerrados en las celdas pese a la conflagración.
Así lo sostuvo la dirigencia nacional del PAN, quien acusó que el “gobierno indolente” del presidente Andrés Manuel López Obrador busca a toda costa evadir su responsabilidad en este “crimen de estado” y ha enfocado sus baterías en responsabilizar a una empresa privada de seguridad, en lugar de hacer que rindan cuentas los funcionarios hasta el más alto nivel, como el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el titular de Migración, Francisco Garduño.
Por el contrario, los responsables de la política migratoria, como el Secretario de Gobernación y el Secretario de Relaciones Exteriores, lejos de ser llamados a cuentas siguen en su ilegal campaña en un intento por quedarse con la candidatura presidencial de Morena rumbo al 2024, acusó el dirigente nacional del PAN Marko Cortés.
El líder panista consideró que la tragedia registrada en Ciudad Juárez, derrumbó varios mitos creados por López Obrador y en primer lugar, echó por tierra su mentira de que nadie está por encima de la ley, pues el mandatario intentó ocultar el crimen y lo hubiera logrado si no se conoce el video de la tragedia.
“A pesar de la clara evidencia que demuestra la negligencia criminal, decidió tender un manto de impunidad sobre Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, porque son sus corcholatas para el 2024, poniendo como vocera de la tragedia migrante a la secretaria de Seguridad, cuya verdadera función será dar largas a la solución de este crimen”, indicó
En segundo lugar—agregó-- reveló una corrupción inmensa en el Instituto Nacional de Migración y echó por tierra el mito de que los militares son la solución para todos los problemas. No se olvide que los militares controlan ya el 80 por ciento de la estructura del INM.
En tercer lugar, derrumbó el mito de que el gobierno ya no viola derechos humanos pues el centro de detención de Ciudad Juárez desnuda la desatención del gobierno, porque en Tapachula y en la propia Ciudad de México las instalaciones se encuentran en peores condiciones de hacinamiento. Igual que en Ciudad Juárez, a veces no hay agua ni atención médica para los migrantes.
“La migración no debe ser una condena a muerte en un país donde impera la corrupción, la falta de atención y la violación a los derechos humanos”, agregó.
Cortés exigió al gobierno revelar el acuerdo secreto del 15 de noviembre de 2018, que recientemente dio a conocer en un libro el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, para convertir a México en el “tercer país seguro”.
De acuerdo con lo escrito por Pompeo, Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores y responsable de la política migratoria por decreto presidencial, aceptó que México recibiera a los migrantes que solicitaran asilo en Estados Unidos, pero demandó guardarlo en secreto para no afectar la imagen pública de López Obrador.
“Todo empezó ahí, por eso es indispensable conocer la verdad, porque hoy resulta evidente que esta estrategia no ha sido capaz de resolver los graves problemas que enfrentan las personas que migran en busca de mejores condiciones de vida”, estableció
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