El reto, evitar la llegada de jueces demagogos

Para el jurista boliviano Fernando Escobar Pacheco el principal reto que tiene México de llegar a la elección popular de alrededor de mil 650 jueces, magistrados y ministros es evitar la llegada de abogados “demagogos o proselitistas”.

En entrevista vía telefónica señala que la experiencia que ha vivido Bolivia en la elección de jueces en 2011 y 2017 ha sido nula. En ambos procesos no ha habido la participación popular esperada, ni tampoco con esos procesos electivos se ha logrado consolidar un sistema judicial eficiente.

El sistema electivo de jueces fue impulsado un poco después de la llegada a la presidencia de Bolivia del dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales en 2006. Pero “en los dos procesos electorales de 2011 y 2017 la participación ciudadana fue baja; si acaso los magistrados en la del 2017 recibieron una votación residual con relación al padrón”.

Frente a ese problema el gobierno se defendió “así voten 200 ciudadanos tienen legitimidad democrática”.

La participación de los votantes había sido baja y se abrió el debate de “la falta de legitimidad de los magistrados electos. Hubo una participación baja en los Departamentos pues se argumentaba que no conocían a los candidatos y así la gente no se involucro, no se entusiasmo”.

Tanto en el proceso de 2011, como en el del 2017 “el fenómeno fue similar… Pero desde el punto de vista constitucional no les quitaba legitimidad habían sido elegidos democráticamente”.

Fue la tesis que con mayor ahínco defendió el gobierno socialista de Evo Morales.

Para el especialista coautor junto con Alfio M. Russo de Suiza del texto “Elección popular de jueces en Bolivia: aportes del derecho constitucional comparado al debate” no hay punto de comparación entre la elección de un político y un jurista. El primero ofrece mejores salarios o programas sociales y más; en tanto que el segundo, si acaso tuviera campaña política que no es el caso en Bolivia, solo ofrecería ideas abstractas sobre leyes, justicia o moral, entre otros.

“Los votantes no siempre tendrán elementos para saber quién es el mejor abogado; cuál información tendrán esos votantes: el abogado del mejor peinado, la mejor cara, el mejor traje, no, no hay elementos razonables para ejercer el voto”.

De ahí que alerte para el caso mexicano que el riesgo en tribunales o Suprema Corte de Justicia de la Nación “es tener abogados demagogos o proselitistas. Es importante para el caso mexicano, tener cuidado en ello”.

Las desventajas que ve en el proceso electivo de jueces en Bolivia es que “en este sistema no se garantiza el sistema de idoneidad es decir que entren los mejores jueces”.

La segunda “gran desventaja es que hay un gasto económico importantísimo para organizar esas elecciones y este gasto no asegura que tú nombres a los mejores jueces”.

En riesgo independencia del poder judicial

A 13 años del primer proceso electivo en Bolivia, Escobar Pacheco señala “hemos visto que los magistrados no están acompañados necesariamente de la institucionalidad que les garantice 100 por ciento que sus decisiones no tendrán ningún tipo de represalias”.

Señala que aunque es difícil decir que el Poder Ejecutivo esté por encima del Judicial en Bolivia “sí podemos decir que el problema es que cuando no tienen una institucionalidad que garantice al juez que no va a tener represalias sí decide en contra del poder político, entonces al juez le es complicado tomar decisiones”.

Continua “objetivamente para los magistrados no es fácil tomar decisiones sin una institucionalidad plena que les garantice que pueden ser 100 por ciento independientes”.

Se le pregunta sobre el previsible proceso que vivirá México en la elección de jueces y recomienda que éstos deben garantizar una independencia plena del poder político.

“Si van a implementar el proceso electivo tienen que crear una institucionalidad adecuada para que los magistrados sean independientes. Primero, se garantice que en el proceso de preselección vayan los mejores abogados a ser votados.

“Segundo, que se concilie una institucionalidad de los que lleguen a ser magistrados que no tengan ningún tipo de riesgo frente al poder político y decidan de manera independiente.

“Tercero, que se analice el hecho de generar una elección democrática”.

El punto que Bolivia no ha podido resolver es cómo garantizar que un abogado independiente, capaz, bien formado en estudios jurídicos no rebasa en la preselección al aparato político “el órgano electoral (que se designará en México) tiene que promover mecanismos de cómo el abogado va convencer a la gente que vote por él”.

En su opinión ese el problema del proselitismo judicial. “Si queremos ir por un modelo democrático tendrá que existir un modelo que demuestre los atributos del abogado postulante. Mostrar todos los méritos del abogado y difundir diferentes elementos de cómo ve la justicia de cómo ve la sociedad de cómo resolvería problemas morales”.

Para Fernando Escobar Pacheco las ventajas que tiene una verdadera elección democrática debe ir acompañada “por una institucionalidad que respalde de verdad el hecho que los magistrados puedan lograr su independencia absoluta”.

Ello sería “la única forma en la que se va a garantizar que los magistrados que lleguen a ocupar cargos públicos tengan mayor independencia y mayor contrapeso con los órganos del poder político”.

Deben garantizar que “primero, son las personas más idóneas y que se sienta su independencia del poder político y segundo, que sepan que van a poder tomar decisiones sin represalias del poder político”.

“Sin resolver grandes problemas de justicia”

En dicho estudio “Elección popular de jueces en Bolivia: aportes del derecho constitucional comparado al debate”, los autores concluyen en que el resultado de los procesos electivos de 2011 y 2017 en Bolivia “no han logrado resolver los grandes problemas de la justicia boliviana (retardación, corrupción, falta de certidumbre jurídica, etc.)”.

Después de la elección de 2011 se pidió que la preselección de los candidatos debía ser mejorada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero no se avanzó mucho en ello debido a la intromisión de criterios políticos en esas postulaciones.

No se cuido, dicen los autores “la consolidación de un sistema judicial”.

Ello se debió a que “el problema principal del sistema de designación popular en Bolivia es que no fue debidamente estructurado con los otros componentes del sistema judicial, como la designación de jueces de instancia, el control disciplinario de las autoridades judiciales, la evaluación y promoción de jueces, entre otros”.

Lo que en términos llanos significó que “la autoridad judicial elegida democráticamente es sometida al control disciplinario del parlamento o a la competencia del ministerio público o de jueces de instancias ordinario no elegidos por voto popular”.

En el caso de Bolivia la conclusión es fuerte “el sistema de elección popular carece de una identidad de magistratura clara”.

El pasado de Bolivia

Fue el año de 2011 que Bolivia tuvo su primera experiencia en la elección de jueces. Los ciudadanos eligieron a los 28 integrantes titulares y 28 suplentes de los cuatro tribunales nacionales de justicia. Solo estarían 6 años en el cargo y sin posibilidades de reelección.

Esos tribunales nacionales de justicia son: Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

Para llegar a este número hubo alrededor de 600 postulantes de los que la Asamblea Plurinacional de Bolivia con mayoría del MAS, preselecciono a 116. En ese momento las campañas de proselitismo estaban prohibidas.

La elección de los jueces estuvo mandatada en la Constitución de Bolivia, vigente un año antes. Antes de esa primera elección el Congreso de ese país tenía la facultad de elegir a sus magistrados.

Algunos críticos del proceso en ese entonces, Bolivia es el primer país del mundo en caminar por ese proceso electivo, lo calificaron de “populista”. Afirmaron que con ello Evo Morales, tendría un mayor control sobre la justicia.

«Es una forma de legitimar al caudillo y perpetuarse en el poder», opinó en su momento el politólogo de la Fundación Friedrich Ebert-Stiftung, Carlos Toranzo.