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En víspera del sexto foro de los Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial de la Federación, Francisco Burgoa señala que falta claridad en un tema delicado. A partir de lo planteado en el proyecto del Ejecutivo no hay ninguna garantía de que lleguen jueces con experiencia que se necesita.
Esto es perjudicial para los justiciables, señala Burgoa, porque estos jueces no conocerán de la sustanciación de los expedientes y esto orillará a los juzgadores a que emitan sentencias rápidas, pero ineficaces con tal de no ser amonestados por ese nuevo ente llamado Tribunal de Disciplina Judicial.
“Reitero, ante la falta de claridad en puntos de la reforma, sería bueno que los legisladores reflexionaran, que tengan prudencia y vean estas carencias de la iniciativa, porque contrario a lo que el Presidente dice desear en el sentido de garantizar una justicia pronta y expedita, pues no será así”, advierte.
Francisco Burgoa, abogado constitucionalista como su padre, dice en entrevista con Crónica que la única vía de parar la aprobación de la iniciativa presidencial en sus términos la tienen los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Profesor de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, Burgoa deja muy en claro que no se trata de una iniciativa con impacto sólo a nivel federal, sino que toca a los poderes judiciales de las entidades federativas, y cuya discusión en este último tema se dará el próximo 23 de julio en Puebla en el foro Tribunales de justicia local.
“Es una reforma no centrada en el Poder Judicial de la Federación, porque también va a impactar a los poderes judiciales de las entidades federativas. Si bien es cierto que hoy todo mundo está hablando de la elección de los jueces, ministros y magistrados, quiero puntualizar que es una reforma para las 32 entidades federativas”, subraya el abogado.
Como estudioso del contenido constitucional que rige desde el 5 de febrero de 1917, fecha conmemorativa que López Obrador aprovechó para dar a conocer una batería de 20 iniciativas que incluye su “Plan C” para aniquilar los contrapesos, comenta que, a raíz de los 35 millones de votos que fueron para Morena y su candidata presidencial Claudia Sheinbaum, “al calor de las campañas electorales el tema de la iniciativa pasó a otro plano”, pero una vez cumplida la jornada electoral del 2 de junio, a partir del triunfo de Morena y de sus aliados del PVEM y del Partido del Trabajo, posiblemente, obtengan mayorías calificadas en el Congreso de la Unión, así lo perfila el Instituto Nacional Electoral (INE) y es probable que lo confirme, en su momento, la decisión final de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“Este escenario de poder hizo resurgir el debate al confiar en lograr mayorías calificadas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, donde sólo estarían a tres senadores de conseguirla del total de los 128 que componen el pleno senatorial.
“Estaríamos ante la posibilidad de que Morena tenga este poder reformador de la Constitución porque tiene el control de la mayoría de los congresos locales. Derivado de los resultados electorales, Morena adquirió esta fuerza, y más que discutir esta iniciativa en septiembre, el último mes del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, no sabemos las consecuencias del momento en el que hoy estamos, que son estos foros, estos diálogos nacionales de reforma del Poder Judicial de la Federación. Me parece un ejercicio interesante, importante, que aún no sabemos si va a tener realmente consecuencias, o conclusiones que vayan a ser integradas dentro de lo que será el dictamen de la iniciativa en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Es algo que todavía no sabemos cuándo va a llegar. Dado los comentarios que se están haciendo en los últimos días, pues prácticamente es irreductible que se lleve a cabo la elección de los ministros, magistrados y jueces por el voto popular, quizá sólo apuesten por la gradualidad de la sustitución de estos cargos, pero sea gradual o sea en un solo momento, de cualquier manera se llegaría a la misma conclusión: la destrucción del Poder Judicial de la Federación, que es el que hoy tenemos en nuestra Constitución, y que lejos de fortalecerlo, lo va a debilitar en perjuicio del derecho de acceso de la justicia al que tenemos todas las personas, derecho reconocido en el artículo 17 constitucional”, apunta el jurista.
Y hace la petición de poder reiterar hasta dónde toca la iniciativa amlista.
"Sobre este punto sí quiero hacer este énfasis en cuanto a lo siguiente. Esta iniciativa presidencial, que está en la discusión pública actualmente, ha dado la oportunidad para que escuchemos la voz de las ministras, de los ministros, magistradas, magistrados, jueces, además de especialistas, expertos, académicos, barra de abogados, asociaciones, colegios y políticos, de si es o no necesaria una reforma al Poder Judicial de la Federación. Considero que no hay una sola voz que diga que el PJF y muchísimo menos el Poder Judicial de las entidades federativas son perfectos.
“Si no lo habían manifestado es porque no le correspondía de forma natural a los poderes judiciales hacer una crítica de su trabajo. Esto le corresponde indudablemente al Poder Legislativo, al Presidente de la República en el caso de que presente iniciativas, pero con un análisis serio, a partir de un diagnóstico, sobre cuáles son las áreas de oportunidad que tiene tanto el Poder Judicial de la Federación como los poderes judiciales de los estados. No basta solamente con hacer señalamientos directos en cuanto a que en el PJF hay corrupción, que todos son corruptos, hay nepotismo, hay tráfico de influencias, hay impunidad. Si bien es cierto hay muchos de estos vicios en el Poder Judicial de la Federación y en los poderes judiciales locales. Esto es cierto, pero no es lo mismo generalizar a que haya determinados jueces, magistrados que puedan ser corruptos, y sobre todo si son corruptos tiene que haber ahí procedimientos para que se investigue y en su caso se sancione o se presenten denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). Es decir, en todo caso, se busca erradicar todos esos aspectos que pueda tener el PJF. Y esto es muy importante en cuanto a no generalizar. Sin embargo, desde el propio Poder Ejecutivo se ha llevado a cabo esta narrativa de estar señalando al PJF de que todos son corruptos, lo cual sí me parece sumamente lamentable el que no se quiera reconocer lo bueno que tiene el PJF. Y en su caso sí mejorar esas áreas de oportunidad que sí las tiene. Ahí lo que considero es que de ninguna manera podemos ir a una reforma así. Sin embargo, a partir de la iniciativa presidencial, ha venido una autocrítica necesaria que se ha vertido en distintos foros que ha hecho la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández. Lo vimos también en el primer foro en la Cámara de Diputados, donde todos los ministros hicieron esta autocrítica en diversos aspectos que consideran debe mejorarse dentro del PJF, dentro de la Suprema Corte de Justicia, y es algo que me parece un punto de partida importante para lograr la reforma al PJF, o más que una reforma es poder construir la reforma que necesita nuestro país. La que se necesita para proteger y garantizar el derecho de acceso a la justicia de las personas, porque esta reforma solamente se va en cuanto a la parte de la apariencia, y no la esencia, como lo he manifestado en varios espacios, solamente se va a la forma y no al fondo. Lo que se busca es que solamente, o se piensa, que a partir de la elección popular por el voto directo de las personas, de forma inmediata, se van a erradicar los problemas de corrupción, lo cual es totalmente falso, y menos si se quiere quitar el requisito de la experiencia para ser juez y ser magistrado, como lo comentó el Presidente.
“Lejos de ser más estrictos y tener perfiles de candidatos que tengan experiencia, conocimientos en materia de impartición de justicia, pues se quiere quitar la experiencia, lo cual me parece una pésima idea, porque lejos de poder tener jueces de calidad… por no decir jueces de popularidad. Esto es contrario a garantizar ese derecho de acceso a la justicia de las personas, con una justicia pronta, expedita, completa e imparcial. Necesitamos jueces, magistrados libres, autónomos e independientes”, expone Francisco Burgoa.
Subraya que la iniciativa es una oportunidad para presentar propuestas y mejorar la presentada por el Ejecutivo, ir a la construcción de una nueva, que requiere de tiempo.
Francisco Burgoa se ha dado el tiempo para fungir como un activista en defensa de lo que sí funciona en el sistema de justicia federal. Se le ve y se le escucha y se lee en diversos medios de comunicación. En estos espacios plantea que es necesaria la reflexión de la mayoría legislativa en beneficio de los justiciables.
Pide tiempo para conocer en los primeros días de agosto, una vez que concluya el receso de 15 días en el que se encuentra ahora el Poder Judicial de la Federación.
“La ministra presidenta, Norma Piña, en los primeros días de agosto, al iniciar el segundo periodo de sesiones del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentará la propuesta desde el PJF, y que deriva de recoger las voces que se escucharon en los foros Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia que se están llevando a cabo en todo el país en las últimas semanas, que organiza precisamente el Poder Judicial desde hace meses. Yo reconsideraría que el Poder Legislativo no tiene que apresurarse en aprobar la reforma constitucional en septiembre. Sabemos que ese es el deseo del Presidente, pero yo esperaría que quepa la prudencia para que realmente puedan conocer estas propuestas que provengan desde el PJF, desde la Suprema Corte, con el propósito de tener la reforma al Sistema de Justicia que necesita al país, una reforma integral, en la que se incluyan fiscalía, ministerios públicos, policías, peritos, que haya una carrera judicial también en los poderes judiciales de las entidades federativas, que haya más presupuesto, que haya mejor infraestructura, que haya una mejor capacitación para las personas que trabajan en juzgados, en tribunales, que haya más requisitos para ser juez, magistrados, que haya buenos sueldos. Que la reforma integral también incluya a los tribunales agrarios, al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al de Justicia Administrativa. A todos los órganos jurisdiccionales, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Atención a Víctimas. Ahí tenemos realmente mucho por hacer, mucho por comentar, sobre todo para garantizar que las personas que no tienen recursos para contratar a un abogado puedan acudir a todas esas instancias que son gratuitas, que puedan recibir asesoría y todo el apoyo para defender sus derechos y sus libertades”, indica en esta entrevista.
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