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En medio de la polémica para que la Guardia Nacional regrese a un mando civil y bajo control y administración de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), este lunes el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio su visto bueno a varias diversas disposiciones de la Ley de este órgano de seguridad federal relacionadas con sus operación entre las que destaca que podrá resguardar el interior de las instalaciones migratorias para evitar tragedias como la ocurrida en marzo pasado en ciudad Juárez, Chihuahua.
Al continuar con el análisis de la acción de Inconstitucionalidad 62/2019 respecto al artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en contra de varias disposiciones de este grupo de seguridad, el pleno de la SCJN, este lunes los ministros de la máxima corte del país abordaron por separado asuntos que competen al ejercicio y técnicas de investigación de este contingente federal, algunas de las cuales fueron aprobadas y otras rechazadas.
El proyecto a cargo del ministro Javier Laynez Potisek recibió el visto bueno para algunas facultades de la GN en materia migratoria entre las que destaca que podrán realizar inspecciones de documentos, siempre con autorización y coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), asegurar y resguardar a personas extranjeras y las estaciones migratorias.
Inicialmente el proyecto del ministro Laynez Potisek plateaba invalidar la autorización a la GN para vigilar al interior de las instalaciones migratorias, pero el resto de ministros rechazó la propuesta al recordarle lo ocurrido el pasado 27 de marzo en un albergue del Instituto Nacional de Migración (INM) en un albergue de Ciudad Juárez, donde murieron 40migrantes.
Otras facultades autorizadas para el desempeño de la Guardia Nacional está el que podrán obtener información de lugares públicos con el fin de prevenir delitos, siempre y cuando los datos no sean obtenidos violando los derechos humanos de los ciudadanos.
Asimismo, podrán solicitar la geolocalización de las personas, con previa autorización de un juez de control.
Una de las acciones que fue rechazada es la que permitía a la Guardia Nacional realizar operaciones encubiertas para la prevención de delitos.
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