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Como parte del Plan C que tiene en marcha el presidente Andrés Manuel López Obrador, las Comisiones del Senado dictaminarán este lunes la minuta sobre derechos de pueblos indígenas y afromexicanos y horas después se espera que lo haga con la de Guardia Nacional que ha generado gran polémica por la implicación que tiene en el sentido de militarizar la seguridad pública en el país.
La idea de Morena es aprobar dichas reformas esta misma semana, sobre todo la de la Guardia Nacional que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados donde se establece que esa corporación pase a control total de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) y con ello modificar las tareas de los militares en materia de seguridad pública, pues a partir de ahora se ampliarán sus facultades para perseguir e investigar delitos.
El proyecto de decreto plantea modificar el artículo 129 de la Constitución, que en la actualidad limita las funciones militares en tiempos de paz, cuya norma que no ha cambiado desde 1857.
La reforma establece que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encargue, de forma administrativa y operativa a la Guardia Nacional (GN) y sus más de 120 mil elementos.
Entre otros aspectos, esta reforma que modifica y adiciona 12 artículos de la Constitución elimina el carácter civil de la Guardia Nacional y la define como “fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de Defensa Nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”.
Asimismo, establece que los delitos serán investigados por el Ministerio Público, las policías y la GN, quienes deben coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública.
“La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”, señala.
La primera en dictaminarse por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado, será la de Pueblos y comunidades indígenas; así como afromexicanos que busca garantizar, de manera integral, los derechos de esos pueblos y comunidades.
El proyecto de decreto, aprobado por Diputados reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, personalidad jurídica y patrimonio propio.
Con ello, podrán tomar decisiones de manera libre en sus comunidades y asambleas; así como instituir sus propias formas de gobierno, organización, de desarrollo económico, social y cultural.
Además, asegura a quienes pertenecen a estos sectores de la población su derecho a la consulta cuando les pueda afectar alguna medida legislativa o administrativa.
Asimismo obliga a la Federación, estados y municipios a adoptar las medidas para eliminar la discriminación, el racismo, la exclusión y la invisibilidad que históricamente han padecido las comunidades.
Las y los integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, presididas por Godoy Ramos y Hernández Mora, fueron convocados para tratar este asunto el próximo lunes, 23 de septiembre, a las 11:30 horas, en las salas 5 y 6 del recinto senatorial.
Se espera que más tarde o el próximo martes se dictamine la Guardia Nacional y en las sesiones de esta semana se aprueben.
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