Reformas de AMLO comprometen confianza de inversionistas y socios del T-MEC: IMCO
Reformas como la judicial y otro paquete comoa la desaparición de órganos autónomos no solo o afectan la competitividad y la institucionalidad del país, sino que generan incertidumbre, puede derivar en un ambiente volátil, advierte
incertidumbre
Las reformas que ya se aprobaron como la judicial y las que están por avalarse en las próximas semanas tendrán un impacto en la relación con Estados Unidos y Canadá en e marco del T-.MEC .
La aprobación e implementación de reformas constitucionales como la judicial y otro paquete que se perfila avalar en las próximas semanas como la desaparición de órganos autónomos no solo o afectan la competitividad y la institucionalidad del país, sino que generan incertidumbre, puede derivar en un ambiente volátil que comprometa la confianza que los socios comerciales de México tienen en el país, sobre todo en el marco del T-MEC como Estados Unidos y Canadá.
Así lo advierte el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) quien alerta que la pérdida de confianza institucional y certeza jurídica podría desestabilizar la inversión extranjera y el comercio exterior, con lo que se incrementarían los riesgos para la economía mexicana.
📜La reforma constitucional al sistema judicial 🇲🇽 tiene implicaciones negativas para:
— IMCO (@imcomx) September 23, 2024
- Institucionalidad del país🏛️
- Certeza jurídica⚖️
- Relación de México con sus socios T-MEC🇺🇸🇨🇦
Hay otras propuestas de reforma constitucional que entran en conflicto con el Tratado🇲🇽🇺🇸🇨🇦👇.
En un análisis denominado” México y América del Norte, los riesgos de las reformas constitucionales del 2024”, se advierte que la propuesta de extinción de siete organismos autónomos podría entrar en conflicto con varios capítulos del T-MEC en materia de Telecomunicaciones, Políticas de Competencia y Empresas Propiedad del Estado.
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Paralelo a ello, --agregó---reformar la constitución en materia de energía, agua y biotecnología agrícola tiene implicaciones para la relación de México con sus socios de América del Norte.
El gobierno de Estados Unidos ha advertido sobre los riesgos y el impacto de esta reforma en la relación comercial que mantiene con México, pero el gobierno de nuestro país ha desestimado esta situación.
En la actualidad, 83% de las exportaciones de México se dirigen a Estados Unidos y 3% a Canadá, mientras que 44% del total de la IED recibida por México en el primer semestre de 2024 provino de Estados Unidos y 8% de Canadá, detalla el IMCO.
El IMCO establece que las reformas que ya se aprobaron como la judicial y las que están por avalarse en las próximas semanas tendrán un impacto en la relación con Estados Unidos y Canadá.
En ese sentido, consideró que cualquier reforma constitucional debe tomar en cuenta las consideraciones en materia de contrapesos al poder, transparencia, rendición de cuentas y competitividad, así como el potencial impacto sobre la relación con Estados Unidos y Canadá.
La principal preocupación ahora es la reforma constitucional al Poder Judicial pues tiene implicaciones para la profesionalización de sus miembros, la institucionalidad del país y la separación de poderes.
“Su aprobación ha generado preocupación de los socios norteamericanos de México en cuanto a la certeza jurídica y el estado de derecho”, acusa
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El IMCO advierte que los cambios derivados de la nueva reforma ponen en riesgo la independencia del Poder Judicial, ya que la elección popular de los cargos implica la partidización de procesos previamente regidos por criterios técnicos y objetivos.
La posible intervención de partidos políticos y otros grupos de interés en los perfiles de las personas encargadas de la impartición de justicia –agrega--tiene graves consecuencias para el nivel de impunidad en México.
“Además, los cambios en los requisitos exigidos para ser juez, ministro o magistrado generan un retroceso en la profesionalización del Poder Judicial”, establece
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CONFLICTO CON T-MEC
Se alerta que la nueva estructura del Poder Judicial podría entrar en conflicto con la esencia del T-MEC, que, aunque no incluye reglas específicas acerca de la estructura del sistema judicial, sí exige que sea imparcial e independiente.
Destaca que la extinción de siete organismos autónomos, que incluyen al INAI, al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) genera desequilibrios al incrementar la concentración de las decisiones clave en el Poder Ejecutivo.
Además, la eliminación del IFT, la Cofece y la CRE -y su integración a la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transporte (SICT), la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Energy (SENER), respectivamente- tiene potenciales conflictos directos con ciertas disposiciones del T-MEC en las que los miembros están obligados a asegurar la existencia de un organismo regulador de telecomunicaciones que sea independiente, imparcial y no rinda cuentas a ningún proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones.
Asimismo a garantizar que los órganos administrativos que regulan a Empresas del Estado (incluyendo aquellas que operan en el sector energético) ejerzan sus obligaciones de regulación de manera imparcial (capítulo 22: Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados).
Independientemente de los conflictos con el T-MEC, la eliminación de organismos autónomos con responsabilidades regulatorias y de evaluación tendría implicaciones negativas para la transparencia, la rendición de cuentas y los contrapesos a los poderes públicos en México, elementos cruciales para la competitividad y la certeza jurídica del país.
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RIESGOS ADICIONALES
Otras propuestas que serán presentadas ante la nueva legislatura que entró en funciones en septiembre de este año podrían entrar en conflicto con las disposiciones del T-MEC.
Por una parte, la propuesta de reforma en materia de industrias estratégicas del Estado -que plantea limitar la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para celebrar contratos con empresas privadas en transmisión y distribución eléctrica y establecer la precedencia de la CFE (una empresa propiedad del Estado) sobre empresas privadas- genera conflictos con disposiciones del T-MEC que prohíben el trato preferencial al requerir que se dé un trato no menos favorable a las inversiones de los países de este acuerdo respecto a las nacionales.
Las iniciativas que buscan reformar la constitución en materia de disponibilidad de agua y de concesiones para actividades de minería también discrepan con disposiciones del capítulo 14 del T-MEC en cuanto al trato preferencial para empresas públicas y la apertura de sectores económicos.
La primera busca frenar las concesiones a particulares en zonas con baja disponibilidad de agua y solo autorizar asignaciones a entes públicos para el consumo personal y doméstico; la segunda prohibiría el otorgamiento de concesiones para la exploración y explotación de minerales en la minería a cielo abierto, efectivamente bloqueando la participación en el sector.
Por último, la propuesta encaminada a prohibir el uso del maíz genéticamente modificado, incluido el transgénico, para siembra y consumo humano impone restricciones al comercio sin presentar evidencia científica que sustente la medida. México ya se encuentra en un proceso de solución de controversias sobre el tema bajo las reglas del T-MEC, ya que entra en conflicto con disposiciones que establecen que no se pueden implementar restricciones arbitrarias al comercio de un bien.
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