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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) poner a disposición la base de datos de las escuelas beneficiadas del programa La Escuela es Nuestra de 2022 y 2023.
Con una inversión total de 84 mil millones de pesos desde su inicio en 2019, la Escuela es Nuestra (LEEN) tiene como objetivo mejorar la infraestructura y el equipamiento de planteles públicos de educación básica través de la aportación de un subsidio económico directo a las comunidades escolares a través de los Comités Escolares de Administración Participativa a fin de dar mantenimiento, rehabilitación o construcción de espacios educativos y brindar alimentación en apoyo a la ampliación de la jornada escolar.
En la revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública del 2022, detectó que se otorgaron apoyos por 662 millones 650 mil pesos a mil 935 planteles de educación básica que habían sido beneficiados en 2020 y 2021 pese a que en las reglas de operación se estableció que ya no eran susceptibles de ser apoyados de nueva cuenta.
Un particular solicitó a la SEP la base de datos de las escuelas beneficiadas del programa La Escuela es Nuestra desglosando la identificación del plantel y las claves de centro de trabajo asociadas, nombre de la escuela, modalidad educativa, ubicación con municipio y localidad, georreferenciación, grado de marginación de la escuela, y fecha y el monto otorgado por el programa.
Sin embargo, la SEP proporcionó una liga para consultar la información de 2019 a 2021 y un archivo con parte de la información solicitada.
Durante la tramitación del asunto puso a disposición la información relativa a 2022 y 2023, pero optó por hacerlo en un disco compacto (CD), previo pago, y no ofreció otros medios de entrega, como unidades de almacenamiento digital tipo USB, la habilitación de una ruta electrónica o su envío por correo electrónico.
El INAI a través de la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, sobreseyó parcialmente el recurso de revisión y modificó la respuesta para que la Secretaría de Educación Pública ponga a disposición de la persona solicitante, a través de medios electrónicos que no le impliquen un pago, la información que faltó por proporcionar.
“El derecho a saber constituye una herramienta que permite identificar el cumplimiento de metas para contrarrestar el rezago y la pobreza”, dijo la Comisionada Ibarra al presentar el caso ante el Pleno.
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