Rescatan a 8 colombianas víctimas de trata; caen explotadores y aseguran bares y casas
La FGR desarticula banda liderada por una mujer dedicada a prostituir a sudamericanas en la ciudad de Mérida en antros propiedad de Cristóbal Paulino
YUCATÁN
![Bares de la ciudad de Mérida, Yucatán fueron cateados y asegurados por parte de la FGR por explotación sexual.](https://imagenes.cronica.com.mx/files/image_375_184/files/fp/uploads/2024/07/05/66884e2bdf20d.r_d.447-342-6271.jpeg)
Bares de la ciudad de Mérida, Yucatán fueron cateados y asegurados por parte de la FGR por explotación sexual.
Ocho mujeres de nacionalidad colombiana fueron rescatadas de la explotación sexual que ejercía contra ellas una banda dedicada a la trata de personas que lideraba Soledad “A” en bares y domicilios de la ciudad de Mérida, Yucatán.
De acuerdo con el caso, víctimas de Cristóbal Paulino “F”, propietario de los antros La Tropicana, La Santanera y Bandida, este sujeto las engancha en su país de origen, luego las trasladaba a la capital del estado, donde las obligaba a ejercer el sexoservicio dentro de los establecimientos y las resguardaba en tres domicilios.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), algunas víctimas lograron escapar y denunciar estos hechos, por lo que se actuó para llevar a cabo cateos concedidos por un juez federal en los domicilios que les fueron señalados.
Derivado de esto, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA) se rescató a las ocho colombianas y se aseguraron los inmuebles.
La FGR indicó que una vez que se realicen trámites legales, estos inmuebles se pondrán a disposición del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).
Piden al Estado estrategia contra trata
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señaló esta semana que el Estado tiene la obligación de diseñar estrategias La obligación del Estado es implementar una estrategia para erradicar la trata de personas con un enfoque integral, estructural e interseccional, atendiendo sus causas, contextos y comprendiendo la complejidad de las redes que lo hacen posible, así como eliminar las barreras que enfrentan las personas para poder acceder a la justicia.
Especialistas, académicos, representantes de organizaciones civiles y personas servidoras públicas subrayan la importancia de que las víctimas de este delito no sean revictimizadas al momento de acudir a las autoridades para denunciarlo.
El pasado miércoles, el CJF inauguró el Congreso Nacional sobre Trata de Personas “Contextos desiguales y crisis transnacional. Hacia un enfoque estructural para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas”, en el que partició la directora general del Instituto Federal de
Defensoría Pública (IFDP), magistrada Taissia Cruz Parcero, quien comentó que eventos como éste ponen en el centro de atención a las personas y enfatizan la responsabilidad de las instituciones y la sociedad civil para erradicar delitos violatorios de los derechos humanos.
Señaló que el caso de la Defensoría Pública su función es la de acompañar a las mujeres que, tras haber sido víctimas de explotación, son enganchadas por las propias organizaciones criminales que las violentaron para que participen, de alguna manera, en la comisión del delito en perjuicio de otras.
“Esto sigue sucediendo y tenemos, hoy por hoy, distintos procesos en los que intervenimos en la defensa de mujeres, algunos con una gravedad inusitada”, dijo Cruz Parcero.