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La falta de una ley general de aguas, un deficiente monitoreo de las concesiones pero sobre todo el desplome en la vigilancia del uso del agua en este gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador han provocado un uso desmedido y el surgimiento desmedido de tomas clandestinas de agua en el país mientras las sequía se agudiza en todo el territorio nacional.
El número de sequías se ha duplicado a nivel nacional en la última década. Este fenómeno se agrava por el aumento de la temperatura en México debido al cambio climático. De continuar las tendencias actuales, esta situación se agravará en los próximos años. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la escasez de agua para la población urbana mundial se duplicará en 2050 debido a las sequías.
De acuerdo a un reporte del IMCO entre 2019 y 2022, las inspecciones para supervisar las concesiones de agua se redujeron en 70% comparado con el periodo 2011-2018.
Entre 2011 y 2018, el promedio de visitas de vigilancia anuales fue de 8,129, mientras que entre 2019 y 2022 fue de 2,334, lo que implica que México experimentó una reducción significativa en la vigilancia del uso del agua. Esto se debe a una combinación de factores que incluyen recursos financieros y humanos insuficientes. La falta de vigilancia incentiva malas prácticas como la sobreexplotación y la contaminación.
Además el 97% de los títulos de concesión registrados en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) no tienen medidor y 93% no han sido verificados. Esto promueve el uso desmedido y ha provocado que las tomas clandestinas se hayan vuelto cada vez más comunes.
Por si fuera poco, el presupuesto para la Conagua se redujo un 50% entre 2014 y 2022. Es decir, pasó de 63 mil millones de pesos a 30.3 mil millones, lo que afecta principalmente el área de vigilancia y monitoreo. A pesar de que en 2023 se incrementó a 68 mil 450 millones, sigue siendo insuficiente.
En un análisis, el IMCO advierte sobre los escenarios reales de la escasez de agua para los próximos años en México, lo que podría desatar una crisis sin precedentes en varios sectores sobre todo el agrícola y el abastecimiento público que son los más vulnerables.
Alerta que hay una ausencia de actualización de las disposiciones para otorgar concesiones lo que se traduce en que la demanda de agua no está basada en la oferta real.
Dicha demanda puede variar año con año debido a las sequías y a la disminución de las precipitaciones.
Agrega que en la actualidad la autorización del uso del agua -otorgado a través de una concesión- no está basada en la capacidad máxima de renovación del agua de los acuíferos o de las aguas superficiales.
Esta capacidad máxima -también llamada disponibilidad- puede variar a través de los años debido al cambio climático. Sin embargo, esta variación no se refleja en la asignación de concesiones, de tal forma que existe el riesgo de sobreexplotación.
FALTA DE COORDINACIÓN
El IMCO advierte sobre una falta de coordinación entre los tres niveles de gobiernos para regular el uso del agua, lo que facilita la evasión en el cumplimiento de las reglas.
“En México, la gestión de los recursos hídricos se divide entre la federación, los gobiernos locales y los organismos de cuenca. Al compartir responsabilidades entre múltiples actores, es más fácil evadir el cumplimiento de las reglas”, explica
La Falta de coordinación entre los actores del gobierno a distintos niveles, dificulta el desarrollo y aplicación de políticas públicas eficientes para manejar los recursos de manera sostenible.
Esta es una de las principales razones que explican el pobre desempeño y mala gestión de las políticas públicas del agua en México, agrega.
“La coordinación es difícil de lograr debido a que cada estado opera de manera independiente, en particular en los ordenamientos del suelo. Legalmente, un estado puede cambiar su uso de suelo y afectar el régimen hídrico de toda la cuenca sin que otras entidades -potencialmente afectadas- puedan hacer algo al respecto”, indica
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