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Con la elección de Claudia Sheinbaum, “hay una gran oportunidad para dotar de contenido” a la política exterior feminista (PEF) en México y fortalecer esta tendencia en la región, señala la Red Mexicana de Política Exterior Feminista (RMPEF), que organizó el evento “Hacia una Política Exterior Feminista en América Latina y el Caribe”.
“No hay una definición consensuada sobre qué es una PEF, pero sí ideas dominantes que deben ser analizadas, politizadas y reevaluadas”, dijo Paulina Rivera, integrante de la RMPEF y sugirió que los países que se nombran desde el Sur Global deben promover una PEF que busque desmantelar las opresiones estructurales, las cuales han sido históricamente construidas mediante procesos coloniales. También afirmó que no existen conceptos universales y que hay diversas formas de entender el mundo que deben ser incluidas, mediante un diálogo horizontal, inclusivo e intercultural.
“La participación de las mujeres en la diplomacia latinoamericana avanza, pero de manera desigual. Mientras áreas como la diplomacia climática y comercial muestran progresos, la mayoría de los países aún enfrentan desafíos significativos”, dijo durante el encuentro Andrés Bórquez, investigador de Política Exterior Feminista en América Latina (PEFAL) y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
“El camino hacia la equidad en política exterior requiere consolidar y extender los compromisos institucionales y las reformas normativas ya iniciadas en varios países de la región”, agregó.
Por su parte, Daniela Castro, integrante del Observatorio Mexicano de Política Exterior Feminista (OMPEF), enfatizó que una PEF “no solo la construye el Estado, la construimos todas, todos y todes”. Asimismo, reconoció que se tienen altas expectativas que con la primer presidenta mujer en México se pueda avanzar y consolidar una PEF “de todas y para todas, desde el Sur Global, anticolonial, en conjunto con los países hermanos de la región, por una América Latina y Caribe (ALC) más justa, incluyente, sostenible y feminista”.
Respecto al tema de la justicia fiscal feminista, Isabel Mateos, Coordinadora de Inversión Social para el Futuro de Oxfam México, recordó que México es el país que peor recauda ingresos tributarios de la OCDE y que se encuentra por debajo de la tasa de recaudación de la región. En sus propias palabras: “Somos una anomalía fiscal, una economía de renta media con una recaudación bajísima y muy poca posibilidad de inversión pública”.
Frente a las discusiones actuales sobre la gobernanza fiscal internacional en espacios como la ONU o el G20 “México tiene la oportunidad de ser punta de lanza en la inclusión de una perspectiva feminista en estas discusiones desde su compromiso con una PEF”. De acuerdo con la CEPAL, en ALC 3 de cada 10 mujeres viven en pobreza y 1 de cada 10 en pobreza extrema. En este sentido, la región tiene un problema de desigualdad económica directamente relacionado con la desigualdad de género. “La propuesta no es cómo incluir a las mujeres y niñas en el modelo económico, sino cómo imaginar nuevos modelos económicos que centren la sostenibilidad de la vida y los derechos de las personas en lugar de la acumulación”.
DERECHOS REPRODUCTIVOS.
Frania Colmenero, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), explicó la situación de los derechos sexuales y reproductivos en México: “solo 13 de las 32 entidades federativas tienen despenalizado el aborto, la mayoría lo permite a través de un modelo de despenalización que lo condiciona a plazos y escenarios”. A pesar de existir avances normativos para poder acceder a una interrupción del embarazo, para Colmenero “las instituciones públicas de salud en México siguen negando el servicio de aborto, entre ellas a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual”.
Asimismo, reconoció los avances en la despenalización del aborto en la región latinoamericana, especialmente en Colombia, Argentina, y la pronta discusión de la despenalización en Chile y Ecuador. Sin embargo, ALC sigue siendo una de las regiones más restrictivas y punitivas en leyes de aborto, pues son 9 países (El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Aruba, Curazao, Jamaica y Surinam) que aún lo prohíben totalmente. Para Colmenero, “no se puede hablar de una PEF en contextos en donde se criminalice el aborto y no se reconozca como un servicio de salud reproductiva.
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