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La opacidad y falta de rendición de cuentas avanza en el país donde 13 estados retrocedieron en transparencia presupuestaria sobre todo gobiernos de Morena que llegaron en el 2021, entre ellos Sonora con Alfonso Durazo y Zacatecas con David Monreal, quienes más descendieron en esta materia.
Además persisten las malas prácticas como presupuestos fantasmas o sin recursos asignados, ilegibles e inconsistentes como fue en los casos de Durango, Morelos y Zacatecas.
Los subsidios, fideicomisos y financiamiento a partidos políticos son los temas más opacos en la elaboración y publicación del presupuesto en los estados según el Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE) del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
De acuerdo a este análisis, los cambios de gobierno ponen en riesgo la transparencia presupuestaria como sucedió con varias de las gubernaturas que se renovaron en el 2021, muchas de ellas ganadas por Morena.
Detalla que para el ejercicio fiscal 2023, siete de las 15 entidades que tuvieron elecciones en 2021 retrocedieron en promedio 6% en el BIPE.
Los estados con mayor retroceso son Zacatecas y Sonora con una caída de 11% y 19% respectivamente.
Los tres estados con calificaciones más bajas son Guerrero (69.8%), Sonora (76.7%) y Michoacán (78.5%).
Actualmente, solo siete estados tienen una calificación de 100%.
Estos resultados -agregó-reflejan una falta de continuidad en las políticas públicas y la incapacidad de las nuevas administraciones para aprovechar y construir sobre los avances de las administraciones pasadas.
El Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE) evalúa la calidad y el nivel de transparencia de la información presupuestal de los gobiernos estatales.
Mide 116 criterios presupuestales organizados en 10 secciones a partir de la información contenida en los presupuestos de cada estado.
La sección “Subsidios, Fideicomisos y otros” evalúa el desglose del presupuesto en 21 criterios, que incluye el financiamiento de partidos políticos y programas presupuestales.
Si bien la calificación de estos criterios no depende del cumplimiento de la regulación -sino de la adopción de buenas prácticas-, persiste como el menor nivel de desglose y transparencia del BIPE.
De hecho, 10 estados tienen una calificación igual o menor a 76% en esta sección.
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