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La reforma judicial de la 4T “socavaría la independencia”, advierte relatora de ONU

Margaret Satterthwaite subrayó que las modificaciones que propone López Obrador “carecen de un mecanismo transparente, independiente y accesible que permita a una autoridad independiente verificar si los candidatos cumplen con los requisitos de formación, aptitud e integridad”

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Mesa del "Diálogos nacionales sobre la reforma al poder judicial" en la Cámara de Diputados/Cuartoscuro/ FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Mario Jasso

“Me encuentro especialmente preocupada por el contexto en el que se están llevando a cabo estas propuestas de reforma, dada la alegada intimidación de jueces y los reportes de interferencias en la independencia judicial (…) por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo”, advirtió la relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite.

La representante de Naciones Unidas subrayó que la propuesta del gobierno de la 4T para que los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular “podría socavar la independencia de la judicatura mexicana, en particular de las cortes federales de los Estados Unidos Mexicanos en caso de ser promulgadas sin modificaciones sustanciales”, aseguró Satterthwaite.

La relatora apuntó que las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador impactarían directamente en el funcionamiento de la judicatura, al someter el mecanismo de selección de jueces a un procedimiento en el que las consideraciones políticas “podrían fácilmente superponerse a los méritos objetivos de un candidato”.

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En el mismo tenor, la funcionaria de la ONU subrayó que las modificaciones que propone el Gobierno Federal “carecen de un mecanismo transparente, independiente y accesible que permita a una autoridad independiente verificar si los candidatos cumplen con los requisitos de formación, aptitud e integridad”.

Sobre la elección de jueces y magistrados por voto ciudadano, como propone López Obrador, resaltó que esta medida “podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección”.

Asimismo, refirió que “este mandato también ha concluido que la selección de jueces por períodos cortos de tiempo debilita el sistema judicial e impacta negativamente la independencia y desarrollo profesional de los jueces”, señaló la relato de la ONU.

Sin desviarse del tema, la relatora expresó su disgusto con el despedido automático previsto para más de mil 800 jueces y funcionarios del Poder Judicial en caso de aprobarse la reforma porque “podría retrasar la administración de justicia para los ciudadanos comunes que esperan decisiones judiciales”.

La alineación de los periodos de cargo judicial con el ciclo electoral presidencial también preocupa a la relatora especial porque, “durante los períodos electorales, los votantes podrían ser influenciados por la retórica política y la campaña partidista”.

La investigadora neoyorquina cuestionó la propuesta de facultar a un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) para sancionar a jueces, que en su opinión se basa en criterios “vagos” y es contraria a los estándares internacionales.

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Para Satterthwaite, otorgar al órgano de administración judicial, conformado por miembros designados por otros poderes del Gobierno, la completa administración del Poder Judicial, incluyendo su gestión humana y financiera, “comprometería severamente su autonomía”.

“Este arreglo socavaría el principio de independencia judicial al supeditar funciones administrativas críticas a la influencia de los poderes ejecutivo y legislativo”, sentenció.

La reforma al Poder Judicial es uno de los grandes proyectos del presidente López Obrador y tras la amplia victoria electoral de su sucesora en el cargo, Claudia Sheinbaum, el Gobierno tendrá mayoría constitucional para implementar dichos cambios a partir de septiembre.