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La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó el nepotismo, injerencias electorales ilegales, vicios en selección e ineficacia para vigilar comportamiento de jueces, y resistencia a cumplir con preceptos constitucionales en material salarial, en el Poder Judicial de la Federación (PJF).
Acusó que ha existido mucha manipulación alrededor de la reforma al PJF, “una de las principales mentiras que se han vertido es que hay una intención del Ejecutivo para controlar el Poder Judicial, en especial a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Durante su participación en la conferencia presidencial matutina, presentó la primera parte del informe especial sobre el PJF para mostrar por qué es necesaria la transformación para mejorar ese pilar del país.
Elección popular sobre control presidencial
Dijo que si controlar al PJF fuera la intención, no se haría ninguna reforma, pues actualmente el Presidente de la República envía una terna al Senado para el nombramiento de los ministros.
Explicó que si la terna es rechazada en un par de ocasiones por los senadores, el Ejecutivo federal designa de forma directa a quien será ministra o ministro.
Detalló que con este mecanismo, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, podría designar cuatro nuevos ministros, pues Luis María Aguilar concluye su periodo como integrante de la Suprema Corte en diciembre de 2024, José María Pardo en febrero del 2026, Alfredo Gutiérrez y Alberto Pérez Dayán en noviembre de 2027.
Luisa María Alcalde explicó que esto quiere decir, que a mediados del próximo sexenio, la presidenta contaría con la mayoría de los ministros de la Corte, “siete de 11", por lo que reiteró que si la intención fuese esa, no se haría ninguna reforma.
Afirmó que ese no es el caso y que lo que la reforma plantea es la participación democrática de la ciudadanía para elegir a los mejores perfiles para jueces, magistrados y ministros.
Dijo que en el gobierno saben que la problemática no está solamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino “permea todo el sistema, está en el caso de los jueces, de los magistrados y también en el caso de los ministros”.
Injerencias electorales ilegales
Enseguida, la secretaria de Gobernación presentó tres casos de lo que llamó “injerencia del Poder Judicial en asuntos electorales”.
Señaló la cena privada convocada por la ministra Norma Piña en diciembre de 2023, en casa del ministro González Alcántara, a la que asistieron el dirigente del PRI, Alejandro Moreno; el coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel —quien fue invitado, pero no acudió a la reunión—; y los magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
También mencionó el caso del juez de Distrito que en julio de 2024 ordenó al Tribunal electoral designar dos magistraturas vacantes para calificar la elección presidencial, lo que fue rechazado por la Sala Superior al ser excesivo y violatorio del artículo 99 constitucional.
Luego señaló la admisión, por parte de la ministra Norma Piña, de un recurso presentado en agosto de 2024 por parte del dirigente del PAN, Marko Cortés, contra la sobrerrepresentación en el Congreso; “para que la Corte interpretara y definiera los criterios para la asignación de diputaciones plurinominales en el Congreso”.
Vicios en selección de jueces
Luisa María Alcalde también afirmó que “tenemos constancia de los vicios que han existido en los supuestos procedimientos de selección de jueces”.
Se refirió al “escándalo” por la venta de exámenes de oposición para jueces en 186 mil pesos, que derivó en la destitución de los encargados de la Escuela Judicial.
Además manifestó que los concursos de oposición son impugnados con frecuencia ante la “inequidad, influyentismo o falta de criterios objetivos; en estos exámenes quedan, muchas veces, los cercanos a los magistrados o ministros”.
Nepotismo en el Poder Judicial
La titular de Segob denunció luego algunos casos de nepotismo en el Poder Judicial de la Federación.
Reveló que datos del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en diciembre de 2022, muestran que la mitad de personal (49 por ciento equivalente a 24 mil 546 personas) tiene al menos un familiar en el PJF.
Añadió que 85.4 por ciento de los magistrados y el 67 por ciento de los jueces tienen familiares en el PJF.
Además, 23.7 por ciento del personal del Poder Judicial tiene más de cuatro familiares trabajando en la institución.
“La persona que acumula más familiares tiene 26 parientes trabajando en el Poder Judicial, incluyendo un magistrado, 132 secretarios, dos actuarios y 10 oficiales”.
Afirmó que la información fue obtenida del registro voluntario que realizan los propios trabajadores del Poder Judicial.
Luisa María Alcalde pidió considerar que muchas veces se omite mencionar a los familiares políticos y solo se declara a quienes tienen los mismos apellidos, por lo que “a esto habría que sumar cuñados, nueras, suegros, yernos y muchos otros familiares”.
Ineficacia para vigilar a jueces
La servidora pública señaló enseguida que en el Poder Judicial se tiene un problema adicional, relacionado con la disciplina y la falta de actuación del Consejo de la Judicatura Federal.
Informó que de 2004 a 2023, “fueron presentadas 38 mil quejas contra funcionarios del Poder Judicial, de las cuales fueron desechadas el 86 por ciento sin siquiera iniciar una investigación”.
Expresó que de las quejas que sí se investigaron, el Consejo de la Judicatura sancionó a 472 jueces y magistrados.
Luego detalló que las sanciones fueron aplicadas a través de 292 apercibimientos y amonestaciones, que representan el 0.7 por ciento del total de quejas.
Añadió que hubo 102 suspensiones, equivalentes al 0.27 por ciento del total; 23 inhabilitaciones, que corresponden al 0.06 por ciento del total, y 14 sanciones económicas, es decir, 0.04 por ciento del total.
Luisa María Alcalde afirmó que “el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano ineficiente para la vigilancia del comportamiento de los jueces”.
Informó que de 2023 a la fecha, el Poder Ejecutivo ha presentado 72 denuncias contra jueces y magistrados ante el Consejo de la Judicatura Federal, ninguna ha sido resuelta ni sancionada.
Resistencia a cumplir la Constitución
Por otra parte, la titular de Segob dijo que el artículo 127 constitucional establece que ningún servidor público podrá recibir una remuneración superior a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
Acusó que los criterios de la Corte “han sido de resistencia a cumplir con este precepto constitucional”.
Explicó que uno de los argumentos es que hay ministros que fueron designados antes de la reforma de 2009, cuando se estableció este precepto, por lo que ya tenían un derecho adquirido.
“Otro argumento es que los ministros designados después de 2009 tendrán diferencias salariales discriminatorias con relación a los otros ministros; y señalan que existe ambigüedad en los conceptos que integran la remuneración del Presidente”, detalló.
Alcalde expuso que los ministros de la Suprema Corte reciben más 700 mil pesos mensuales incluidos salarios y prestaciones, superiores a los 161 mil 538 pesos que percibe el Presidente de la República.
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